Casi treinta años después de su secuestro, el periodista peruano Gustavo Gorriti es testigo de una sentencia penal que calificó como “correcta y concluyente”. Sin embargo, consideró que, en un conflicto largo y duro, todos terminan perdiendo.
A fines de noviembre de 2021, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal de Perú condenó a 17 años de prisión al exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos, por haber ordenado el secuestro de Gorriti, reconocido periodista de investigación, en la madrugada del 6 de abril de 1992.
El juzgamiento del secuestro de Gorriti empezó en marzo de 2016.
Uno de los abogados de Gorriti, Carlos Rivera, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que “duró una eternidad” que el Poder Judicial determine si el caso debía ser juzgado en un tribunal anticorrupción o de derechos humanos.
Finalmente, cuando se decidió que debía juzgarse en uno de derechos humanos, el Ministerio Público pidió 25 años de prisión para Montesinos y varios ex-altos mandos de las Fuerzas Armadas que estarían implicados en el secuestro, informó en ese año la Agencia Andina.
Esta sentencia solo agrega años a las anteriores condenas que pesan sobre Montesinos, también exasesor presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000). Hace 20 años que está en la cárcel y tiene en su haber más de 30 sentencias condenatorias por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad cometidos durante la década de los noventa, incluyendo la dirección del Grupo Colina, un escuadrón de aniquilamiento.
“Luego de mi liberación hubo meses de extrema tensión –y mucho peligro– con la dictadura [de Fujimori]”, expresó Gorriti en entrevista con LJR.
El secuestro de Gorriti ocurre inmediatamente después del autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Fujimori cerró el Congreso de la República y ordenó a los militares y sus tanquetas a patrullar las calles. Además del Congreso, las Fuerzas Armadas también sitiaron los edificios del Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, entre otras instituciones del Estado, además de las sedes de varios medios de comunicación.
Como periodista crítico del gobierno, Gorriti está convencido de que su secuestro tuvo como objetivo su desaparición. Momentos antes de su secuestro, un grupo de hombres vestidos de civil y con armamento militar allanó su casa y, tras confiscar su computadora y varios archivos de sus trabajos periodísticos, lo condujeron al sótano del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), dejándolo incomunicado por varias horas.
“Fui capturado en la madrugada del 6 de abril [de 1992]. En la madrugada del 7 fui trasladado del SIE a la Dirección contra el Terrorismo de la Policía. Me quisieron liberar hacia el mediodía, pero yo no acepté salir hasta que me devolvieran algunos de los documentos que habían sustraído de mi casa. Llegué entonces hacia la media tarde a mi hogar”, dijo Gorriti a LJR.
Cuando sucedió el autogolpe de Fujimori, Gorriti alertó al diario El País de España, del cual era corresponsal, que si no transmitía su despacho sobre el golpe en las próximas horas es que lo habían detenido.
“Tenía también planes de contingencia detallados sobre qué hacer en una circunstancia de ese tipo”, contó Gorriti. Su esposa siguió uno de los planes de contingencia que él había preparado, y también su hija mayor desde Nueva York.
Estos planes de contingencia también lograron que El País se comunicara con el canciller de España en las primeras horas de su secuestro, comentó el periodista.
“El canciller español mandó instrucciones a su embajador en Perú, el muy notable Nabor García, quien en la mañana del 6 de abril ya estaba en la oficina del entonces Ministro de Defensa [de Perú], exigiendo con mucha energía mi liberación y barriendo las débiles excusas del Ministro, de que no sabían de mi paradero”, dijo Gorriti.
También hubo presión para su liberación por parte de un alto funcionario del gobierno estadounidense --con quien Gorriti había acordado una entrevista para el 6 de abril-- a través de la embajada de Estados Unidos.
“Junto con eso, la movilización internacional y las voces de protesta fueron muchas veces más intensas de lo que pensaron Montesinos y los otros golpistas. Ello llevó al régimen de Fujimori a reconocer primero que me tenían capturado, a trasladarme luego a una dependencia policial (la Dirección contra el Terrorismo) y a esforzarse luego por liberarme cuanto antes”, expresó Gorriti.
No obstante, al reflexionar Gorriti sobre su secuestro, dijo que a pesar de la cadena de eventos que le sucedieron pudo haber tenido consecuencias desastrosas. “Tuve mucha suerte”, dijo.
En una conferencia que dio Fujimori a la prensa extranjera poco después del autogolpe, Gorriti le increpó al entonces presidente sobre su secuestro, al mismo tiempo que le pidió le devolvieran su computadora. Durante la conferencia, Fujimori dijo tener conocimiento de la retención de sus archivos y computadora.
Al día siguiente, dijo Gorriti, le devolvieron su computadora en una dependencia policial.
“No borraron los archivos, pero sí lograron quebrar la clave de ingreso. Por fortuna, la información más importante no estaba ahí”, explicó.
El periodista cubrió durante los años 80 y principios de los 90, el conflicto interno desatado por las fuerzas de la organización terrorista de orientación maoísta Sendero Luminoso, la respuesta del Estado y los paramilitares.
Fujimori se convirtió años más tarde en el primer expresidente extraditado y juzgado en su propio país por violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En 2001, Fujimori renunció por fax a la Presidencia de Perú desde Japón, en donde pasó varios años hasta su viaje a Chile en 2005, cuando intentó regresar a Perú. Para entonces, ya pesaba sobre él una orden de captura internacional por los diversos y graves delitos que habría cometido durante la década de su mandato.
Chile terminó extraditando al expresidente en 2007, siendo uno de los argumentos de extradición de la justicia chilena el secuestro del empresario pesquero peruano Samuel Dyer y el de Gorriti, según un informe de la Corte IDH.
Tras su secuestro, dijo Gorriti, se volvió un periodista “inempleable”. “Ni siquiera como corresponsal” consiguió trabajar, enfatizó. “Me ofrecieron entonces viajar a Washington D.C. como Senior Associate en el Carnegie Endowment. Me fui con mi familia, pensando que iba a ser por unos pocos meses. Regresamos juntos al Perú nueve años después, aunque yo tuve varias entradas y salidas en el ínterin”.
Sobre los peligros que enfrenta la prensa crítica y de investigación en Perú actualmente, Gorriti sostuvo que aunque tenemos mejores medios y herramientas de comunicación que en el pasado, “las amenazas son largamente más complejas y mayores”.
Las tecnologías que existen hoy en día, como el internet y las redes sociales, que se supone permitirían conquistar el conocimiento y la libertad, dijo Gorriti, se han convertido en importante medida en herramientas de engaño y opresión.
“Al igual que en el pasado, el enemigo está también entre nosotros, solo que más tóxico que antaño”, concluyó.