Por Ingrid Bachmann
Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Artículo 19 son algunas de las organizaciones que han acusado al gobierno del estado de Chiapas de abusos del derecho penal por el desmantelamiento el pasado 12 de octubre de la radio comunitaria Proletaria y la detención de sus operadores, reportó La Jornada.
Según AMARC/IFEX, entre 25 y 30 personas encapuchadas y armadas —miembros de la fiscalía y la policía estatales— llegaron la semana pasada a las oficinas de la Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ), que alberga a la emisora comunitaria, y confiscaron todo lo que había en la radio, incluidos los equipos de transmisión.
En un comunicado, RSF exigió a las autoridades estatales rendir cuentas por el operativo y recuerda que si la radio operaba ilegalmente bastaba con emitir una orden sobre la materia, “sin recurrir a la represión y la censura”. La nota también agrega que “la criminalización de radios comunitarias en México no es nueva”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
