En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro recurrió a las redes sociales para denunciar una amenaza potencial y grave por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Carlos Dada dijo que una fuente informó a El Faro que la Fiscalía General de la República está preparando al menos siete órdenes de arresto contra sus periodistas tras la publicación de entrevistas que revelan presuntos pactos entre el gobierno y pandillas criminales.
La crisis actual fue provocada por la publicación, el 1 de mayo, de una entrevista en tres partes con Carlos Cartagena, alias “Charlie”, exlíder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, y con “Liro Man”, un líder de menor rango del mismo grupo criminal. Detallan varios acuerdos entre el gobierno de Bukele y organizaciones criminales. Según las entrevistas, estos pactos datan de cuando Bukele era alcalde de San Salvador en 2015 y continuaron durante su ascenso a la presidencia.
Cartagena, quien según El Faro alcanzó una posición poderosa en el crimen a los 16 años y ahora es buscado por el gobierno, dijo que el grupo recolectó votos para las campañas de Bukele para alcalde de San Salvador y presidente del país.
“Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", dijo Cartagena. "Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político".
Desde hace tiempo existen sospechas y rumores sobre un acuerdo entre Bukele y las pandillas, y el propio El Faro ha publicado varios informes al respecto. Esta vez, presentó una declaración de un líder pandillero buscado que dice haber salido de El Salvador con la cooperación del gobierno.
"Lo que los videos cuentan es que la sociedad entre Bukele y el bukelismo y los pandilleros construyó el poder político de Bukele", dijo Óscar Martínez, editor en jefe de El Faro, en una conversación con Dada transmitida esta semana en YouTube. "Nos están pidiendo que contemos una historia política sin sus socios políticos, y eso es un absurdo también".
Fue en esa misma conversación que Dada dijo que existía el riesgo de arresto.
“Tenemos información confiable de que la Fiscalía está preparando órdenes de captura, procediendo contra nosotros. Suponemos que es la única salida que han encontrado para silenciarnos”, dijo Dada. “El gobierno se siente profundamente inseguro, porque sabe que la evidencia es abundante”.
Según Dada, se enteró del riesgo de arresto por una fuente que tenía pruebas. No especificó cuáles eran esas pruebas. Las órdenes contra El Faro incluirían cargos de apología del delito y asociación ilícita. La relación entre periodista y fuente en El Salvador cuenta con protecciones explícitas e históricas.
El Salvador vive bajo un régimen de excepción permanente desde 2022. El gobierno de Bukele ha estado utilizando métodos brutales para reprimir el crimen organizado, incluyendo arrestos masivos que, según organizaciones de derechos humanos, no respetan el debido proceso. El método ha reducido la violencia a niveles mucho más bajos que antes y ha traído popularidad al presidente, así como acusaciones de autoritarismo y desprecio por los derechos humanos.
Al mismo tiempo, Bukele ha adquirido un poder sin contrapesos, con el dominio de los poderes legislativo y judicial por parte de sus aliados. La prensa representa una de las pocas fuerzas que critican su poder, y ningún otro medio representa un espíritu tan independiente y sin miedo al poder como El Faro.
En 2023, El Faro trasladó sus operaciones administrativas y legales a Costa Rica tras el hostigamiento legal del gobierno de Bukele y el descubrimiento de que el software espía Pegasus fue instalado en los teléfonos de sus periodistas. A menudo, al publicar una historia importante, los periodistas del medio salen del país previamente.
Después de que El Faro publicara los videos con los líderes pandilleros el 1 de mayo, el gobierno salvadoreño comenzó una campaña coordinada contra los periodistas del medio. El director de la Agencia de Inteligencia del Estado, Peter Dumas —quien, según Dada, ha estado atacando sistemáticamente a El Faro por más de un año y medio— escribió el jueves que “no hay que tirar morteros a los que tienen bombas”. Luego acusó a El Faro de complicidad en el crimen y pidió más fondos para espionaje.
"Con 'periodistas' financiados y vinculados a pandillas, narcotráfico, abuso sexual, trata de personas y otros delitos, deberíamos tener el doble del presupuesto", escribió. "No pueden escudarse para siempre detrás en el fuero invisible del 'periodismo'."
Dada respondió a la amenaza de mayor financiación para el espionaje.
