Debido a los varios ataques de los que la periodista Claudia Julieta Duque y su hija, María Alejandra Gómez, han sido víctimas desde 2001, las mujeres presentaron su caso de demanda contra Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 1 de octubre, informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
La demanda, entregada por la hija de Duque a nombre propio y del de su madre, da cuenta cómo han sido víctimas de secuestro, amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios durante años, agregó la FLIP. La mayoría de los cuales permanecen en la impunidad a pesar de que hay investigaciones abiertas.
“La razón por la que esperamos tanto tiempo [para llegar ante la CIDH] es porque yo en algún momento sí llegué a creer que había una opción de justicia en el país y decidí esperar a que esa justicia actuara, pero esa justicia se paralizó”, dijo Duque al Centro Knight.
Esta mañana mi hija presentó a nombre de las dos demanda contra Colombia ante la @CIDH por las múltiples violaciones a los ddhh de las que hemos sido víctimas durante años y por la impunidad que los ha caracterizado
Comunicado @FLIP_org https://t.co/Ua3FykFMR3 Favor RT— ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) October 1, 2018
La persecución en contra de Duque comenzó en 2001 cuando investigaba el asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero, ocurrido en 1999 en Bogotá. En sus investigaciones periodísticas Duque vinculó a agentes del extinto servicio de inteligencia del país DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) en la planeación y ejecución del asesinato de Garzón.
En 2003 y 2004, Duque denunció a funcionarios del entonces DAS al considerar que era víctima de persecuciones y amenazas. Las amenazas incluían a su hija como “objeto y método de tortura psicológica”, explicó Duque. Sin embargo, fue solo hasta 2013 que la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra siete exfuncionarios del DAS por los delitos de tortura psicológica agravada.
“El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos– se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio”, explicó la FLIP. Según publicó, varios de los exfuncionarios denunciados ejercen actualmente cargos públicos, “uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia”.
Según dijo Duque, en la actualidad hay ocho personas en juicio, pero solo cuatro están capturadas.
“Aparte de eso hay otros que están siendo investigados. Particularmente hay uno que está siendo investigado, ya sindicato, pero él se encuentra asilado en Estados Unidos, y la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión frente él. Es decir, hay una orden de captura, está prófugo, pero no ha habido llamamiento a juicio”, dijo Duque. “La Fiscalía [también] se ha negado a llamar a declarar y a vincular a otras personas que estarían involucradas en los ataques”.
A esto se le suman las nuevas amenazas y hostigamientos de los que Duque y Gómez han sido víctimas por buscar justicia en su caso, agregó la FLIP – entidad que ha acompañado a Duque desde hace más de una década.
Por tal motivo Gómez, quien para el momento de iniciar los ataques era menor de edad, decidió trabajar en la demanda contra Colombia desde hace más de un año ahora en su calidad de abogada.
“Para mí es un voto de confianza hacia sus capacidades, a que ella es muy capaz y puede sacar adelante esta demanda. Y de ella hacia mí es una muestra más de ese amor y ese cariño, de lealtad y de respaldo a mi lucha, a nuestra lucha”, explicó emocionada Duque. “Es muy bonito para mí ver a esa niña convertida en profesional, respaldando a su madre en toda esta lucha. Es también un mensaje muy lindo que yo la protegí al máximo y ahora que ella está fuera del país y que está haciendo su maestría y está desarrollándose como mujer y profesional, ella decide dar la cara y tomar las riendas de su propia lucha por justicia”.
“Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva”, dijo la organización en un comunicado.
En 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Duque y Gómez lo que les permitió solicitar que su caso tuviera un tratamiento prioritario, según la FLIP.
En octubre de 2017, la Fiscalía General de Colombia declaró como delito de lesa humanidad la tortura psicológica y persecución contra Duque. Esta decisión evita la prescripción de los delitos.
El DAS desapareció en 2011 luego de que el entonces presidente Juan Manuel Santos firmara un decreto para su desaparición a raíz del llamado escándalo de las ‘chuzadas’, es decir, interceptaciones ilegales por parte del DAS a periodistas, políticos, magistrados de la Corte Suprema, entre otras personalidades del país.
Tras inspeccionar las instalaciones del DAS, la Fiscalía encontró el documento “Manual para amenazar” cuya existencia Duque ya había denunciado. Con este documento se instruía a funcionarios cómo intimidar a la periodista con detalles de dónde hacer las llamadas, cómo hablar, cómo llegar a un lugar para llamar, entre otros datos.
El Centro Knight contactó a la Fiscalía para que comentara sobre el caso, pero no recibió ninguna respuesta antes de la publicación de este artículo.
