El espionaje ilegal a periodistas y otras personalidades públicas, incluidas magistrados y políticos, parece tener un capítulo más en Colombia después de que hace casi una década un escándalo sobre este mismo tema terminara en la abolición del departamento de inteligencia del país.
La nueva denuncia fue dada a conocer por la revista Semana que en su investigación encontró que la salida del comandante del Ejército de Colombia, el 27 de diciembre de 2019, estuvo relacionado con denuncias de espionaje ilegal.
Según la investigación, algunos grupos de inteligencia del Ejército usaron “unidades móviles” y “equipo de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas”.
Algunas de las víctimas de este espionaje habrían sido los periodistas de la propia revista Semana y sus fuentes al parecer como represalia por sus investigaciones anteriores que daban cuenta de presuntas irregularidades en las fuerzas armadas.
Según la investigación, durante 2019, el Ejército vigiló de manera ilegal a Semana con diferentes medios como por ejemplo estacionar un vehículo cerca de la sede con equipos capaces de interceptar llamadas telefónicas y mensajes de texto. Agentes también habrían hecho seguimientos a algunos periodistas incluido el director de la revista, Alejandro Santos.
Una de las fuentes de Semana le aseguró que el Ejército le ofreció 50 millones de pesos colombianos (más de US $15.000) para que introdujera un malware en equipos de periodistas de Semana, según la revista. También como parte de una campaña de amedrentamiento se envió una lápida funeraria a un periodista de la redacción.
De acuerdo con uno de los militares que sirvió a Semana como fuente, las ‘chuzadas’ – como se conocen en Colombia estas interceptaciones ilegales – se habrían hecho desde dos guarniciones militares para “blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”, según relata Semana.
La novedad de utilizar guarniciones militares habría sido el resultado del aprendizaje que les dejó la llamada Operación Andrómeda denunciada en 2014 a través de la cual se interceptó a los negociadores del proceso de paz con la guerrilla de las Farc, según esa misma fuente. En aquella ocasión los agentes utilizaron un restaurante como fachada, una sede que posteriormente fue allanada por la Fiscalía.
Ante las denuncias, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que se anunciaba el inicio inmediato, por instrucción del presidente del país Iván Duque, de una investigación interna e hizo un llamado a las otras autoridades correspondientes para que también inicien las investigaciones del caso.
“Esta cartera reitera el compromiso del Presidente Iván Duque y del Gobierno Nacional de cero tolerancia con cualquier actuación de integrantes de la Fuerza Pública que sea contraria a la Constitución, la Ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, señala el comunicado. “En caso de comprobarse la participación de miembros de la Fuerza Pública en hechos que no estén acordes a la Ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana”.
Diferentes organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión manifestaron su rechazo a los presuntos casos de espionaje y pidieron garantías para ejercer el trabajo periodístico en el país.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades realizar una investigación transparente y exhaustiva.
“Como si los periodistas en Colombia ya no enfrentaran suficientes peligros por parte de otros grupos armados, está claro que el Ejército representa una grave amenaza a los periodistas y sus fuentes”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, según un comunicado. “Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente el presunto operativo de espionaje ilegal del Ejército y garantizar que los responsables se sometan al peso de la justicia”.
En su cuenta de Twitter, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también pidió investigar la denuncia.
“Hay agentes estatales que no asumen que el espionaje y la vigilancia digital ilegal vulneran libertades fundamentales. Mi solidaridad con periodistas y medios de #Colombia que habrían sido espiados por sector militar. Imprescindible investigar y sancionar”, escribió Lanza.
“A pesar de que repetidamente las autoridades han negado las acciones de vigilancia contra periodistas, la realidad ha mostrado, con suficiente evidencia, que esta forma de agresión es constante”, escribió la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
“Estas acciones, violatorias de la Constitución y la ley penal, ponen en peligro y afectan los derechos de los periodistas y ponen en jaque el ejercicio libre del periodismo”, agregó la FLIP.
La organización señaló que en los últimos dos años “la situación de riesgo contra los periodistas ha incrementado de manera exponencial”. “En este contexto de escalada de las amenazas resulta especialmente dramático que nuevamente sea el Ejército la institución que está involucrada en intimidaciones, amenazas e interceptaciones a periodistas”, señaló la organización.
Hace casi una década, la revista Semana dio a conocer uno de los escándalos más grandes de espionaje ilegal en el país en el que estaba involucrado el organismo de inteligencia del país. En ese entonces la revista denunció que el Departamento de Seguridad Administrativo (DAS), como era conocido, espiaba a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y magistrados, entre otras personas. El DAS fue abolido a raíz del escándalo y algunos de sus directivos y funcionarios se encuentran enfrentando al justicia.
