La libertad finalmente regresó para periodistas nicaragüenses críticos del régimen de Daniel Ortega que permanecían encarcelados y cuya liberación había sido exigida por colegas, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos desde sus detenciones en 2021.
Pero con la libertad venía incluido el destierro. Al menos cinco periodistas y empresarios de medios y dos estudiantes de periodismo están en la lista de 222 presos políticos que el jueves 9 de febrero el gobierno de Ortega excarceló y envió en un vuelo a Estados Unidos a enfrentar un futuro incierto.
Cristiana Chamorro, vicepresidenta del periódico La Prensa y ex precandidata a la presidencia de Nicaragua; su hermano, el también periodista y político Pedro Joaquín Chamorro; Juan Lorenzo Holmann, gerente general del mismo diario; Miguel Mora, fundador del canal 100% Noticias; Miguel Mendoza, periodista y cronista deportivo; y Jaime Arellano, comentarista político, están en el grupo de presos políticos liberados y desterrados.
#EnImágenes El periodista Carlos Fernando Chamorro viajó hasta Washington para saludar a sus hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
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— FuentesConfiables (@F_confiablesNic) February 9, 2023
También están en ese grupo Lesther Alemán, líder estudiantil y egresado de la carrera de periodismo; y Samantha Padilla Jirón, activista y estudiante de periodismo, quienes se suman a empresarios, defensores de derechos humanos, estudiantes y activistas que se encontraban en cárceles o en prisión domiciliaria bajo delitos presuntamente fabricados por ser opositores al gobierno de Ortega.
Desde la noche del viernes 8 de febrero, periodistas y defensores de derechos humanos notaron movimientos inusuales en las principales cárceles de Nicaragua. En las primeras horas del jueves 9, se supo que algunos presos estaban siendo trasladados en autobuses a destinos desconocidos.
“Suponíamos que podrían ser liberados, pero bueno, la sorpresa fue más bien el destierro”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Lucía Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, quien también estuvo encarcelada por criticar al régimen de Ortega, pero fue liberada en junio de 2019 como parte de una amnistía. “Pensábamos realmente que iban a ser liberados por todos esos movimientos que estaban haciendo en todas las celdas del país. El régimen decide liberarlos, cuando había dicho que no los iba a liberar”.
En un documento con fecha del 8 de febrero emitido por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, se ordenó “la deportación inmediata” de personas “que violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. En el documento aparece la lista con los nombres y números de cédula de las 222 personas desterradas.
La madrugada del 9 de febrero los presos políticos fueron puestos en varios autobuses y llevados al aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua. Un avión de la aerolínea estadounidense de vuelos chárter Omni Air había aterrizado a las 2:37 am del jueves en ese aeropuerto, procedente de Norfolk, Virginia. Los presos políticos abordaron ese avión, el cual despegó a las 6:31 am con destino al aeropuerto Washington-Dulles. Ni los presos ni sus familiares fueron notificados del destierro.
“No teníamos idea, un día anterior nos dijeron que nos cambiáramos y limpiáramos. Nos cubrieron en el recorrido, solo supimos [que saldríamos del país] cuando estuvimos en el avión”, dijo al diario La Prensa Suyen Barahona, activista y presidenta de la organización Unamos.
Fue hasta antes de abordar la aeronave que los presos políticos fueron informados por personal de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua que serían llevados a Washington DC. Les dieron a firmar un documento en el que aceptaban voluntariamente el viaje, según narró a la prensa Juan Sebastián Chamorro, líder opositor y ex precandidato a la presidencia de Nicaragua, pocas horas después de su llegada a la capital estadounidense.
Durante el vuelo, con número de identificación OAE37, los presos liberados se reencontraron con colegas y compañeros de lucha que habían estado en diferentes cárceles. Juan Sebastián Chamorro narró que incluso entonaron el Himno Nacional de Nicaragua varias veces mientras se alejaban de su tierra natal.
