El caso que tiene en la actualidad al periodista chileno Javier Ignacio Rebolledo Escobar encausado y ante una posible pena de prisión luego de ser querellado por el presunto delito de injuria, ha generado en el país una discusión sobre sus efectos en la libertad de prensa y expresión.
La querella en la que Rebolledo Escobar es acusado del delito de “injurias graves con publicidad”, un crimen por el cual podría cumplir una pena de hasta tres años de prisión, tiene como origen el más reciente libro del periodista llamado “Camaleón: doble vida de un agente comunista”, publicado en agosto de 2017. La familia de un exoficial sentenciado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), interpuso la querella y el periodista tiene su primera audiencia el próximo 16 de agosto.
El libro trata sobre la vida de Mariano Jara, un hombre que se camufló en el mundo de la derecha chilena, pero que realmente cumplía la misión de proteger y guardar las armas del Partido Comunista. Mientras Jara guardaba 80 toneladas de armas con las que se realizaron, entre otras operaciones, el atentado a Pinochet que casi le cobra la vida, se pasaba las noches en compañía de humoristas, cantantes y vedettes famosas de Santiago, según el libro.
De acuerdo con Rebolledo, Jara le contó que para poder hacer ese camuflaje de derecha se acercó a Raúl Quintana Salazar “quien era un pariente político”. Quintana Salazar fue un agente del servicio de inteligencia del país, llamado entonces DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), quien se encuentra en la actualidad en la cárcel Punta Peuco, un recinto exclusivo para uniformados. La hija de Quintana Salazar fue la que interppuso la querella en su contra, explicó Rebolledo al Centro Knight.
Rebolledo, quien lleva un poco más de 13 años cubriendo violaciones de derechos humanos durante la dictadura chilena para diferentes medios y ahora como autor editorial, había escuchado de Quintana Salazar cuando realizaba un libro anterior basado en testimonios de personas sobrevivientes de torturas. En aquella ocasión, según Rebolledo, su investigación lo llevó a conocer declaraciones judiciales en las que un testigo aseguraba que lo había visto torturando a una mujer.
La publicación de la tortura contra esta mujer cometida presuntamente por Quintana Salazar es uno de los hechos publicados en el libro que la familia del exagente encontró injuriosos y por los que presentó la querella en contra de Rebolledo.
Para Rebolledo fue una sorpresa cuando el pasado 18 de julio conoció que había una querella en su contra. La notificación que recibió lo citaba a una audiencia el 16 de agosto con “apercibimiento de la fuerza pública”, es decir, que si no asiste lo pueden llevar a la fuerza.
Al buscar información encontró que la querella había sido interpuesta el 30 de abril y que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la había declarado inadmisible el 8 de mayo.
En una resolución de tres páginas, el juzgado determinó “que, del solo análisis de los hechos expuestos en el libelo que se analiza se desprende claramente que tales hechos no son constitutivos de delito”.
Sobre la descripción de la tortura a la mujer, el juzgado determinó que no constituía el delito de injuria porque “no existe una atribución directa sino la relación de lo que otra persona dijo”, y que los querellantes no cuestionaban la existencia de esta declaración, sino el valor dado en los tribunales.
Tras la decisión que declaraba la inadmisibilidad de la querella, la parte acusadora apeló. El 13 de junio, la Corte de Apelaciones en un párrafo señaló que esta sí era admisible al considerar que “los hechos que fundan la querella, pueden ser constitutivos de delito”.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer acciones judiciales, incluso él. Y es algo que yo respeto de mi sistema judicial porque es parte de la República en cual yo vivo”, aseguró Rebolledo al Centro Knight. “Pero me parece impresentable es que el tribunal de origen […] la recibió y la desestimó en todas sus partes. Es un largo fallo judicial que declaró inadmisible la querella. Que dijo esto no es injuria, pero ni potencialmente. Sin embargo, […] la corte de apelaciones sorpresivamente señaló que difería del juzgado de origen y dijo declararse admisible la querella. Y eso es lo que me tiene enfrentando la posibilidad de penas corporales”.
