“En 2024, el periodismo en América Latina enfrentó uno de sus escenarios más hostiles en décadas”. Así concluyó el nuevo informe anual de la organización Voces del Sur, que reúne a 17 organizaciones de América Latina que promueven la libertad de expresión y protección de periodistas.
El Informe Sombra 2024, que hace monitoreo a los 17 países de esas organizaciones, detalla cómo la prensa de la región vive una “combinación letal” entre la represión estatal, violencia criminal y falta de garantías institucionales.
Para 2024, el informe registró 3.766 alertas por violaciones a la prensa, de ellas 1.562 corresponden a agresiones y ataques. Y aunque estos números mostraron una pequeña disminución comparado con 2023 – con 3.827 alertas y 1.680 agresiones y ataques – el análisis no es que se trata de una mejoría sino “de cambios de mecanismos o consolidación de algunos para intentar limitar la libertad de prensa”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) César Mendoza, consultor de Voces del Sur.
Uno de los principales hallazgos del informe es justamente que el Estado sigue siendo el principal agresor de la prensa. En casi la mitad de las alertas (49,3%) los responsables fueron actores estatales.
Ante este escenario de una prensa cada vez más atacada y un Estado sigue destacándose como principal agresor de la prensa, ¿cómo concretar soluciones que requiere de la voluntad política para materializarse?
El rol de la sociedad civil es vital para lograr acciones concretas por parte de los gobiernos, dijo Mendoza. Según dijo, más allá de lograr presionar de manera eficaz a los gobiernos para conseguir resultados, el objetivo final debería ser conseguir un cambio “más profundo” en el diseño de Estados de América Latina.
“Es importante preguntarnos cómo ciudadanía y sociedad civil: ¿tienen nuestros gobiernos la voluntad de ayudar a construir democracias basadas en el respeto a los derechos humanos?”, dijo Mendoza.
No sólo preocupa que los Estados se mantengan como el principal agresor de la prensa, sino su ausencia en escenarios mostrando la incapacidad institucional, dijo Mendoza.
“Esto ha provocado que los grupos del crimen organizado, como otros grupos de interés, tengan más capacidad para agredir a la prensa sin que existan consecuencias reales”, dijo.
Un ejemplo es Brasil, en donde el discurso estigmatizante del Estado terminó, pero las agresiones por parte de grupos civiles – usualmente alineados con la extrema derecha – han aumentado, explicó Mendoza.
Uno de los ejemplos en este tema es Brasil, en donde a pesar de que el Estado terminó con el discurso estigmatizante, no ha podido terminar agresiones de parte de grupos que no pertenecen al gobierno, explicó Mendoza.
Según el informe, Brasil vio una disminución del 34,6% en las violaciones a la libertad de prensa comparado con 2023. El cambio del gobierno de Jair Bolsonaro al de Luiz Inácio Lula da Silva produjo “un cambio significativo” respecto a los responsables de ataques a la prensa. La participación de los actores estatales en estos ataques se redujo en un 30,2% para 2024 comparado con 2023.
“Esta disminución fue especialmente notoria en los discursos estigmatizantes, donde los ejecutados por funcionarios del estado bajaron 54 puntos porcentuales en un año, pasando del 72,1% en 2023 al 18,1% en 2024”, establece el informe sobre Brasil.
Sin embargo, esto no significó una mejoría para la situación de la prensa del país. Según el informe, otras formas de violencia se “intensificaron” y hubo un desplazamiento del escenario de ataques hacia el entorno digital: para 2024 de las 94 agresiones registradas, 31,9% correspondieron a amenazas digitales y ciberataques. Los agresores no estatales correspondieron al 41,7% del total de las alertas documentadas. Al menos 20 de las alertas fueron protagonizadas por seguidores del expresidente Bolsonaro o de candidatos de su partido.
La disminución en el total de agresiones es explicada en el informe por la presencia de otros fenómenos como la “reacomodación de las agresiones” así como la consolidación de autocensura, desiertos informativos y exilio forzado de periodistas.
El exilio es uno de los fenómenos que se han ido extendiendo por la región. Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido los países que más han expulsado a más periodistas como consecuencia de agresiones, acoso, amenazas de muerte y encarcelamiento, dijo Mendoza.
El reciente informe “Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”, reportó que 913 periodistas de 15 países de América Latina fueron forzados a desplazarse durante los años estudiados. El informe encontró que los profesionales salieron para proteger su vida, seguridad y la de sus familias usualmente abandonan la profesión.