Los presos políticos abordaron un avión de Omni Air que despegó a las 6:31 am de Managua con destino a Washington-Dulles. (Foto: Captura de Pantalla de Confidencial en YouTube / Creative Commons)
A su llegada a Washington DC, los desterrados fueron trasladados a un hotel, donde se les practicó una revisión médica, se les dio orientación legal y fueron interrogados por agencias de inteligencia estadounidenses, de acuerdo con el medio digital Divergentes. A los 222 nicaragüenses se les otorgará una visa humanitaria que les permitirá vivir y trabajar en Estados Unidos por dos años, tiempo durante el cual podrán solicitar asilo si así lo desean.
La liberación de los 222 presos políticos fue resultado de una “diplomacia concertada” del Gobierno de Estados Unidos, según dijo Antony Blinken, Secretario de Estado estadounidense, en un comunicado. Sin embargo, Ortega declaró el mismo jueves en cadena nacional que fue idea de su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el pedir al embajador de Estados Unidos que se llevara “a todos esos terroristas”.
Aunque el régimen de Ortega afirma que no tiene intención alguna de negociar con Estados Unidos, Blinken dijo que la liberación de estos presos abre la puerta al diálogo entre las dos naciones y que la administración del Presidente Biden seguirá buscando apoyar al pueblo nicaragüense.
Para periodistas de Nicaragua, la decisión de liberar presos políticos obedece más a las sanciones económicas impuestas sobre el régimen de Ortega y a la presión internacional.
“Daniel Ortega entregó todas las fichas de negociación con los presos políticos porque está desesperado ante las sanciones. Estados Unidos le había hablado bastante claro: si no hay liberación de presos, no se abre ninguna puerta para dialogar”, dijo Pineda. “Ortega dice que no hay ningún tipo de negociación, pero sí hay una asfixia bastante fuerte al interior del régimen”.
Para la escritora nicaragüense Gioconda Belli, los hechos tienen que ver con la condena que miles de personas y organizaciones en todo el mundo han expresado enérgicamente contra los actos de atropello a los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega y Murillo.
“No sabemos exactamente qué logró la liberación de los presos el 9 de febrero. Estados Unidos afirma que fue una acción unilateral del régimen; yo pienso que la presión internacional fue efectiva”, escribió Belli en una columna para El País. “Es un factor de esperanza saber que la comunidad de naciones puede actuar en concierto para acorralar a quienes tratan de imponer sus injusticias”.
Cristiana Chamorro había sido condenada a ocho años de prisión por supuesta "gestión abusiva y lavado de dinero" en relación al manejo de su fundación. La periodista cumplía su sentencia incomunicada en arresto domiciliario desde su detención, en junio de 2021.
Su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, también detenido en 2021, fue condenado a nueve años de prisión por los mismos supuestos delitos. En mayo de 2022 se le concedió cumplir su condena en prisión domiciliaria debido a su estado de salud.
Juan Lorenzo Holmann recibió una condena de nueve años de prisión acusado de supuesto lavado de dinero. Se encontraba cumpliendo su condena en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”, una instalación que ha recibido múltiples denuncias de tortura y abusos.
En la misma prisión se encontraban sus colegas Miguel Mora, sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y Miguel Mendoza, condenado a nueve años de cárcel por el mismo supuesto delito, además del de “difundir noticias falsas”.
"Nunca pensé ser un asilado político", confiesa el cronista deportivo Miguel Mendoza (@Mmendoza1970), tras más de 24 horas de haber sido excarcelado. "Estoy aquí forzado por las circunstancias, porque es mejor estar aquí que en un hoyo como en el que estábamos" pic.twitter.com/smeX8jiu3k
— República18 (@18republica) February 10, 2023
Por su parte, Jaime Arellano cumplía en arresto domiciliario -y con múltiples problemas de salud- una condena de 13 años por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Lesther Alemán fue condenado a 13 años de prisión por el mismo delito tras encarar a Ortega y exhortarlo a rendirse ante las protestas sociales de 2018.
