Actualización (25 de agosto): El periodista y activista Carlos Julio Rojas fue liberado de una prisión militar en Venezuela el 24 de agosto, tras pasar más de siete semanas detenido. En una conferencia de prensa el 23 de agosto, defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil habían pedido que se permitiera a organizaciones internacionales vigilar las condiciones en las que viven los prisioneros políticos, y específicamente mencionaron el caso de Rojas.
Rojas fue acusado de traición, rebelión militar y robo de artefactos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, de acuerdo con El Estímulo.
"Gracias a mi familia, colegas periodistas y a nuestro pueblo de Caracas, quienes se entregaron en cuerpo y alma para conquistar mi libertad", escribió Rojas en Twitter tras su liberación.
De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, al periodista le fueron ordenadas cuatro medidas precautorias, incluida una que le obliga a reportarse a las autoridades cada 30 días.
La madre de Rojas, Sol Rojas, dijo a Unión Radio que llevará el caso a organismos internacionales, en vez de al sistema judicial venezolano o a la Asamblea Nacional, de acuerdo con el sitio de noticias RunRun.es. "Tampoco acudiré a ninguna otra instancia nacional pues no las reconozco", dijo.
Original (23 de agosto). Defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil del continente americano hicieron un llamado a organizaciones internacionales para que puedan “constatar [la] integridad física” de la gente presa en Venezuela por razones políticas, según la organización defensora de la libertad de expresión IPYS Venezuela.
Treinta y tres organizaciones y casi dos docenas de personas firmaron una carta con la petición la cual fue presentada durante una conferencia de prensa este 23 de agosto.
Durante la conferencia de prensa, los grupos resaltaron el caso del periodista Carlos Julio Rojas como uno de particular preocupación para las organizaciones periodísticas, según El Nacional.
Rojas, quien es un líder local de la parroquia Candelaria de Caracas, fue detenido el 6 de julio sin una orden de arresto por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y fue acusado por los oficiales de insultar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y de incitar a las personas a protestar, informó el sitio de noticias Efecto Cocuyo.
En su momento, la abogada de Rojas señaló que uno de los testigos en contra del periodista era alguien que Rojas había denunciado previamente ante el Ministerio Público por acoso y amedrentamiento, según Efecto Cocuyo. El sitio agregó que “se trata del primer periodista en ser juzgado por cargos militares”.
A través de su madre, Rojas denunció recientemente condiciones inhumanas en la prisión militar a donde fue llevado, según El Nacional. El periodista describió las celdas como estrechas en las que no era posible dormir o caminar, y dijo que le daban 60 gramos de comida cada día, según la publicación. Si recibía o no comida, dependía de su comportamiento.
Entre el 1 de abril y el 30 de julio de 2017 se han registrado 128 personas muertas y 1.934 heridas durante las protestas, 5.051 detenciones arbitrarias y 676 prisioneros de conciencia, escribió IPYS Venezuela citando al Ministerio Público, al Alto Comisionado de la ONU y a Foro Penal, respectivamente.
La carta de varios defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil cita un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre violaciones de derechos durante las protestas.
“Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, señala el informe. Agregó que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió a un equipo a monitorear la situación desde Panamá toda vez que las autoridades venezolanas no respondieron los pedidos de acceso. Durante el monitoreo, el equipo realizó 135 entrevistas.
Sobre las detenciones arbitrarias, la Oficina dijo que “en varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura”. Citaron tácticas que incluyen choques eléctricos, golpizas, colgar a los presos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y amenazas de muerte e incluso de violencia sexual.
“Las instituciones que deberían evitar que esto suceda, la actual Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo se han subordinado a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por lo que garantizan impunidad tanto para las violaciones como para los violadores de derechos humanos”, señala la carta dada a conocer este 23 de agosto por el grupo de 33 organizaciones.
Por esa razón, quieren que instituciones internacionales especializadas en derechos humanos - el grupo menciona particularmente a la ONU y la OEA - y agencias humanitarias presionen al Estado para que puedan monitorear las condiciones de los prisioneros.
Oswaldo Cali, de la organización defensora de libertad de expresión Espacio Público, dijo que el caso de Rojas será llevado a instancias internacionales en particular al sistema interamericano de derechos humanos.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
