Con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, LatAm Journalism Review destaca cuatro casos emblemáticos de la región que permanecen en gran medida impunes.
Cada 17 de noviembre la periodista colombiana Claudia Julieta Duque recuerda un aniversario del que le gustaría olvidarse: uno de los ataques en su contra y la impunidad que lo rodea. Así lo ha dicho varias veces públicamente como cuando el año pasado escribió en redes sociales: “Feliz aniversario, señora impunidad”.
En ese día de 2004 tuvo lugar, según Duque, el peor y más cruel de los actos de una cadena de persecución y tortura realizados por miembros de la desaparecida agencia de inteligencia de Colombia conocida como DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). En la llamada que recibió la periodista ese día la voz al otro lado de la línea le aseguraba que la próxima víctima sería su hija de 10 años. Según la amenaza, su hija sería asesinada y descuartizada.
“Esa llamada fue el punto final de una serie de ataques e hizo que yo me rindiera contra el DAS, que dejara de luchar e irme del país”, dijo Duque en 2017 durante una de sus muchas declaraciones ante un juez colombiano.
No es el único aniversario del que le gustaría olvidarse.
“Estoy llena de aniversarios bastante trágicos”, le dijo Duque a LatAm Journalism Review (LJR). “Cada 23 de julio recuerdo, me amanece doliendo el cuerpo y amanezco muy mal sólo por recordarlo”.
El 23 de julio de 2001, Duque fue víctima de secuestro. Este se convirtió en el primer ataque directo por su investigación periodística que hacía del asesinato del también periodista y humorista colombiano Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999.
A partir de allí vinieron una serie de amenazas directas, seguimientos, hostigamientos que la justicia colombiana reconoció como el delito de “tortura psicológica agravada” cometido por agentes y altos directivos del DAS entre los años 2001 y 2004.
Adicionalmente, aseguró, sus denuncias contra funcionarios del DAS en búsqueda de justicia llevaron a que desde 2005 fuera víctima de otra serie de amenazas, seguimientos, hostigamientos, entre otros ataques. Según dijo, no ha habido progreso en las investigaciones por esos crímenes.
A pesar de algunas sentencias condenatorias por el delito de tortura psicológica agravada y una decisión judicial que reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en ese crimen, Duque considera que éste se mantiene en impunidad y crítica el lento avance en el sistema de justicia.
“Yo calculo que han sido por lo menos 18 declaraciones mías en Fiscalía, contando y judicializando situaciones que he sufrido”, explicó Duque. “En este momento entiendo que hay abiertas cuatro o cinco investigaciones por temas de amenazas, la última de las cuales se abrió en julio de este año. Y ninguno de esos procesos tiene ni una sola acción de avance. No hay nada absolutamente. Realmente la Fiscalía casi todos los ha archivado o cerrado, porque, según ellos, no hay pruebas”.
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, organización que ha acompañado a Duque en sus procesos judiciales, el 98% de las denuncias que hacen los periodistas por el delito de amenazas están en la impunidad.
Desde 2001, Duque ha tenido que salir tres veces en exilio (2001, 2004 y 2008). En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. Duque también ha recibido medidas de protección por parte del Estado, medidas que en 2022 se vio forzada a devolver debido a que tuvo conocimiento sobre una recolección masiva de datos sensibles que no sólo la ponían en riesgo a ella, sino a sus familiares y fuentes periodísticas.
A pesar de los diferentes delitos ocurridos en diferentes momentos de los que ha sido víctima Duque, los únicos y pocos avances que se han dado están relacionados con el delito principal de tortura psicológica agravada ocurrido entre 2001 y 2004.
Aunque sus denuncias en contra de funcionarios del DAS se hicieron desde el momento en que ocurrieron, fue solamente hasta 2013 cuando la Fiscalía General de Colombia tomó las primeras acciones al ordenar medida de aseguramiento en contra de algunos exfuncionarios del DAS por los delitos de tortura psicológica agravada. Dos años antes, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos firmó el decreto que ordenaba la desaparición del DAS debido al escándalo conocido en el país como las ‘chuzadas’, es decir, interceptaciones ilegales por parte del DAS a periodistas, políticos, magistrados de la Corte Suprema, entre otras personalidades.
Durante la investigación por las ‘chuzadas’, la Fiscalía encontró en las instalaciones del DAS el documento “Manual para amenazar” del que Duque ya había denunciado su existencia. Con conocimiento de que Duque tenía identificador de llamadas, el manual traía instrucciones precisas sobre cómo amenazarla, no permanecer en la línea más de 49 segundos o asegurarse de que no hubiera cámaras de seguridad al realizar la llamada.
