Electores en seis países de América Latina elegirán nuevo presidente este año, mientras que al menos dos países en la región tienen programados comicios locales.
En el contexto actual de desinformación, polarización y autoritarismo en América Latina, este año representa múltiples retos para la defensa de la democracia, de acuerdo con periodistas y defensores de la libertad de prensa de Argentina, Brasil y México que participaron en el Festival Internacional de Periodismo 2024, celebrado en Perugia, Italia, del 17 al 21 de abril.
El monitoreo de la desinformación desde las organizaciones de noticias, los riesgos del uso de inteligencia artificial y redes sociales en campañas políticas y el papel actual del fact-checking en la región fueron temas que oradores de dichos países abordaron en diferentes paneles del festival, el cual contó con al menos 1o ponentes latinoamericanos.
Patrícia Campos Mello, periodista y columnista del diario brasileño Folha de S.Paulo, dijo que es muy probable que en algunos de los países con elecciones este año se susciten casos de desconocimiento de resultados electorales impulsados por campañas de desinformación.
Campos Mello puso como ejemplo lo que ocurrió en Brasil el 8 de enero de 2023, cuando un grupo de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltó edificios federales en la capital, Brasilia, en protesta por el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. La periodista recordó que dicho ataque fue facilitado por las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.
“Nos dimos cuenta que esto va a ser una campaña permanente en varios países, [grupos que van a] decir que las elecciones son fraudulentas, como intentos de golpe de Estado que siempre van a ser utilizados”, dijo Campos Mello en el panel “Desactivar la desinformación: cómo editores internacionales líderes responden a la contaminación informativa en un año crucial para la democracia”.
“Eso significa que tenemos que estar permanentemente monitoreando y cubriendo operaciones de desinformación”.
La periodista compartió los tres frentes que usan en Folha de S.Paulo para intentar contrarrestar la desinformación generada por dichas campañas. El primero es monitorearlas y tratar de identificar quiénes las financian. El segundo es seguir de cerca el cabildeo de las empresas tecnológicas para evitar legislación en torno a las plataformas digitales. Y en tercer lugar, monitorear las reglas de las redes sociales referentes a la difusión de contenido.
Campos Mello subrayó la preocupación de que, a seis meses de las elecciones locales que se llevarán a cabo en más de 500 ciudades de Brasil, en octubre próximo, todavía no existe en ese país legislación alrededor del uso de redes sociales y plataformas de mensajería.
“Las empresas de tecnología están cabildeando agresivamente contra cualquier tipo de regulación de la tecnología. En Brasil han tenido mucho éxito, han logrado bloquear legislación en el Congreso por varios años”, dijo la periodista. “En su lugar lo que tenemos es sólo jueces o magistrados del Supremo Tribunal aquí y allá, decidiendo censurar esto o aquello”.
Como ejemplo de las consecuencias que ha tenido esa falta de legislación, Campos Mello mencionó el caso del enfrentamiento público de inicios de abril entre Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), y el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, quien en los últimos años ha ordenado la suspensión de perfiles de X acusados de difundir desinformación electoral.
“Tenemos jueces regulando, lo cual no es ideal, no es democrático. Lo ideal es que la legislación sea debatida en el Congreso por personas elegidas por los votantes”, dijo. “Lo que estamos viendo es que si no tienes regulación, no hay vacío, algo va a ocupar ese lugar”.
Folha de S.Paulo tiene una alianza con la empresa brasileña de investigación y consultoría Quaest, la cual desarrolló una plataforma que monitorea grupos de WhatsApp y Telegram, de la cual habló Campos Mello en el panel como una de las estrategias del diario para combatir la desinformación electoral. Esta herramienta permite rastrear los temas que se están discutiendo en ciertos grupos. Incluso, dijo, en su momento la herramienta permitió al equipo del periódico identificar estrategias de financiamiento del movimiento que intentó desconocer los resultados de las elecciones en 2023.
“Pese a que todos estábamos haciendo esto [el monitoreo], nos tomaron por sorpresa con los ataques en Brasilia en 2023. Esto significa que no lo estamos haciendo suficientemente. Tenemos que hacerlo más e investigar más allá”, dijo Campos Mello. “Cuando no hay regulación crece nuestro deber de tratar de entender estos movimientos”.
No obstante, la regulación de las plataformas tecnológicas puede convertirse en un arma de doble filo, sobre todo en países con debilidad institucional, según dijo Luis Fernando García, abogado y director ejecutivo de R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), de México. Participó en el panel “Redes sociales, inteligencia artificial y elecciones: perspectivas del Sur Global sobre el ‘Año de la Democracia’”, el cual fue moderado por Campos Mello.
García dijo que los periodistas deben considerar otros factores involucrados en el fenómeno de la desinformación y amenazas a la democracia de cada país, como el autoritarismo, la militarización y la presencia del crimen organizado.
