Por Omar Rodríguez Ortiz*
El 3 de octubre, el gobernador de Puerto Rico anunció que 63 de los 69 hospitales de ese territorio estadounidense se encontraban “operacionales”. Parecía un logro increíble considerando que el huracán María había tocado tierra hacía solo dos semanas, como huracán de categoría 4. Independientemente, una organización local sin fines lucro, enfocada en periodismo investigativo, buscó descubrir la verdad.
“Había una cantidad que el gobierno llamaba ‘hospitales operacionales’ pero la realidad es que muchos no estaban en condiciones para operar ni tenían planta eléctrica”, dijo Carla Minet, periodista y directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), al Centro Knight para el Periodismo en las Américas.
El mismo día en que Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, hizo el anunció, el CPI visitó algunos de los hospitales y confirmó que no tenían capacidad para admitir a pacientes graves. Por ejemplo, un hospital tenía un aviso en la puerta que decía que solo podían tratar a personas con fiebre, heridas leves y similares. Personas con dolor abdominal y de pecho, menores y mujeres embarazadas no podían ser atendidos allí.
En una entrevista realizada por el CPI, un alto funcionario del gobierno definió luego como ‘hospital operacional’ a las “instituciones que el gobierno (local) y el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS) habían evaluado, y determinado que su estructura estaba ‘físicamente operativa’, y que habían aceptado pacientes”.
“Es un caso evidente donde el gobierno estaba informando unos datos que no correspondían con las visitas que el Centro hizo a esos hospitales”, explicó Minet.
Pero esta fue solo una de las numerosas investigaciones posteriores huracán que hizo el CPI que contribuyó a mejorar la transparencia del gobierno.
Cuando la cifra oficial de víctimas del huracán María era 16, el CPI tenía información de que eran decenas más. Fuentes de nueve hospitales dijeron al CPI que sus morgues estaban llenas. Otras fuentes informaron que el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico estaba lleno de cadáveres y que al menos 25 de esos muertos fueron víctimas del huracán.
Cinco días después de publicado el artículo del CPI, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntó a Roselló cuál era el número de muertos causado por el huracán María. El gobernador dijo 16, como lo venía diciendo su administración durante los últimos días.
Trump comparó luego la devastación del huracán María con “una verdadera catástrofe como la de Katrina”.
“Dieciséis personas versus literalmente miles. Deberían sentirse muy orgullosos”, declaró Trump el 3 de octubre en una conferencia de prensa conjunta en Puerto Rico.
Horas después, cuando Trump había ya dejado el archipiélago caribeño, Rosselló anunció que el número de muertos había ascendido a 34. El 10 de diciembre, la cifra oficial de muertos a causa del huracán era 64.
“De igual forma, el tema de la cifra oficial de los muertos es algo que el Centro está cuestionando desde la primera semana”, dijo Minet al Centro Knight en la entrevista realizada el 8 de noviembre. “A esta fecha siguen ofreciendo una cifra que no se sostiene”.
El flujo de información se complica aún más cuando las agencias del gobierno no están del todo operativas y no pueden responder llamadas ni correos electrónicos debido a la destrucción de la infraestructura de comunicaciones de Puerto Rico, de acuerdo con Minet.
“De manera que las fuentes oficiales no están muy accesibles”, dijo Minet. “Y aún las fuentes oficiales que sí están accesibles francamente han estado proveyendo información en muchos casos incompleta o incorrecta como revelan algunas de nuestras historias”.
El 7 de diciembre, el CPI reportó que 985 personas más murieron en los 40 días posteriores al paso del huracán María por Puerto Rico que durante el mismo periodo en 2016. El mayor aumento del número de muertos se dio entre los más ancianos.
Pero los hospitales y el número oficial de muertos no son los únicos problemas posteriores al huracán de Puerto Rico que requieren un análisis más profundo. El territorio autónomo debe al menos US $95 mil millones en daños.
En la primera colaboración del sitio con un medio que publica en inglés, el CPI e In These Times - una revista sin fines de lucro con base en Chicago - reportó que 24 de las 30 firmas financieras conocidas que compiten en los pagos de deuda de Puerto Rico son firmas buitres.
“Como su nombre lo indica, estos fondos son como buitres sobrevolando pacientemente esperando recoger los restos de una compañía que se debilita rápidamente. El objetivo es obtener rentabilidad alta a precios de ganga”, según Investopedia, la web de educación financiera más grande del mundo.
“A nosotros nos parece que el tema de la deuda pública y el proceso de bancarrota que ha seguido su curso en los tribunales definitivamente tienen una relación directa con la recuperación del país”, dijo Minet. “Un país en bancarrota que apenas tiene recursos para pagar la nómina, mantener escuelas públicas abiertas y dar servicios de salud, definitivamente el tema es importante porque todo dinero que se paga a los bonistas deja de utilizarse para el proceso de recuperación”, acotó.
El acceso a la información confidencial sobre la deuda de Puerto Rico ha sido posible, no solo por los incisivos reportajes publicados por los periodistas del CPI durante meses, sino también por la asociación que el CPI tiene con el Legal Assistance Clinic of the School of Law at the Universidad Interamericana (Estudio de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana). CPI ha demandado al gobierno diez veces en casos de acceso a la información y ha ganado cada una de las veces, según Minet. Dos de los casos relacionados con el acceso a la información en contra del Gobierno de Puerto Rico y su Junta Directiva de Supervisión Financiera siguen en proceso en los tribunales.
Mientras que periódicos y canales de televisión en Puerto Rico despiden a periodistas en medio de una nueva economía posterior huracán, el CPI busca mejorar las condiciones laborales de sus empleados actuales y contratar a más periodistas de investigación. Esto es posible, en parte, gracias a las subvenciones y donaciones que el CPI recibe de fuentes como City University of New York’s Ravitch Fiscal Reporting Program.
“Estamos buscando modos de mejorar las condiciones de trabajo de nuestro equipo y de añadir personas a nuestro equipo de trabajo en un momento que el país necesita información con rigor y perspectiva sobre qué está pasando y cómo nos afecta”, dijo Minet cuando el CPI celebró una década de periodismo investigativo . “Por el contrario, este es el momento de redoblar los esfuerzos para tener una plantilla de trabajo más sólida y más grande”, concluyó.
* Omar Rodríguez está realizando su maestría en la Facultad de Periodismo de la Escuela Moody de Comunicación de la Universidad de Texas en Austin. Este artículo se produjo como parte de la clase Reporting Latin America.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