En la actualidad solamente hay una persona en prisión por su caso principal: Enrique Alberto Ariza Rivas, quien fungía como director de inteligencia del DAS cuando se cometieron los hechos. Él fue deportado desde Estados Unidos a Colombia primero para cumplir sentencia en el macro caso de las ‘chuzadas’ y ahora por el crimen en contra de Duque.
En un momento, hubo 11 personas procesadas, de las cuales tres aceptaron cargos y fueron condenadas: el exdirector de Inteligencia del DAS, Carlos Alberto Arzayús; el subdirector de Desarrollo Tecnológico de la Dirección de Inteligencia del DAS, Jorge Armando Rubiano; y el exdirector de Operaciones de Inteligencia, Hugo Daney Ortiz. Estas tres personas ya se encuentran en libertad por cumplimiento de condena.
De los otros ochos procesados, siete quedaron en libertad por vencimiento de términos, es decir, porque se cumplió el plazo que tiene la administración de justicia para llevar a adelante los procedimientos judiciales. Uno de ellos fue absuelto el pasado 30 de mayo en una decisión rechazada por la FLIP.
“Vemos con preocupación la decisión de absolución de uno de los exagentes del DAS teniendo en cuenta que esta decisión se da por un análisis deficiente que desconoce algunas de las pruebas incorporadas [al proceso]”, dijo a LJR Ángela Caro Montenegro, coordinadora del Área Legal de la FLIP. “Esperamos que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revoque esta decisión, realice un análisis minucioso de cada uno de los elementos de prueba y condene a esta persona […], destacando la gravedad de estos hechos teniendo en cuenta los impactos individuales y al ejercicio del trabajo periodístico que han tenido para la periodista”.
El único proceso que sigue abierto es en contra de José Miguel Narváez, entonces subdirector del DAS y quien además fue condenado como “determinador” en el crimen de Jaime Garzón. Sin embargo, el proceso en su contra podría prescribir en 2024, es decir, el próximo año se acaba el tiempo que tiene la justicia de Colombia para resolverlo.
Para la FLIP “el lento avance” en el juicio de Narváez también es visto con “alarma”.
“La administración de justicia debe tomar las medidas que considere necesarias para que este juicio pueda avanzar de manera diligente evitando que se configure el fenómeno de la prescripción y que por ende estos hechos puedan quedar en impunidad”, dijo Caro Montenegro.
En octubre de 2017, el crimen de tortura psicológica agravada contra Duque fue catalogado como de lesa humanidad por la Fiscalía General de Colombia. Sin embargo, para Duque fue precisamente desde 2017 cuando se empezó a paralizar aún más su proceso por conseguir justicia.
“Yo veo que hay un antes y un después de la declaratoria de mi caso como un crimen de lesa humanidad”, dijo Duque. “Hasta ese momento teníamos un ritmo de investigación y de avance muy importante. Ya teníamos juicios en proceso, estábamos terminando juicios, en fin. [Pero] a partir de ese momento lo que se da es una parálisis del caso de la Fiscalía”.
Duque destaca cómo de manera inmediata tras la declaratoria de lesa humanidad el proceso contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, fue cerrado a pesar de que había “pruebas suficientes para haberlo continuado, pero un fiscal decidió que no”.
“Eso rompió la cadena de mando porque todo quedó en esos mandos medios que estaban siendo procesados en mi caso”, agregó Duque.
A lo anterior se suma el cambio de jueces. Una de las jueces, en concepto de Duque, paralizó los procesos, dejó en libertad a procesados e incluso le impuso a ella una “censura legal” al prohibirle pronunciarse sobre su propio caso. Hace un año, volvieron a cambiar a la jueza.
“Yo siento que a partir de la declaratoria de lesa humanidad, alguien, a un nivel muy alto dijo ‘ya no más. Ya es suficiente justicia la que se le dio a esta persona’”, aseguró Duque. “El Estado fue condenado por los hechos de los que yo fui víctima. Y es evidente que el Estado prefiere pagar una indemnización antes que encontrar a unos culpables, antes que llevar a cabo investigaciones que lleguen hasta el máximo responsable de los hechos que yo sufrí. Entonces, para mí hay una decisión política”.
En 2018, decidió presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de sus derechos humanos incluidos el derecho a la libertad de expresión, protección judicial, integridad personal, entre otros.
De acuerdo con Duque, este caso ante la CIDH se encuentra en etapa de fondo, es decir, la etapa en la que la CIDH decide si hubo o no violaciones de derechos humanos. Posteriormente, la CIDH podría enviar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En uno de los logros más importantes en esa búsqueda de justicia, el Consejo de Estado condenó a Colombia por la violación de diferentes derechos humanos de Duque y su familia.
