Un colectivo de 60 personas – entre políticos, periodistas, escritores y ex legisladores ecuatorianos – presentó una nueva demanda ante la Corte Constitucional buscando la suspensión de la Ley Orgánica de Comunicación, de acuerdo a informaciones de diversos diarios locales de ese país. La demanda representa el segundo esfuerzo en las cortes por revocar la ley.
La demanda suscribe que la llamada “ley mordaza”, como la califica la oposición, fue aprobada por el legislativo yendo en contra de la propia Carta Magna, la cual no establece a la comunicación como un servicio público, como dicta la norma. Así pues, la consideración de la comunicación como un “servicio público” permite al Estado fiscalizar civil y penalmente a las empresas periodísticas privadas, reportó el diario Hoy.
Otro de los cuestionamientos a la norma es el carácter del Artículo 1, por el cual el gobierno puede regular “el ejercicio de los derechos de la comunicación”. Según la demanda, esta es una medida inconstitucional.
En total, la denuncia contiene 23 impugnaciones a otros artículos de la ley, informó Hoy.
La polémica Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada el pasado 25 de junio por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, con el respaldo unánime del partido oficialista Alianza País, el cual domina la Asamblea, luego de que el mandatario fuera reelegido en febrero de este año para ejercer un segundo período de gobierno.
El “linchamiento mediático” es uno de los controversiales aspectos que contempla la ley en su Artículo 16, el cual prohíbe “la difusión de información concertada y reiterativa [...] destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Según el director de la organización ecuatoriana Fundamedios, César Ricuarte, “esta figura no existe en ninguna otra legislación nacional o tratado internacional”.
La primera demanda contra la ley fue presentada ante la Corte Constitucional ecuatoriana el 4 de julio e impuesta por el legislador de oposición Luis Fernando Torres, la cual denuncia 40 artículos de la norma afirmando que “no fueron debatidos en el Pleno de la Asamblea”. Según este reclamo, la controversial ley viola las normas constitucionales y los tratados internaciones respecto a temas como libertad de expresión y derechos humanos.
En agosto, respecto a la aprobación de la cuestionada ley de medios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó al presidente Correa buscar la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los estándares internacionales en cuanto libertad de prensa y expresión.
La presidencia de Correa se ha caracterizado por marcadas tensiones y presiones hacia los medios privados del país, las cuales han incluido numerosas descalificaciones verbales y procesos legales contra ellos.
La semana pasada, el Ministro del Interior José Serrano amenazó a los diarios locales La Hora, El Universo y El Comercio con aplicarles la Ley de Comunicación por publicar que la policía utilizó balas de goma y gas lacrimógeno para reprimir las protestas en defensa del Parque Nacional Yasuní-ITT. Serrano negó dichas informaciones y les dio 24 horas para que presenten las pruebas que las sustentan.
En respuesta, El Comercio rechazó públicamente el ultimátum explicando sus argumentos en el editorial “A nuestros lectores”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