“La desinformación en sí es un fenómeno complejo, no es reciente, no se explica por una sola tecnología, por un actor estatal, por una empresa o conjunto de empresas. No hay soluciones fáciles”, dijo García. “Con el auge de líderes autoritarios en muchos lugares del mundo, [la regulación del discurso en línea] da a los gobiernos la oportunidad de ejercer un mayor control sobre las poblaciones y de desmantelar la democracia”.
Como ejemplo, García mencionó el proyecto “Censura Electoral”, que R3D realizó en colaboración con las organizaciones Artículo 19 y Access Now, el cual investigó la tendencia creciente de las autoridades electorales en México a utilizar medidas cautelares para solicitar a plataformas digitales la remoción de contenidos de usuarios, medios de comunicación y periodistas.
“Ya tenemos evidencia de que se ha abusado de [la facultad de las autoridades electorales] para suprimir discurso que es totalmente legal”, dijo García. “Hay varias propuestas de ley impulsadas por el Ejército, por cierto, para legitimar estas operaciones de influencia, y para legitimar y crear una nueva agencia de ciberseguridad, por ejemplo, que tenga facultades para censurar el discurso en aras de combatir la desinformación, para hacer vigilancia y para normalizar toda esta infraestructura”.
García también habló de la investigación “Ejército de Bots”, publicada por R3D este año, la cual documentó la existencia de un centro militar de operaciones que lleva a cabo actividades de monitoreo de usuarios de redes sociales que hacen publicaciones críticas hacia las Fuerzas Armadas mexicanas o al gobierno federal. La investigación reportó que en este centro también se crean perfiles falsos para obtener más información sobre usuarios y se emplea un software para operar granjas de bots para impulsar narrativas favorables al gobierno y para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Todas estas técnicas de desinformación y manipulación están realmente extendidas y normalizadas en todo el espectro político”, dijo García. “Deberíamos pensar no sólo en cuestionar y pensar en regulación de, por ejemplo, la inteligencia artificial en abstracto, sino también en una regulación y aplicación que cuestione el actual modelo de negocio de vigilancia salvaje sobre el que prospera la desinformación”.
La pérdida de confianza en los medios de comunicación es otro factor que favorece la desinformación, consideró García. El panelista exhortó a los periodistas a preguntarse por qué algunas personas actualmente confían más en mensajes anónimos de WhatsApp que en lo que dicen los medios de noticias o el propio gobierno.
Si bien, dijo, la pérdida de la confianza no sólo es culpa de los medios de comunicación, estos sí juegan un rol fundamental en la reconstrucción de esa confianza. Al respecto, Campos Mello coincidió en que los periodistas no deben limitarse a culpar a los gobiernos o a las plataformas tecnológicas de la desinformación, sino también analizar en qué pueden mejorar para combatirla.
“Los medios de comunicación tienen una responsabilidad en la pérdida de confianza y también una oportunidad para recuperarla y pensar cómo puedo hacer que mi público confíe en mí, y cómo puedo ser más transparente sobre mis finanzas y mis decisiones editoriales”, dijo García.
Florencia Ballarino, periodista de ciencia y editora sénior de Chequeado, el medio argentino especializado en fact-checking, habló en el festival sobre cómo la desinformación también puede distorsionar narrativas alrededor del cambio climático durante campañas electorales.
Durante su participación en el panel “La verdad en la era de la crisis climática: el papel crucial del periodismo en la denuncia de la desinformación climática”, la periodista puso el ejemplo del proceso electoral en Argentina de 2023, durante el cual Chequeado llevó a cabo el proyecto “Desenmascarando la desinformación sobre el cambio climático en la Argentina”, con apoyo del Pulitzer Center. El proyecto tuvo por objetivo identificar las narrativas falsas y engañosas más prevalentes sobre el cambio climático durante la campaña presidencial, y los actores detrás de éstas.
Chequeado realizó un monitoreo diario en redes sociales en búsqueda de posible desinformación medioambiental. Ballarino dijo que, tras analizar los hallazgos, su equipo identificó tres principales narrativas de desinformación que circularon durante la campaña presidencial. La primera era la narrativa de negación del cambio climático y sus consecuencias. La segunda hacía referencia a la negación de que las actividades humanas eran responsables del calentamiento global. Y la tercera era una narrativa de propagación de teorías de conspiración sobre el cambio climático.
“La mayor parte de la desinformación procedía de campañas organizadas, de grupos que se benefician de la negación del cambio climático”, dijo Ballarino. “En nuestro proyecto descubrimos que grupos libertarios y de derecha eran las principales fuentes de desinformación, impulsando esta falsa idea de que tenemos que elegir entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente”.
Ballarino contó que incluso el hoy presidente Javier Milei fue uno de los principales impulsores de esas narrativas. En entrevistas y debates como candidato, Milei negó los efectos del cambio climático y la responsabilidad humana sobre el calentamiento global.