En la sentencia del 17 de junio de 2022, el Consejo de Estado señaló que quedó demostrado que la periodista fue objetivo de interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica, y condenó al exinto DAS a reparar los daños causados a Duque y su familia. Esta reparación de 2.200 millones de pesos colombianos, señaló el Consejo de Estado, debería ser pagada por la entidad que sucedió al DAS.
“En el proceso, obran múltiples pruebas que dan cuenta de que en contra de la señora Claudia Julieta Duque Orrego se implementó un plan con el fin de castigarla por la actividad que estaba realizando, especialmente a través de las amenazas en contra de su hija”, estableció el Consejo de Estado en la sentencia.
Aunque la sentencia trajo alivio a Duque, la periodista considera que gran parte de sus crímenes se encuentran en impunidad, especialmente porque las pocas decisiones condenatorias que hay en su proceso se quedaron en “mandos medios” y no se ha llegado hasta quienes autorizaron la tortura en su contra.
Duque también ha mostrado su desacuerdo por el hecho de que cuatro implicados en su crimen hayan sido aceptados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) – el mecanismo de justicia transicional creado en el marco del proceso de paz del gobierno con la entonces guerrilla de las Farc.
“Siento que reconocer que los crímenes que cometió el DAS a personas de la sociedad civil en el gobierno de Álvaro Uribe como crímenes en el marco del conflicto armado es revictimizarnos a todos, no solamente a mí”, aseguró Duque. “Siempre les he dicho ‘pero, ¿qué tengo yo que ver con el conflicto? Yo ni siquiera cubría conflicto’. A mí me hacen víctima por estar investigando el caso de un periodista asesinado. Entonces, ustedes están queriendo decir o que Garzón era guerrillero o que yo era guerrillera, o que el DAS tenía razones para considerarnos subversivos. A mí eso me parece súper fuerte, revictimizante, y yo, por supuesto, siempre me he opuesto y me he seguiré oponiendo a la competencia de la JEP en mi caso”.
La Fiscalía General de la Nación informó a LJR que la petición para responder a comentarios había sido remitida al “grupo de peticiones de información sobre proceso penales”. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, LJR no recibió información adicional.
Asimismo, LJR intentó comunicarse con la Jurisdicción Especial para la Paz pero no obtuvo ninguna respuesta antes del cierre de este artículo.
“Diría que en realidad en Colombia la norma es la impunidad y creo que un poder muy grande en Colombia ya tomó la decisión de que a mí se me dio suficiente justicia con tener tres tipos condenados”, dijo Duque. “Ya hay una decisión político-judicial de no permitir el avance ni en el caso de tortura, ni en los otros casos”.
De las amenazas que ha recibido de manera sistemática desde hace 20 años, la FLIP también ha alertado los “nulos avances” de la Fiscalía. Según el monitoreo de esa organización, el 98% de las denuncias que hacen periodistas por el delito de amenazas está en la impunidad. Un tema por el que el Estado colombiano incluso ha recibido llamados de atención de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante este panorama de impunidad, para este año Duque decidió dejar de enfocarse en lograr justicia en estos casos de amenazas y dedicarse a lo que realmente la hace feliz: el periodismo.
“De verdad estoy en plan de salida y de admitir lo que nunca quise admitir y es que esa gente ganó y que en Colombia la justicia no es posible cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. No es posible”, dijo Duque quien agregó que dejará de invertir casi el 50% de su tiempo en investigar su propio caso para trabajar en investigaciones periodísticas.
Recientemente, de hecho, publicó de la mano del proyecto Forbidden Stories y el medio colombiano Cuestión Pública la segunda parte de la investigación sobre el crimen del periodista colombiano Rafael Moreno, ocurrido en 2022. Ya Duque había apoyado la primera parte de la investigación.
“Ese reportaje fue bastante doloroso porque es un caso muy triste de cómo en Colombia se sigue silenciando al periodismo crítico después de tantos años y de tanto dolor”, explicó Duque quien por su experiencia sabe que debe tomar las mejores medidas de seguridad. Es una de las razones por la que parte de su tiempo también lo dedica a capacitar a otros periodistas en técnicas de seguridad.
“Ha sido un retorno apasionante porque el periodismo es lo que yo llevo en la sangre, lo que me hace feliz. El periodismo de investigación es algo que yo siento que nací para eso y me encanta hacerlo. Y me encanta poder poner un granito de arena en la investigación de los casos de otros periodistas que han sido asesinados o que han sido atacados”, dijo Duque. “Volver con el caso de ‘Rafa’ Moreno ha sido muy importante para mí como profesional, no solo porque se trató de un consorcio de medios de más de 25 medios a nivel internacional que confiaron en mí para hacer ese trabajo de campo […], sino también porque es poder volver al terreno a hacer lo que tú haces, a lo que tú sabes hacer y poderlo reflejar de una manera profesional”.
