Por Isabela Fraga
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó como un "flagrante atentado contra la libertad de prensa", la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), al ordenar, el jueves 28 de junio, el embargo de los bienes del canal Globovisión, crítico del gobierno de Chávez, por no pagar una multa impuesta en el 2011, según el diario El Universal. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), también rechazó la actitud del TSJ, la que consideró como una maniobra política para reprimir a los principales medios de la oposición durante la campaña electoral, de acuerdo con Globovisión.
El viernes 29 de junio, Globovisión pagó alrededor de $5.7 millones de dólares para que el embargo ordenado por el TSJ no se concretara. Dicho monto corresponde a la multa impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la cual consideró que Globovisión fue imparcial y sensacionalista durante la cobertura de la revuelta de presos en un complejo carcelario en junio de 2011.
En el comunicado de prensa, publicado también el 29 de junio, la SIP afirma haber "reiterado que [la multa impuesta a Globovisión] se trata de una excusa para silenciar a un medio independiente y con credibilidad ante la opinión pública del país".
WAN-IFRA también alertó, el lunes 2 de julio, del deterioro de la libertad de prensa en Venezuela, representado en la decisión del TSJ con relación al canal de televisión. La organización ya había manifestado su preocupación por la situación de los medios independientes del país con la proximidad de las elecciones presidenciales.
Al igual que la SIP y WAN-IFRA, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró la multa impuesta a Globovisión como un precedente muy peligroso para la libertad de información, según El Nacional. De acuerdo con RSF, la sanción del tribunal fue desproporcionada y afecta también la supervivencia del medio.
Poco después de la decisión del tribunal venezolano, el 28 de junio, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, catalogó la situación como censura electoral, de acuerdo con 6to Poder. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela también condenó la actitud del tribunal, acusando al gobierno de ""establecer el control de la conciencia del país".
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