"En público el director del organismo de inteligencia del Estado está pidiendo más presupuesto espiar, para seguir espiando a periodistas", dijo Dada. "Nos está ya imputando una serie de delitos. Un funcionario público acusándonos de esas cosas"
La respuesta más directa que Bukele ofreció a las acusaciones de las entrevistas con los líderes pandilleros fue una publicación en X cuestionando el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.
"Está claro que un país en paz, sin muertos, sin extorsión, sin sangre, sin cadáveres todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros", escribió el presidente.
Bukele luego publicó un video con la frase “¿Miedo a qué?”, que se convirtió en un lema de su gobierno.
En un tono más moderado, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, dijo que la libertad de prensa está "respetada" y "garantizada" en el país.
El comisionado también dijo que cualquier persona, incluidos los periodistas, puede ejercer su profesión sin temor a represalias, siempre y cuando respete la ley.
"El principio de legalidad rige en nuestro país para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas", dijo, agregando que si hay acusaciones contra alguien, es responsabilidad de las instituciones competentes garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Además de estas declaraciones, muchos trolls en redes sociales atacaron a El Faro. Varias publicaciones argumentaron que si el presidente hizo un trato con las pandillas y luego rompió el pacto y arrestó a sus miembros, su mérito era aún mayor. Otros dijeron que dar voz a un criminal confeso y buscado, incluso si es para presentar pruebas de una denuncia contra el gobierno, constituye un delito.
"Si te reúnes con terroristas pandilleros y repites todas las mentiras que te cuentan, te conviertes en uno más de ellos", escribió el abogado Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa entre 2016 y 2018.
Los periodistas de El Faro defienden con vehemencia que su trabajo no constituye un delito, sino simplemente el ejercicio de la libertad de prensa. Señalan que entrevistar a fuentes, incluidos criminales, es una práctica común en el periodismo de investigación.
Dada dijo que fue a través de este método que El Faro reveló crímenes de guerra, la infiltración del cartel de los Zetas en Guatemala, rutas de narcotráfico que pasan por El Salvador, escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional Civil y la infiltración del crimen organizado en todos los partidos políticos.
"En nuestros 27 años de camino ejerciendo periodismo en El Faro, nosotros hemos encontrado a narcotraficantes, a asesinos, a ladrones, a pandilleros, a corruptos, que nos han ayudado a comprender cómo funcionan las organizaciones criminales”, dijo Dada. "La función principal del periodismo es informar, y el acto de informar es sobre todo por el interés de la ciudadanía. A veces informar requiere hablar con gente que está en una condición prófuga”.
"Lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer", dijo Martínez.“Es nuestro trabajo hacer periodismo, darles a ustedes información para que ustedes sepan y hagan con esa información lo que ustedes deseen”.
Varias organizaciones, como la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES por sus siglas en español), así como Pedro Vaca, La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresaron su apoyo a El Faro, condenando las posibles órdenes de arresto.
"Mi atención y alerta sobre la denuncia de El Faro, que habría recibido información sobre órdenes de detención y allanamiento", escribió Vaca en X. "Valoro y reconozco la trayectoria y relevancia periodística de El Faro. La gravedad del reporte urge una respuesta oficial sobre las garantías al periodismo".
El Faro ha documentado vínculos entre Bukele y organizaciones criminales durante años, comenzando con una investigación publicada en 2018 sobre un presunto pacto con pandillas relacionado con el mercado Cuscatlán cuando Bukele era alcalde de San Salvador.
Como prueba de que las acusaciones son ciertas, los periodistas también citaron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. contra funcionarios del gobierno de Bukele, como Carlos Marroquín (jefe de la unidad de reconstrucción del tejido social) y Osiris Luna (viceministro de seguridad y director de centros penales), por facilitar pactos con pandillas.
"No somos ni de lejos tampoco los únicos que hemos documentado el pacto entre Nayib Bukele y su gobierno con las pandillas", dijo Dada.
Para los periodistas de El Faro, las amenazas actuales representan un momento crítico no solo para el periódico, sino para toda la libertad de prensa en El Salvador y para la democracia en el país.
"Todas estas órdenes de captura que tenemos información hoy que se están preparando, si bien son absurdas, si son kafkianas, no son sorpresivas”, dijo Dada. “Este es el problema cuando se permite la concentración tan excesiva del poder".