Como parte del proyecto, Chequeado publicó una serie de artículos que desmintieron esas narrativas con datos e información basada en evidencia científica. Sin embargo, Ballarino dijo que desmentir información falsa o engañosa durante campañas electorales no es lo único que los periodistas deben hacer para combatir la desinformación.
“Sabemos que no basta con desmentir la desinformación. Nuestro objetivo es que el público esté más preparado para reconocer las narrativas falsas y la información falsa”, dijo. “Es crucial identificar las tendencias de la desinformación y el actor que la difunde, ya que puede ayudar a evitar que la desinformación se haga viral. Además, también es importante identificar los vacíos informativos, cuestiones sobre las que no es fácil encontrar datos, y llenarlas con información precisa”.
Además de promover la alfabetización mediática entre la población, la periodista dijo que es importante que los periodistas verifiquen a sus fuentes y que trabajen con evidencia científica y con el apoyo de científicos.
En una sociedad altamente polarizada como la de Brasil actualmente, la gente quiere saber quién está detrás de lo que se publica en medios de comunicación, las intenciones de los periodistas que firman artículos y cuál es la agenda de las organizaciones de noticias, de acuerdo con Tai Nalon, cofundadora y directora ejecutiva de la organización de fact-checking brasileña Aos Fatos.
Nalon, quien formó parte del panel “Transparencia: ¿Realmente funciona para combatir la desinformación?”, dijo que los periodistas deben ser conscientes de que esas preguntas existen y encontrar alguna forma de responderlas para mantener la credibilidad de la audiencia frente a la desinformación.
“Ese es el principal valor de tener una metodología pública transparente, y una forma transparente de mostrar a la gente por qué las cosas son falsas o no tanto”, dijo Nalon. “Y otra cosa a la que creo que puede llevar la transparencia es a que la gente sepa quién eres”.
En un país como Brasil, donde actualmente hay más de 600 procesos judiciales contra periodistas en curso, según la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), la transparencia puede ser también una poderosa arma de defensa para el periodismo.
Nalon dijo que Aos Fatos ha enfrentado varias demandas judiciales en años recientes a raíz de su trabajo de verificación. Pero las políticas de transparencia del medio, que incluyen documentar cada fuente de información y explicar a los lectores la razón de recurrir a esas fuentes, han impedido que dichas demandas los afecten, dijo la periodista.
“Hemos podido demostrar lo que decimos. Sé que es algo básico, pero a veces no lo es, porque muchas veces la gente no sabe cómo funciona el periodismo”, dijo Nalon. “Es algo que consideramos obvio, pero cuando proporcionas a un juez toda la documentación que se utilizó y los procesos que decidiste seguir para publicar algo, puede ser realmente valioso”.
No obstante, la política de transparencia “total” de Aos Fatos también ha sido usada en contra. Nalón contó que su medio solía publicar un reporte detallado de ingresos y egresos anuales, hasta que los sujetos detrás de algunas demandas contra el medio comenzaron a exigir parte de esos ingresos como forma de reparación.
“Seguimos divulgando cómo conseguimos el dinero, pero básicamente ya no publicamos cifras”, dijo Nalon. “Hemos pasado, durante los últimos seis años, por una época muy difícil en Brasil, en la que cualquier información que proporcionamos podía ser utilizada en nuestra contra”.
Nalon dijo que la transparencia también ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de FátimaGPT, el chatbot de Aos Fatos que en su más reciente versión incorporó inteligencia artificial generativa. La herramienta funciona con una extensa base de datos que incluye todos los reportes y verificaciones que ha ejecutado el medio en sus nueve años de existencia.
“No podríamos permitirnos hacer eso si no tuviéramos una metodología pública, una declaración pública de nuestras fuentes, una política de errores que controla la calidad de las respuestas [del chatbot]”, dijo.
En otro de los paneles en los que participó, “Fact-checking: ¿vivo o muerto?”, Nalon habló del importante rol que ha jugado la verificación de datos en su país en años recientes, sobre todo durante la presidencia de Bolsonaro. La periodista recordó que en la pasada administración, medios tradicionales brasileños, como cadenas de televisión y periódicos, comenzaron a señalar las mentiras del expresidente al igual que lo hacían los verificadores.
El trabajo de Aos Fatos para desmentir a Bolsonaro es ejemplo del impacto que la verificación de datos está teniendo en el periodismo, no solo de Brasil, sino de todo el mundo, dijo Nalon. El medio verificó cada declaración hecha por el expresidente durante los cuatro años que estuvo en el poder y encontró más de 6.000 afirmaciones falsas o engañosas.
El proyecto fue mencionado en una investigación a Bolsonaro llevada a cabo en el Congreso de Brasil como evidencia de que las mentiras eran una práctica recurrente de gobierno y que la administración de Bolsonaro se benefició de un esquema de desinformación.
“No veo un impacto más evidente que éste. De hecho, para esto se creó el fact-checking”, dijo Nalon. “Si hay un grupo específico de periodistas que están marcando la diferencia en algunas democracias del mundo, son los fact-checkers”.