Uno de los países que ha visto crecer el exilio en los últimos años es Ecuador. Entre 2023 y 2024, la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) registró el exilio de 14 periodistas debido a la violencia del crimen organizado, dijo a LJR César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios (organización que hace parte de Voces del Sur).
Precisamente el rol del crimen organizado es uno de los hallazgos para el caso de Ecuador. De las 194 alertas reportadas, seis de cada 10 registros corresponden a agresiones y ataques (60,3%, es decir, 117 de las alertas). De estas, casi el 20% fueron ocasionadas por el crimen organizado.
De hecho, la “inauguración” del mandato de Daniel Noboa, como explica Ricaurte, fue la toma de las instalaciones del canal TC Televisión por parte de un grupo armado que tomó a sus trabajadores como rehenes mientras los amenazaba y apuntaba con pistolas en la transmisión en vivo. El hecho dejó secuelas psicológicas en los periodistas, especialmente en José Luis Calderón quien se exilió.
Para Ricaurte, la penetración del crimen organizado es una de las preocupaciones más grandes porque hace que no se sepa muy bien de dónde vienen las agresiones a los periodistas. Según dijo, este penetra al Estado “captura jueces, fiscales, fuerzas de seguridad”, entre otros, y a actores fuera de este como empresarios e incluso periodistas.
La ausencia del Estado, dijo Ricaurte, es evidente en estas situaciones. La MAPP, compuesta por organizaciones de la sociedad civil y medios, ha logrado sacar del país a esos 14 periodistas sin la intervención ni la ayuda del Estado.
La protección de periodistas ante el escenario de aumento de violencia tampoco ha sido una preocupación para el Estado, dijo Ricaurte. Después de que en 2022 se institucionalizó el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico con la reforma a la Ley de Comunicación, su trabajo ha sido deficiente.
“Va muy mal”, dijo Ricaurte. “El Estado en todos estos años no ha dado un centavo para el financiamiento del mecanismo. Y lo que vemos también es que hay unos serios defectos de diseño del mecanismo”. Por ejemplo, dijo, la falta de independencia del Ejecutivo.
El rol de los gobiernos en la garantía de libertad de expresión es claro incluso en las democracias más estables de la región como Chile, Costa Rica y Uruguay, dijo Mendoza. Costa Rica, “muestra cómo a pesar de los avances democráticos que tienen como país, la figura de los gobernantes es fundamental para consolidar la libertad de expresión y prensa o un arma que juega en contra de ellas”, dijo.
Para 2024, se institucionalizó el rol del Estado como agresor para la prensa de Costa Rica. La participación de actores estatales aumentó de “manera sostenida”: del 54,5% en 2022 al 75% en 2023, hasta alcanzar el 82,4% en 2024, según el informe. Es decir, en dos años se triplicaron las alertas.
“Nuestra esperanza es que los ataques a la prensa en Costa Rica terminen al finalizar el actual gobierno populista que no ha tolerado la crítica, ni investigaciones de la prensa independiente y seria”, dijo a LJR Raúl Silesky, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX).
En este país, las restricciones al acceso a la información correspondieron al 35% de las alertas, lo que la consolidó como una de las principales formas de hostigamiento al trabajo periodístico, según el informe. Apenas en noviembre de 2024, el país aprobó la ley de acceso a la información. Silesky dijo que la Sala Constitucional ha reiterado al Estado la entregar información.
Este escenario, dijo Silesky, necesita a la comunidad internacional apoyando a organizaciones nacionales y a la prensa independiente, así como al periodismo de investigación.
Un llamado similar hace Ricaurte. Para él, el corte de financiación internacional ha tenido un impacto muy grave en el periodismo y su protección. Un ejemplo se ve con el tema del exilio: la reubicación temporal y la salida de un país es imposible sin estos recursos.
Mendoza dijo que en la busca de soluciones también pasa por una autocrítica de la sociedad civil relacionada con su conexión con las personas: qué tanto se escuchan sus necesidades mientras se comunican la importancia de los derechos humanos.
“Es importante preguntarnos si nuestras sociedades están entendiendo el rol del periodismo y las organizaciones para poder tomar decisiones informadas”, dijo Mendoza. “Si la sociedad no conoce sus derechos ni la labor de los medios y las organizaciones, creo que hay un puente que está roto y debemos construir”.
