Con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, LatAm Journalism Review destaca cuatro casos emblemáticos de la región que permanecen en gran medida impunes.
Más de la mitad (56 por ciento) de los asesinatos de periodistas en Brasil en las últimas tres décadas se encuentran en “total impunidad", lo que significa que nadie ha sido condenado por estos crímenes. Es el caso de 25 de los 44 periodistas asesinados por su trabajo en el país desde 1992, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Pedro Palma, propietario del semanario Panorama Regional, es uno de esos 25.
Palma fue asesinado a plena luz del día frente a su casa en el municipio de Miguel Pereira, al interior del estado de Río de Janeiro, el 13 de febrero de 2014. Nueve años después, la investigación del crimen sigue abierta y no se ha detenido a ningún responsable. Este caso ilustra los obstáculos para identificar y responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes contra periodistas en Brasil.
La negligencia, los problemas de comunicación entre las autoridades responsables y la imposición de secreto sobre la investigación policial son algunos de los factores que contribuyen a la impunidad del asesinato de Palma, según la iniciativa internacional A Safer World For The Truth. La iniciativa, un proyecto de colaboración entre las organizaciones Free Press Unlimited (FPU), CPJ y Reporteros Sin Fronteras (RSF), investigó el caso de Palma entre 2021 y 2022 y publicó el informe “The Case for Transparency: Opportunities for Justice in the Case of Pedro Palma and Beyond” (“El caso por la transparencia: Oportunidades para la justicia en el caso de Pedro Palma y más allá”) en abril de 2023.
La edición del 21 de febrero de 2014 del diario Panorama Regional homenajeó a Pedro Palma. (Panorama Regional)
Jos Midas Bartman, coordinador de investigación de la FPU y uno de los autores del informe, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que, comparado con otros casos de impunidad en asesinatos de periodistas que ha analizado en otros países, “no se trata de una investigación totalmente mal hecha o en la que haya habido una clara obstrucción a la justicia”.
“No fue tan grave. Creo que las autoridades esperaban avanzar en la investigación, pero hubo cuestiones estructurales que impidieron que se hiciera justicia”, dijo.
Para el investigador, el caso de Palma es representativo de los asesinatos de periodistas no sólo en Brasil, sino también en varios países. En todo el mundo, los periodistas locales que trabajan para pequeños medios de comunicación, que a menudo son de su propiedad, son mucho más atacados que los periodistas que trabajan para grandes medios de comunicación en las capitales, dijo.
“A menudo, [los periodistas asesinados] son reporteros que cubren la relación entre el crimen organizado y la política, la corrupción y la malversación de fondos públicos, son críticos con los detentadores del poder local y no cuentan con la protección de las luces de la capital”, dijo. “Suelen trabajar en un municipio, para su propio medio de comunicación, y no tienen la protección de los grandes medios. Pero aún así pueden criticar a determinadas personas, y no sólo criticar, sino sacar esqueletos del armario y llamar la atención con sus noticias”.
Palma fue editor en jefe y propietario del semanario impreso Panorama Regional, fundado en 1994 por él, su mujer y su padre. El periódico cubría los acontecimientos culturales y políticos de Miguel Pereira y otros municipios del centro-sur del estado de Río de Janeiro. En las elecciones municipales de 2012, Panorama Regional apoyó abiertamente a André Português para la alcaldía de Miguel Pereira. Sin embargo, quien ganó esas elecciones y se convirtió en alcalde fue Cláudio Valente, a quien el periódico “criticó duramente” por supuesta mala gestión y corrupción, señala el informe sobre el caso.
La investigación de A Safer World for the Truth analizó ediciones de Panorama Regional entre junio de 2013 y febrero de 2014. Según el informe, las críticas a la labor de la alcaldía de Miguel Pereira y las investigaciones sobre irregularidades en licitaciones para eventos culturales en la ciudad destacaron en el diario durante ese periodo.
Bartman afirmó que Palma era “un activista por el acceso a la información, en cierto modo”. Pocos días antes de ser asesinado, envió solicitudes de acceso a la información pública sobre las finanzas del ayuntamiento y las licitaciones de las fiestas de carnaval de la ciudad.
“Se trata de movimientos peligrosos [para los periodistas locales], porque significa realmente que están intentando sacar los esqueletos del armario, intentando realmente encontrar pruebas, evidencias reales de abuso de poder y corrupción”, dijo.
