Tuvieron que pasar 40 años para que la familia del periodista peruano Jaime Boris Ayala Sulca sintiera que es posible obtener algo justicia en el caso de su desaparición forzada. Después de más de dos años de juicio, es probable que antes de finalizar septiembre se conozca la sentencia en contra de los dos militares acusados del crimen.
Sin embargo, una nueva ley aprobada por el Congreso este mes podría anular los casos de Ayala Sulca y muchos otros de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 por oficiales militares y grupos terroristas.
Varios medios cubrieron la desaparición del periodista Jaime Ayala. Desde el primer día, su esposa Rosa Luz Pallqui luchó por la verdad y justicia. En la imagen, un artículo que apareció en el periódico La República. (Ministerio de Cultura - Centro de Documentación e Investigación)
“He luchado 40 años por acceso a justicia desde el momento que mi esposo fue detenido por los infantes de la marina”, le dijo a LatAm Journalism Review (LJR), Rosa Luz Pallqui. “Lamentablemente la justicia demoró mucho en juzgar a los responsables”.
Ayala Sulca desapareció en los años en que Perú vivía una de las etapas más violentas de su conflicto armado con acciones del grupo guerrillero Sendero Luminoso y las medidas extremas del gobierno para detenerlas. En 1983 en la provincia de Huanta, en Ayacucho, el gobierno estableció un Comando Político Militar con el propósito de controlar el accionar de este grupo.
Como parte de sus acciones, la Infantería de Marina estableció su Cuartel General en el Estadio Municipal de Huanta. Un lugar que años después y tras investigaciones del Ministerio Público y de informes de la Comisión de la Verdad y Reconcialicación (CVR) fue señalado como un centro clandestino de detención y de tortura.
Ayala Sulca, de 22 años, tenía un programa periodístico en Radio Huanta 2000 y era corresponsal del diario La República. Cubría temas que iban desde las acciones de Sendero Luminoso hasta las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
El 2 de agosto de 1984, Ayala Sulca fue hasta el Cuartel General en el estadio para entablar una denuncia por el allanamiento que había sufrido la vivienda de su madre el día anterior y por los golpes que su hermano había recibido por parte militares. Varios testigos que hablaron con el Ministerio Público y con la comisión de la verdad señalaron que vieron entrar al periodista al estadio, pero nunca lo vieron salir.
Pallqui, la esposa de Ayala Sulca, primero exigió la liberación de su esposo, y con el paso del tiempo pidió sanción para los responsables de su desaparición. Finalmente, pidió la entrega del cuerpo de su esposo para “darle cristiana sepultura”. Hasta este momento, ninguna de ellas le han sido concedidas.
Pallqui también sufrió la desaparición de su padre, así como amenazas de muerte contra ella y su hijo, quien tenía cuatro meses de nacido cuando ocurrió el crimen de su padre. Huyeron de Huanta hacia Lima, y años después, cuando se reanudaron las investigaciones por la desaparición de Ayala Sulca, su hijo volvió a recibir amenazas y huyó de Perú.
“De parte del Estado no recibí ningún apoyo, ni de ninguna institución” dijo Pallqui. “Fue una etapa muy difícil para mí”.
La desaparición de Ayala Sulca hace parte de lo que se conoció como “Caso Huanta 84”, le explicó a LJR el abogado de la familia, Juan José Quispe. El Caso Huanta 84 también incluye el asesinato de seis miembros de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui y el descubrimiento de las fosas de Pucayacu con 50 cuerpos.
Dichos eventos tuvieron lugar en agosto de 1984 en Huanta y, de acuerdo con la CVR, miembros de la Marina de Guerra fueron los responsables. En la primera investigación que abrió el Ministerio Público, en 1985 fueron acusados el oficial a cargo del destacamento de la Marina Álvaro Artaza Adrianzén conocido como ‘comandante Camión’, y el oficial de La Mar, Román Martínez Heredia.
Memorial para el periodista peruano Jaime Ayala. (Foto: Tomada de la página de Facebook Justicia para Jaime Ayala Sulca)
Esta investigación fue posteriormente archivada, y reabierta cuando la CVR entregó el caso al Ministerio Público como parte de los casos que consideraban judicializables en 2003. Esta nueva investigación estableció la cadena de mando para determinar las responsabilidades, dijo Quispe.
Según el informe de la CVR, Jaime Ayala “fue víctima de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecución arbitraria por parte de integrantes de la Marina de Guerra”.
Desde marzo de 2022 se encuentran en juicio Alberto Rivera Valdevellano, exjefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, y Augusto Gavilondo García del Barco, exjefe de la base contrasubversiva de Huanta, quien actualmente se encuentra en España en espera de un proceso de extradición. Para ambos, la Fiscalía pidió 25 años de prisión. Respecto a Artaza Adrianzén, la última información era que estaba muerto, aunque nunca se encontró el cuerpo, y de Martínez Heredia no se conoce su paradero.
“Siendo un proceso que tiene 62 víctimas, que tiene más de 150 testigos y peritos en efecto iba a ser una investigación muy larga”, aseguró Quispe.
Observadores de derechos humanos y miembros de la familia de Ayala Sulca están ahora preocupados por la petición de la defensa de uno de los acusados para aplicar la Ley 32107 conocida popularmente como ‘Ley de Impunidad’. Promulgada por el Congreso el pasado 9 de agosto, la ley permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos por grupos terroristas y militares ocurridos antes del 1 de julio de 2002.
Si la jueza concede dicha petición, señaló Quispe, el caso sería archivado.
Para Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodista (ANP) del país, es bastante preocupante el precedente que esta decisión tendría toda vez que es el primer caso en el que se pide aplicar esta ley. Según dijo a LJR, en la actualidad hay por lo menos tres juicios en casos de violencia contra periodistas ocurridos casi 40 años atrás y que con esta ley podrían cerrarse por completo. De hecho, el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, el primero de crímenes contra periodistas en obtener justicia plena, podría verse afectado con ella.
A eso se suma que la ANP tiene registros de al menos 54 periodistas asesinados entre los años 1980 y 2000, y que algunos de ellos podrían dejar de ser investigados.
Perfil hecho al periodista peruano Jaime Ayala por el diario La República. (Ministerio de Cultura - Centro de Documentación e Investigación)
“Es una ley hecha a medida para librar de responsabilidad a toda la gente que estuvo involucrada como perpetrador de crímenes entre el 80 y el 2000. Ese es el riesgo”, dijo Lainez quien recordó cómo algunos congresistas son exmilitares y exmarinos.
Sin embargo, confía en que en la justicia prime otros convenios y tratados firmados por Perú, así como los llamados de diferentes organizaciones que destacan la inconstitucionalidad de la ley. Algo en lo que coincide Quispe, para quien podría ser factible que la jueza les dé prioridad a decisiones de la Corte Suprema de Perú o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.
Para Rosa Luz Pallqui y su hijo la aprobación de esta ley fue uno de los golpes más duros.
“Es una ley de impunidad y no sanción a los asesinos de mi esposo y cientos de víctimas que fueron detenidos y torturados en bases militares”, dijo Pallqui.
La próxima audiencia en este caso está programada para el 23 de agosto y en ella la jueza podría determinar la aplicación de esa ley, informó Quispe.
