En medio del declive global de la libertad de expresión, Nicaragua es uno de los países que ha visto un sostenido y gran deterioro de la libertad de expresión, mientras que Cuba “lidera la carrera regional hacia el nivel más bajo” en las Américas.
Estos son algunos de los hallazgos de la organización Artículo 19 en su Informe de Expresión Global 2018/19.
El informe publicado el 2 de diciembre analiza el estado de la libertad de expresión en 161 países entre 2018 y 2019 y compara los indicadores por los medidos cada año por el estudio, desde 2008. A nivel mundial, la libertad de expresión se encuentra en su punto más bajo en la última década, según el informe.
Cuatro de los cinco países con la mayor disminución de la libertad de expresión entre 2017 y 2018 se encuentran en América Latina y el Caribe: Nicaragua (primero), Colombia (segundo), Haití (tercero) y El Salvador (quinto) -- Indonesia está en cuarto lugar.
Entre 2015 y 2018, los países latinoamericanos que más perdieron en términos de libertad de expresión fueron Nicaragua (segundo) y Brasil (tercero). Nicaragua aparece nuevamente en el primer lugar entre los países con mayor descenso en el comparativo entre 2013 y 2018 y en quinto lugar entre 2008 y 2018.
El informe evalúa que Nicaragua "vio una crisis devastadora en 2018, cuando colapsó el ambiente para cualquier tipo de disidencia” con la represión de las fuerzas de seguridad del gobierno de Daniel Ortega, así como de paramilitares y grupos progubernamentales, durante las protestas opositoras que comenzaron en abril de ese año.
También menciona el incendio de una radio en la ciudad de León y el asesinato de Ángel Gahona, un periodista que murió tras recibir disparos mientras transmitía en vivo una protesta en la ciudad de Bluefields. También señala que los arrestos arbitrarios fueron “una estrategia clave para aplastar las protestas”-- dos personas que fueron arrestadas en este contexto fueron los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes estuvieron detenidos durante casi seis meses y fueron liberados en junio de este año.
De acuerdo con Artículo 19, además del uso de la violencia por parte del gobierno contra la población, que “fue mucho más allá de mantener el orden público”, se sumó la actuación del organismo regulador Telcor que "atacó y presionó especialmente a los medios independientes”.
“También hubo ataques a los medios digitales; el semanario Confidencial sufrió períodos de bloqueo y denegación de servicio en distintos momentos de los días de protesta, como cuando publicaron una lista de los fallecidos; y el sitio web de La Prensa también experimentó ataques cibernéticos”, citó el informe.
No hay más violencia callejera en este momento, indica el informe, pero “los periodistas y medios que criticaron al gobierno durante la violencia ahora viven y trabajan bajo constantes estigmas, amenazas, hostigamientos y obstrucciones”. Muchos abandonaron el país, y hasta junio de 2019, al menos 50 periodistas nicaragüenses estaban viviendo en el exilio, señaló Artículo 19.
En el ranking global general presentado por el informe, Cuba se encuentra a solo 10 posiciones del último lugar, el cual lo ocupa Corea del Norte. En el ranking que solo considera los indicadores sobre medios de comunicación, es decir, “el entorno para los medios y publicaciones”, Cuba está más cerca de la última posición, en el puesto 158, superado solo por Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte.
Según el estudio, en Cuba, “la atmósfera de represión empeoró en 2018, impulsada por las elecciones generales. Las fuerzas del orden continuaron hostigando a organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos”.
El informe dice que “se utilizó una gran variedad de medidas represivas, desde redadas domiciliarias e intimidación de miembros de la familia hasta detenciones arbitrarias y preventivas” para sofocar la libertad de expresión en la isla. También concluye que “la censura digital en Cuba continuó sin cesar”, al limitar la conexión a internet y bloquear sitios considerados "inadecuados” por las autoridades.
Además de Cuba y Nicaragua, México y Colombia también recibieron especial atención en el informe sobre América Latina.
Con respecto a México, Artículo 19 señala que el periodismo en México está "atrapado entre la violencia del crimen organizado y la violencia del gobierno”.
“Hubo 544 agresiones contra periodistas vinculadas a su trabajo durante 2018, incluidos nueve asesinatos”, indicó el informe, y agregó que los funcionarios del gobierno cometieron 230 de estas agresiones, o el 42% del total.
Aunque impactantes, las estadísticas “no consiguen transmitir el terror que enfrenta la prensa en México”, escribió Artículo 19. A esto debe agregarse “la impunidad total con la que se cometen estos crímenes (más del 99% de los casos nunca ve justicia) además del hecho de que los agentes del Estado son estadísticamente la mayor amenaza para la prensa; las autoridades participan y son cómplices de los crímenes cometidos”.
La organización evalúa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018, “ya demostró estar lleno de contradicciones con respecto a la importancia del trabajo periodístico y la violencia contra la prensa”. Poco después de asumir el mando, el Presidente “comenzó a estigmatizar a la prensa como disidente” y también atacó a varias agencias gubernamentales que garantizan el derecho a la información, según el informe.
Asimismo, el cambio de gobierno no significó un cambio con respecto a los asesinatos de periodistas, ya que en los primeros nueve meses de la presidencia de AMLO, 11 periodistas fueron asesinados en México, dijo Artículo 19.
Colombia, por su parte, tuvo una disminución en la libertad de expresión luego de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según el informe.
Esto se debe al “ecosistema de los grupos armados en Colombia y al fracaso del gobierno del presidente Iván Duque Márquez para implementar el acuerdo de paz”, sumado a “la casi ausencia del Estado en ciertas áreas rurales y la continua falta de voluntad política para apoyar un ambiente diverso y crítico para los comunicadores y defensores de derechos humanos”, dijo la organización.
La violencia contra los comunicadores en Colombia aumentó un 53% entre 2017 y 2018, según el informe. Las violaciones van desde la estigmatización de periodistas a través de plataformas oficiales hasta ataques físicos, y los funcionarios estatales fueron los responsables de 105 de los 477 casos registrados en 2018.
El informe cita a varias autoridades que presuntamente acosaron a periodistas, incluyendo al expresidente y actual senador Álvaro Uribe, líder del partido gobernante, y los episodios recurrentes durante los cuales estigmatizó y amenazó a los periodistas con tomar represalias a causa de su trabajo.
Otro hecho grave que tuvo un impacto negativo en la libertad de expresión en Colombia fue el asesinato en marzo de 2018 de un equipo de noticias del periódico ecuatoriano El Comercio, recordó Artículo 19. Fueron asesinados por disidentes de las Farc en la frontera entre los dos países, y el informe señala que grupos locales han criticado la forma en que los dos gobiernos manejaron la situación. Sin embargo, el informe clasifica como “histórica” la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de determinar una alianza entre la agencia y los estados de Colombia y Ecuador para investigar el caso.