Según explicó Paulo Olivares, uno de los abogados del periodista, al Centro Knight, a pesar de que el delito por el que es acusado Rebolledo se encuentra en el ámbito penal (con posibles penas de cárcel), está catalogado como uno de “acción penal privada”. Esto permite que en la primera audiencia pueda haber una especie de conciliación entre las partes como lo tendría un caso en el ámbito civil. Si esta no llega, podría extenderse a un juicio penal.
“Nosotros estamos convencidos de que Javier va a ser absuelto”, dijo Olivares. “Pero nos parece que esta situación no se podía dejar así sin más. Hay que llamar la atención, para que tal como ha sido en la generalidad de los casos, el rigor para admitir admisible una querella tenga estándares más altos […] si no, se produce un potencial atentado contra la libertad de expresión porque se termina intimidando no solo a aquel que supuestamente llevó a cabo las injurias, sino a las personas en general o a los periodistas en general”.
El caso no ha pasado desapercibido en Chile, ni para organizaciones defensoras de la libertad de prensa a nivel internacional, que han luchado para que los delitos de injuria y calumnia sean despenalizados para que sean juzgados por el derecho civil y no el penal.
El Colegio de Periodistas de Chile rechazó la decisión de la Corte de Apelaciones y señaló que acompañará a Rebolledo en este proceso judicial. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú llamó la atención sobre este caso.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a las autoridades chilenas a “suspender de inmediato el proceso penal” en contra de Rebolledo y señaló que “los legisladores deben actuar con prontitud para derogar todas las disposiciones penales sobre la difamación, la injuria y la calumnia”.
Para el mismo día de la audiencia, la Red de Periodistas de Chile tiene programado el conversatorio “Injuria y Cárcel” para abordar “los eventuales efectos restrictivos de esta norma en el ejercicio de trabajo periodístico”, según dijo Paulette Desormeaux, Directora Ejecutiva de esta Red, al Centro Knight.
La respuesta que ha visto en estas organizaciones del país y fuera de este han significado un apoyo moral para Rebolledo.
“Al principio me sentí muy mal, una sensación de orfandad profundad, de estar en el año 2018 estar haciendo tu trabajo, tratar de hacerlo de la mejor forma, y encontrarte que un violador de derechos humanos que está preso allí por los mismos delitos que tú estás denunciando te puede meter preso él a ti. Lo sentí un amedrentamiento feo en su momento”, dijo Rebolledo. “Y la verdad es que la respuesta internacional, más allá de que yo lo haya buscado o no, ha sido también muy satisfactoria, me viene bien la solidaridad”.
No obstante, el abogado de la parte acusadora señaló que hay un “amedrentamiento mediático” por el apoyo que estas organizaciones han mostrado al periodista, según un escrito enviado al tribunal, y que Rebolledo publicó en su cuenta de Twitter,
“Es como decir ‘tenga presente Justicia que Javier Rebolledo además de estar querellado por nosotros nos trata de amedrentar llamando a la prensa o llamando a organizaciones de derechos humanos’”, dijo Rebolledo. “Yo siento que en el fondo lo que está diciendo es como ‘ojo, no se deje influenciar’. Es una interpretación mía”.
El Centro Knight intentó comunicarse con los representantes legales de la parte acusadora, pero no dieron respuesta.
Rebolledo espera que su caso genere el momento oportuno para discutir de manera seria un cambio en la ley del país en materia de los llamados delitos contra el honor, y no, por el contrario, que se convierta en un mecanismo para censurar futuras investigaciones.
“Esto tiene que ver con una decisión que debemos tomar como país, como Chile: cuáles son las herramientas que les queremos dar a los periodistas, cuáles son las que les queremos quitar. Y eso tiene que ver con la calidad de periodismo y la función que queremos que el periodismo cumpla dentro de la sociedad”, finalizó Rebolledo. “Creo que es una pelea, una valiosa pelea que se puede dar, y puede ser el momento”.
