Por Lorenzo Holt
Varios periodistas, fotoperiodistas y medios de comunicación mexicanos enviaron recientemente una carta formal al gobierno de Veracruz denunciando casos de presunta violencia policial contra los periodistas que cubrían protestas de maestros los días 21 y 22 de noviembre.
En el documento, condenaron las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y exigieron que el gobierno garantice la integridad física de los periodistas.
La carta enviada informa que 12 periodistas fueron agredidos por la policía mexicana mientras cubrían las protestas en las ciudades de Xalapa y Boca del Río, en el estado de Veracruz.
Los periodistas fueron amenazados y atacados, y en algunos casos sus equipos fueron robados o destruidos, de acuerdo con Proceso.
Los hechos ocurrieron sólo 20 días después de que el gobierno de Veracruz aprobara “Alerta Temprana”, una iniciativa destinada a proteger a los periodistas de ataques físicos.
“Tenían una orden de reprimir y contener la protesta de los profesores a través de policías uniformados y vestidos de civil”, dijo el codirector de portal Plumas Libres, Miguel Ángel Díaz, en una entrevista con el Centro Knight. “El gobierno no utilizó el diálogo como se hace en países civilizados para evitar la protesta, sino que utilizó la fuerza. No hay respeto por el ejercicio periodístico en Veracruz”.
Los periodistas sufrieron ataques violentes por parte de la policía mientras cubrían los sucesos en Boca del Río, de acuerdo con la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19. Iván Sánchez, reportero de MVS Noticias, fue atacado por miembros del grupo antimotines y recibió varios golpes, así como daños a su cámara, informó el sitio de noticias Notiver.
Plumas Libres subió un video a Youtube del enfrentamiento entre Sánchez y la policía. Debido a sus heridas, el periodista tuvo que recibir atención médica de emergencia, de acuerdo con Artículo 19.
En otro caso presentado en Xalapa, a la periodista Melissa Díaz le robaron todo su equipo y lo destruyeron delante de ella, según el informe de Artículo 19. Después de denunciar los ataques ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores, personal de la SSP la contactó para informarle que iba a recibir un nuevo teléfono.
De acuerdo con Artículo 19, Díaz declaró que esto “no constituye una reparación” debido a que perdió la información almacenada en su dispositivo.
Raziel Roldán, periodista de Plumas Libres que estuvo presente en la escena, es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal. El reportero activó el botón de pánico que le fue dado por las autoridades en caso de una agresión, sin embargo solo recibió una respuesta mucho tiempo después del evento de manera telefónica, según dijo Miguel Díaz al Centro Knight.
“[El dispositivo] tiene un GPS [para saber] tu localización e inmediatamente deben mandar a tu auxilio”, agregó Díaz. “En el caso de Raziel [Roldán] le llamaron una hora después, es decir, no sirvió porque en esa hora le pudieron haber hecho cosas más graves”.
El 3 de noviembre, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmó el “Sistema de Alerta Temprana del Estado de Veracruz” con el apoyo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la SSP. La iniciativa estaba destinada a aprobar nuevas políticas para la defensa de los periodistas y para fortalecer el Mecanismo de Protección Federal.
“La firma de la Alerta Temprana entre el SEGOB y el Gobierno de Javier Duarte solo fue para tomarse la foto”, dijo Díaz. “Pero no hay intención de parte del gobierno ‘Duartista’ de frenar las agresiones a los periodistas independientes y que no reciben línea del gobierno, que en este caso es la mayoría”.
El 12 de noviembre, un poco más de una semana antes de las presuntas agresiones contra periodistas, el gobierno de Veracruz informó que llevó a cabo una conferencia dirigida a miembros de la policía estatal para educarlos sobre su obligación profesional de proteger y respetar los derechos humanos y el trabajo de los periodistas.
Organizaciones de defensa y medios de comunicación han señalado los altos niveles de violencia contra periodistas en el estado de Veracruz. Tres de los siete asesinatos de periodistas ocurridos este año han sucedió en Veracruz. El séptimo asesinato, el del fotoperiodista de Veracruz Rubén Espinosa, se produjo en la ciudad de México en donde se había refugiado temiendo por su vida.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
