Por Diego Cruz
El Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal mexicano reportó haber beneficiado a 210 individuos y tres organizaciones no gubernamentales desde su creación en noviembre del 2012.
De acuerdo a funcionarios del gobierno, la mayoría de las amenazas reportadas fueron por parte de funcionarios estatales y municipales (60%) en lugar de por delincuentes o el crimen organizado (40%). Aunque a algunos de los beneficiados fueron reubicados a otros hogares, inclusive al extranjero, la mayoría recibió otras medidas de protección, incluyendo escoltas, telefonía satelital, vigilancia de domicilios, y medidas de prevención, reportó Milenio.
Sólo 23 periodistas fueron considerados estar en alto riesgo y dados medidas extraordinarias, y siete de estos fueron desplazados al Distrito Federal y Estados Unidos. Los siete provenían de estados como Veracruz, Tamaulipas, Durango y Guerrero.
Sin embargo, un número desconocido de comunicadores han expresado desconfianza por el mecanismo de protección y han acudido a otras organizaciones para apoyar su desplazo a Europa y Estados Unidos. Entre estos estuvo la periodista Verónica Basurto Gamero, quien en marzo del 2013 renunció a su trabajo y salió del país después de dos meses de amenazas a ella y su familia que le hicieron dudar la credibilidad del mecanismo. Basurto explicó a Reporteros Sin Fronteras que en el mecanismo había visto “reacción tardía de las autoridades, lentitud burocrática, dispositivo demasiado laxo”.
El organismo fue creado después de años de presión por parte de organizaciones nacionales e internacionales que demandaban protección para periodistas en situaciones de alto riesgo.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
