Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) alertaron esta semana que los gobiernos están utilizando la pandemia del nuevo coronavirus para publicar medidas que amenazan la libertad de expresión. Ambas organizaciones citaron el caso de Bolivia, y el CPJ resaltó también la situación en Puerto Rico.
Las entidades emitieron comunicados denunciando el Decreto Supremo 4200, del 25 de marzo, de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. El documento, que determina una serie de acciones contra el COVID-19, incluye una disposición "excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas", afirmó HRW.
"El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta', y esto viola el derecho a la libertad de expresión. (...) El debate público es el mejor antídoto contra la desinformación errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El CPJ afirmó, también por medio del comunicado, que criminalizar la "desinformación" hace parecer que el gobierno interino boliviano está más preocupado por su imagen pública que por combatir el COVID-19.
"Estas disposiciones excesivamente amplias que criminalizan la expresión abren la peligrosa posibilidad del abuso contra los periodistas que difunden información y hechos cruciales", expresó la coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick.
El artículo 13 del documento indica que "las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública", de acuerdo con HRW. La organización señaló que la medida es ambigua y vaga, por no explicar lo que podría ser considerado como "desinformación" u otros actos que "generen incertidumbre a la población".
El decreto prevé que los "crímenes contra la salud pública" pueden ser penados con hasta 10 años de prisión, de acuerdo con las organizaciones. HRW sostiene que el gobierno debe revocar inmediatamente ese artículo, que "atenta gravemente contra la libertad de expresión en el país".
Del mismo modo, el CPJ recomienda que el gobierno reforme el decreto para garantizar que los periodistas no sean encarcelados por reportar durante la pandemia.
HRW citó otras acciones del gobierno que preocupan a los defensores de la libertad de expresión. El 18 de marzo, según una publicación de Página Siete, el Ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a hacer un "ciberpatrullaje" para identificar y castigar, penalmente, a quienes estén diseminando desinformación en internet.
Posteriormente, el 27 de marzo, según el sitio Opinión, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, dijo que las personas que difundan información falsa sobre el COVID-19 en internet irían 10 años a prisión, además de amenazar con llevarlos a los hospitales para "atender a los enfermos de coronavirus".
Sin embargo, HRW señaló que no se conocen casos en que el gobierno haya efectivamente usado el decreto para castigar a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Según Vivanco, la medida parece estar más dirigida contra el MAS (Movimiento Al Socialismo), partido del expresidente Evo Morales.
"Si bien hasta ahora el gobierno ha acusado de 'desinformación' únicamente a miembros del MAS, sin aportar pruebas, el decreto y las declaraciones amenazantes de algunas autoridades podrían tener un efecto intimidatorio para el resto de la población. (...) Periodistas, profesionales de la salud, personas que denuncien irregularidades y usuarios de redes sociales en general pueden razonablemente temer ser procesados penalmente si critican o dan a conocer fallas en la respuesta del gobierno al COVID-19", dijo Vivanco.
En su nota, el CPJ afirmó que durante el gobieno de Áñez, han habido otras amenazas a la libertad de expresión. "En los cinco meses que ha ejercido el poder, el gobierno interino presidido por Áñez ha cerrado varias radioemisoras opositoras, ha acosado a periodistas críticos y ha calificado a algunos de 'sediciosos', según informaciones de prensa. En enero, la exministra de comunicaciones de Áñez, Roxana Lizárraga, declaró que la libertad de expresión en Bolivia 'tiene sus límites'", afirma o texto.
Amenazas en Puerto Rico
El CPJ también denunció esta semana una amenaza contra la libertad de expresión en Puerto Rico. Según la organización, la gobernadora de Puerto Rico hizo una enmienda a la ley de seguridad pública para volver ilegal que los artículos de medios de comunicación o perfiles de redes sociales transmitan o permitan la transmisión de información falsa en relación a las acciones del gobierno sobre el COVID-19 y otros desastres.
El CPJ pidió que las autoridades de Puerto Rico garanticen que los periodistas puedan cubrir la pandemia sin miedo a sufrir represalias. Según la organización, a ley prevé prisión de hasta seis meses y una multa de hasta US $5.000. Si la información falsa causa más de US $10.000 en gastos del sector público o causa daños a la propiedad, la difusión será considerada un crimen grave de cuarto grado.
“Un estado de emergencia no debe ser una disculpa para que las autoridades puertorriqueñas suspendan la libertad de prensa. [...] Es esencial que las empresas de medios y los periodistas puedan reportar libremente asuntos de importancia pública, como el COVID-19, sin miedo a represalias por parte del gobierno en forma de multas o acusaciones criminales por una cobertura que no le agrade”, dijo el director del programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.