El 13 de febrero de 2014, Palma llegaba a su casa cuando se le cruzaron dos hombres en motocicleta. El hombre de atrás se bajó de la moto, se acercó a Palma y le disparó tres veces, y este murió en el acto. El hombre que conducía la moto se dio la vuelta, el pistolero subió a la parte trasera y los dos huyeron. La escena fue grabada por las cámaras de seguridad de la casa de Palma y las imágenes fueron difundidas por la policía en abril de 2014.
El asesinato de Palma se produjo después de al menos dos años de amenazas al periodista a causa de su trabajo, algunas de las cuales denunció a la policía, según informó su familia en el momento de su muerte.
Investigación policial sobre el asesinato de Pedro Palma. (Foto: Cortesía A Safer World for the Truth)
En un primer momento, la Comisaría 96 de Miguel Pereira se encargó de la investigación. Un mes después del crimen, fue transferida a la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense, en el municipio de Belford Roxo, a petición del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ). Ocho años después, en junio de 2022, el caso fue enviado a la 10ª Comisaría de Recaudación de Registros (DEAC), unidad encargada de “concluir los procedimientos de investigación”.
El informe internacional sobre el caso de Palma concluyó que hubo “demoras excesivas e indebidas en etapas cruciales de la investigación oficial (...) debido a la lentitud de la comunicación y a la falta de voluntad para actuar por parte de los miembros del sistema de justicia penal”. Asimismo, según el informe, "la división de homicidios a cargo del caso desatendió reiteradamente las solicitudes del Ministerio Público para que pudieran llevarse a cabo diligencias de investigación”.
Además, los datos telefónicos que podrían haberse analizado para identificar a los sospechosos se habrían perdido en el curso de la investigación. Según el informe, un policía de la Comisaría de Homicidios dijo que no pudo encontrar los datos enviados por los operadores telefónicos. Y los agentes que recibieron autorización judicial para analizar estos datos en 2017 -tres años después del asesinato de Palma- ya no trabajan en la comisaría.
“Se trata de una cuestión importante que ha provocado que la investigación no haya finalizado y que no se haya procesado a nadie”, dijo Bartman.
Un hombre señalado como sospechoso del asesinato de Palma fue detenido en junio de 2014 en Río de Janeiro. Según el informe sobre el caso, este hombre no ha sido acusado del crimen y se desconoce qué ocurrió con él tras su detención. LJR intentó ponerse en contacto con la Policía Civil de Río de Janeiro por correo electrónico y teléfono para obtener más información, pero no había recibido respuesta al cierre de este artículo.
La iniciativa A Safer World for the Truth también criticó la falta de transparencia de la investigación, que se mantuvo en secreto desde el principio. Esto impidió que los familiares de Palma tuvieran acceso al caso y pudieran “ejercer su derecho legal a proponer que se recojan pruebas adicionales o que se escuche a los testigos, y a controlar la investigación para evitar la malversación de pruebas”, señala el informe.
La viuda de Palma pudo acceder a los expedientes de la investigación hasta 2022, y sólo después de acudir a los tribunales reclamando su derecho a tener acceso a la evolución del caso para saber qué se había hecho hasta entonces. Bartman dijo que fue a través de ella que el equipo de A Safer World for the Truth pudo analizar la investigación oficial. Según el informe, la investigación policial sobre el asesinato de Palma consta de tres tomos con unas 500 páginas en total, y otros cinco tomos con miles de páginas de anexos.
Angelina Nunes, coordinadora del Programa Tim Lopes de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), colaboró con la iniciativa internacional de investigar el caso Palma. Estuvo en Miguel Pereira y entrevistó a familiares y amigos de Palma, así como a testigos del asesinato, policías y funcionarios de justicia que trabajaron en el caso. Nunes declaró a LJR que, tantos años después del crimen, la gente de la ciudad sigue teniendo miedo de hablar de ello. También señaló la rotación entre los responsables del caso en el Ministerio Público de Río de Janeiro, lo que contribuye a la lentitud de la justicia y a la impunidad de este crimen.
“Cuando hablé con el fiscal a cargo del caso hace poco más de un año, antes de que hiciéramos el informe, me dijo: ‘en seis meses voy a concluir el caso’. Seis meses después, le llamé y ya no era él [el fiscal encargado del caso], era otra persona. Así que cada vez que cambia el fiscal encargado del caso, [el trabajo del Ministerio Público] prácticamente reinicia desde cero”, dijo.
