Por Norma Garza
El periodista José Rubén Zamora Marroquín recibió este 7 de enero una notificación que le prohíbe salir del país y le congela sus cuentas bancarias como resultado de la querella penal del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, por “coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y desacato”, en lo que ha sido considerado un ataque a la libertad de expresión desde el más alto nivel de autoridad.
Esta nueva acción en contra del director de elPeriódico se une a la promovida por la vicepresidenta Roxana Baldetti por el delito de “violencia contra la mujer”, en la que se le prohíbe "intimidar o perturbar" a la funcionaria y no acercarse a su domicilio y lugar de trabajo por un periodo de seis meses.
En respuesta, Zamora solicitó el miércoles un antejuicio acusando a ambos funcionarios de abuso de autoridad y simulación de delito y asegurando que sus críticas de ambos están protegidas por la constitución del país.
En una nota de opinión, Zamora escribió que Pérez Molina "afirma en su querella que le pedí 1.5 millones de dólares y que cuando con gentileza me dijo que no podía a través de su esbirro Francisco Cuevas (secretario de Prensa de la Presidencia), a quien jamás he visto en mi vida, le mandé un intermediario, cuyo nombre no menciona, y le pedí 30 mil dólares al mes. Además de burdos ladrones y mafiosos, son unos grandes mentirosos amorales. En todo caso, no me callarán".
La moción de la denuncia del Pérez Molina contra Zamora incluía una medida de urgencia ordenando al periodista “el cese inmediato de toda acción que conlleve amenaza, intimidación, coacción, en contra de la integridad, seguridad, imagen y libertad del agraviado y víctima, que pudiera dirigirle de cualquier forma, sea verbal o por escrito”, con lo que se pretendía que terminaran las denuncias escritas vertidas contra el presidente guatemalteco en elPeriódico por ser “sediciosamente perturbadoras”.
Las peticiones no fueron concedidas por el juez, quien fijó el 7 de febrero para que se realice una audiencia, pero sí decretó el arraigo.
El Comité para la Protección de Periodistas denunció ambas órdenes contra Zamora.
"Es indignante que los dos funcionarios de más alto rango en Guatemala estén utilizando a la justicia para impedir que un periodista publique críticas sobre su gobierno", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "El presidente Pérez y la vicepresidenta Baldetti deben retirar las denuncias contra Zamora, permitir que él y su diario puedan publicar libremente, y recordar que como funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio público".
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo que su organización está preparando una misión "que llegará a Guatemala en febrero para analizar toda la situación y hablar con todas las partes. Esto, porque nos preocupa mucho la situación”, según el diario Prensa Libre.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
