“Ella hacía un periodismo de contrapesos. Ella misma se convirtió en un contrapeso”, dijo un colega y amigo cercano de la recordada corresponsal en Veracruz de la revista mexicana Proceso, Regina Martínez Pérez.
Portada del informe “El asesinato de Regina Martínez Pérez: una oportunidad para la justicia”.
Nueve años después de su asesinato, los periodistas que no han abandonado su caso siguen pidiendo justicia para Martínez. Recientemente, la investigación de una coalición de organizaciones internacionales de derechos humanos reveló varias pistas sobre el crimen y enumeró pautas urgentes para que la justicia mexicana reabra el caso.
Esta coalición, A Safer World for the Truth, la integran el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Free Press Unlimited (FPU). El objetivo de este nuevo proyecto colaborativo busca justicia para casos de crímenes contra periodistas. Su primer caso de investigación fue el de Martínez, quien fue asesinada brutalmente en su casa, en Xalapa, Veracruz, el 28 de abril de 2012.
“Veracruz ha sido un lugar tan violento para periodistas, y creo que el asesinato de Regina Martínez representa o se trata de un problema mucho mayor”, dijo Jos Midas Bartman, autor del reporte y coordinador de investigaciones de FPU, a LatAm Journalism Review (LJR).
Durante casi un año, un equipo de la coalición entrevistó a diferentes testigos y revisó de forma exhaustiva los expedientes de la investigación fiscal sobre el crimen de Martínez. El resultado fue el reporte “The murder of Regina Martínez Pérez: An opportunity for justice” (El asesinato de Regina Martínez Pérez: una oportunidad para la justicia), que finalmente presentaron el 17 de marzo de 2021.
“Nos ayudaron algunos reporteros mexicanos, reporteros locales, que asistieron a Ioan Grillo durante su visita y que formaron parte de la investigación. Ellos jugaron un papel crucial para conseguir acceso a ciertos contactos y también a algunas informaciones, y para lograr entender lo que sucedió”, contó Bartman.
Grillo, quien fue uno de los principales investigadores de campo del reporte, cubre cárteles de drogas y crimen organizado en México desde hace varios años. Si bien la pandemia hizo que gran parte del proyecto se desarrolle de forma remota, Grillo fue uno de los reporteros en campo, junto con los periodistas locales.
Los periodistas e investigadores del informe siguieron en México un estricto protocolo de seguridad, dijo Bartman. Se planificó con mucho detalle cada contacto y pesquisa que realizaron en Veracruz, para que todos pudieran estar protegidos, agregó.
De acuerdo con el documento, existen varios vacíos y varias pistas que no fueron consideradas en la investigación oficial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Por ejemplo, tras entrevistar a varios colegas de Martínez y al hombre condenado por su homicidio, el reporte cuestionó la legitimidad de la versión oficial de la fiscalía, que Regina fue estrangulada por uno de sus amigos sexuales, alias ‘El Jarocho’, con quien se habría tomado varias cervezas en su casa.
“La historia oficial del asesinato no encaja para nada con el perfil de Regina”, concluye el reporte.
“El trabajo de ella era indispensable”, dijo uno de sus colegas, que prefirió no revelar su nombre, a LJR. “Era súper acuciosa, de sus notas salían como cinco o seis notas distintas, era como partir un pastel de información… Y era muy, muy, muy cuidadosa y reservada, tenía muchos códigos de seguridad personal. Por ejemplo, yo nunca entré a su casa, jamás”.
El único condenado a 38 años de cárcel por homicidio calificado y robo calificado en el caso de Martínez fue José Antonio Hernández Silva, quien supuestamente habría sido cómplice de ‘El Jarocho’ en la escena del crimen. Según el reporte, Silva contó en entrevista con Grillo que a él lo detuvieron un mes antes de presentarlo públicamente como el asesino confeso de la periodista. Durante ese tiempo, Silva habría sido torturado para firmar una confesión hecha, señaló.
Antes de la entrevista con Grillo, Silva no había concedido entrevistas a ningún periodista, aseguró Bartman.
Las autoridades tampoco consideraron ni exploraron que el motivo del crimen, indicó el reporte, haya sido la profesión de Martínez como periodista. En una de sus últimas publicaciones para la revista Proceso, “Dos regresos peligrosos”, la periodista reveló que dos candidatos al Congreso tenían supuestos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones del reporte, la investigación del crimen de Martínez tiene muchas fallas a nivel estatal, y “existen indicios muy sólidos de obstrucción de la justicia por parte de los investigadores” de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
En sus recomendaciones finales, el reporte sugiere a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) hacer valer su jurisdicción y reabrir la investigación del crimen. Y en ese esfuerzo, recomienda, debe incluirse como línea de investigación del crimen, la profesión de Martínez. La Fiscalía también debe observar, de acuerdo con el reporte, todos los errores que existen en la investigación de la fiscalía de Veracruz y debe garantizar la protección de los testigos.
La investigación también hace recomendaciones a la Fiscalía General de la República de México. En estas pide investigar la desaparición del otro sospechoso oficial, ‘El Jarocho’, quien actualmente sigue desaparecido.
Para todo ello, el reporte pide al gobierno mexicano proveer de todos los recursos necesarios a la Feadle.
LJR intentó contactar a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la del gobierno federal, pero no recibió respuesta antes de la publicación de esta nota.
Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, dijo a LJR que es de “suma importancia” que casos como el de Martínez sean investigados y hechos visibles. “Nosotros consideramos que la impunidad en crímenes contra la prensa en México –por arriba de 90%– es el principal factor que sigue incentivando a las personas que los cometen ... Queremos que el público no olvide casos como el de Regina, porque solo a través de la opinión pública tenemos la mejor herramienta para presionar a las autoridades”.
“México ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más peligrosos para ejercer la profesión de periodista”, dijo Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, en un comunicado de la organización. “La reapertura del caso de Regina Martínez es un paso importante en esa dirección”.
“Regina Martínez era una periodista valiente que murió por decir la verdad. Su asesinato debe resolverse y hacerse justicia”, sostuvo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.
En diciembre de 2020, la red internacional de periodismo colaborativo Forbidden Stories, publicó en un esfuerzo colectivo con otros 25 medios de todo el mundo, una serie investigativa sobre asesinatos a periodistas, “El proyecto Cartel”, que empezó con el caso de Martínez.
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) de México y la revista Proceso fueron las organizaciones que más participaron en este primer caso de la serie, por obvias razones.
Por su parte, OCCRP ha continuado su proyecto de investigación del asesinato de Martínez, pero aún sigue en desarrollo.
México sigue siendo uno de los países más mortíferos para el periodismo en América Latina y el mundo. De acuerdo con el CPJ, solo en Veracruz han muerto 21 periodistas entre 2011 y 2020.