LJR se puso en contacto con el Ministerio Público de Río de Janeiro para obtener más información sobre la situación actual del caso Palma.
“Las investigaciones están en curso. No es posible proporcionar más información debido al secreto decretado”, respondió la institución.
Aunque el asesinato de Palma no ha sido resuelto, la investigación del caso derivó en al menos tres grandes operativos policiales entre 2015 y 2016 para destapar presuntas tramas de corrupción en gobiernos locales de Miguel Pereira y al menos otros siete municipios de la región. Se basaron en el trabajo de Palma y en pistas que surgieron al investigar el asesinato del periodista.
Para Nunes, los operativos acabaron eclipsando las investigaciones sobre el asesinato de Palma.
“Esos operativos ganaron volumen, ganaron fuerza, porque [los supuestos esquemas de corrupción] involucraban a alcaldes, secretarios, muchas autoridades. Era una corrupción absurda, entonces [los operativos involucraron] al Ministerio Público, a la Policía Federal, a la Policía Civil... Pero el asesinato [de Palma] terminó no olvidado, sino dejado de lado porque surgieron otras vías de investigación”, dijo.
Para Bartman, estas operaciones hicieron visible el hecho de que no sólo el público, sino también “las instituciones democráticas dependían de la información de Pedro Palma”.
“Debido a los reportajes de Pedro Palma y también, eventualmente, a su asesinato, el Ministerio Público lanzó investigaciones de corrupción a gran escala que en realidad recibieron mucha más atención que el asesinato del propio Pedro Palma”, dijo. “Estas instituciones, incluso el poder judicial, quedan un poco dañadas visualmente si estos periodistas [de investigación locales] dejan de hacer su trabajo. Con la muerte de una persona así, otras instituciones tienen mucha menos capacidad, realmente, para hacer su trabajo e iniciar investigaciones. Incluso los abogados y los fiscales leen los periódicos y dependen directamente de la información periodística”.
En abril, con motivo de la publicación del informe sobre el caso Palma, Bartman y otros coautores del documento presentaron su análisis al Ministerio Público de Río de Janeiro. Según él, los responsables del caso acogieron con satisfacción la contribución de la iniciativa A Safer World for the Truth. La organización se comprometió a buscar los datos telefónicos supuestamente perdidos por la policía y desde entonces ha tenido noticias de nuevos testigos, dijo Bartman.
Según el CPJ, en 12 de los 44 casos de periodistas asesinados en Brasil desde 1992 existe “impunidad parcial”, lo que significa que algunos sospechosos han sido condenados por los crímenes, pero no todos. Sólo seis casos han recibido “justicia plena”, en la clasificación del CPJ, con los autores materiales e intelectuales declarados responsables de los crímenes.
Nunes subrayó que la total impunidad del caso Palma, sin sospechosos identificados, es “cruel” para la familia del periodista, que continúa siguiendo el caso y luchando para que se haga justicia.
“La familia está en vilo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién le mandó matar? ¿Por qué murió? ‘Oh, fueron esos dos tipos de la moto los que lo hicieron’. Sí, ¿quiénes son esas personas? ¿Quién los contrató? No fue un robo, no tiene las características de un asalto. Y él ya había recibido amenazas. Así que es muy cruel, la familia está en vilo todo el tiempo”, dijo.
La impunidad es también “combustible” para otros crímenes, dijo Nunes.
“Si este caso queda impune, si no hay resultados, esto sólo genera más violencia. La impunidad es combustible para más crímenes, porque las personas que los cometen o que los ordenan, los que los mandan, tienen la plena certeza de que no va a pasar nada”, dijo.
También señaló el impacto de la impunidad en otros periodistas de la región, que pueden llegar a autocensurarse para protegerse.
“Si mataron [a Pedro Palma] y no pasó nada, ¿por qué yo, que tengo un pequeño medio de comunicación, o que soy freelance, voy a involucrarme en esta historia? ¿Por qué me voy a meter a hacer denuncias y a investigar cosas?”, cuestionó. “Esto también acaba sirviendo de combustible para desanimar a muchos otros periodistas, para que cambien su forma de trabajar por miedo a sufrir represalias, porque saben que quedarán impunes”.