Samantha Padilla Jirón permanecía en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza condenada a ocho años también por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y por “difundir noticias falsas”.
Además del encarcelamiento de periodistas y empresarios de medios de comunicación, en los 16 años que lleva Ortega en el poder, su régimen ha cerrado medios de comunicación y ha allanado las instalaciones de otros. Incluso se ha apropiado de edificios de algunos de esos medios, todo en un intento por acallar las voces críticas.
“La salida de los presos políticos, aunque sea por la vía del destierro, es motivo de alegría para todos los nicaragüenses [...]. Pero es un paso y hay que seguir denunciando desde el periodismo cada una de las ilegalidades que se siguen cometiendo, como quitarle a los presos políticos su nacionalidad bajo la acusación falsa de que son traidores de la patria. Son inocentes”, dijo a LJR Octavio Enríquez, periodista del medio digital Confidencial y miembro de la plataforma de periodismo CONNECTAS. “Debemos mantener la lucha y debemos seguir relatando y documentando. Los presos políticos son un símbolo de la lucha por la libertad. Hablaron con su ejemplo y nunca se doblegaron, pese a las presiones y malos tratos”.
La mayoría de las 222 personas que salieron de Nicaragua el jueves 9 de febrero se enteraron hasta su llegada a Washington DC que las autoridades de su país habían decidido retirarles sus derechos ciudadanos y su nacionalidad nicaragüense.
Pocas horas después de la salida del avión de Omni Air, Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó ante los medios de comunicación la “sentencia de deportación” que declara a las 222 personas como “traidores a la patria”, los inhabilita permanentemente para ejercer cualquier cargo público y les suspende sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
El mismo jueves, la Asamblea Nacional de Nicaragua inició de forma exprés un proceso para reformar el artículo 21 de la Constitución de ese país con el fin de establecer la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a todo aquel que sea considerado “traidor a la patria”.
La reforma, que fue aprobada con 89 votos, de un total de 91, establece que los individuos que violen la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz perderán la nacionalidad nicaragüense.
Sin embargo, de acuerdo con Pineda, quien estuvo en contacto con varios de los nicaragüenses liberados tras su llegada a Estados Unidos, los 222 pasajeros del avión recibieron un pasaporte nicaragüense nuevo con validez por 10 años al momento de descender de la aeronave.
“En ese momento que pisan suelo estadounidense se los iban entregando uno a uno. Ellos quedaron sorprendidísimos porque pensaron ‘¿a qué hora me sacaron mi pasaporte?”, contó Pineda a LJR.
“Ortega los libera y dice que no son nicaragüenses, pero sí les entrega el documento, un pasaporte que indica que son nicaragüenses”, agregó. “Dice que esa reforma constitucional que hicieron determina que los que son sentenciados por traición a la patria pierden la ciudadanía nicaragüense, pero el mismo Estado te da un pasaporte para desterrarte. Entonces ahí ves algo que no encaja”.
La periodista Lucía Pineda, de la cadena 100% Noticias, habló con algunos de los prisioneros liberados tras la llegada de estos a Estados Unidos. (Foto: Patricia Lim/ Centro Knight)
Aun tras la liberación y el destierro de los presos políticos, el régimen sigue violando sus derechos, de acuerdo con organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que afirmó que la deportación es una figura aplicable únicamente para extranjeros y que la reforma para despojar a los opositores políticos de su nacionalidad es ilegal.
“Es completamente absurda esa precipitada, ilegal y contradictoria decisión de reformar artículos pertinentes de la Constitución, reforma que entraría en vigencia después que se apruebe en la segunda legislatura que inicia el 9 de enero de 2024”, dijo la organización en un comunicado. “A ningún nicaragüense se le puede privar de su nacionalidad. Esperamos que el régimen no tenga tiempo de aplicar formalmente esta atrabiliaria reforma”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró la llegada a suelo estadounidense de los 222 nicaragüenses y señaló que los crímenes cometidos contra esas personas no deben quedar impunes y que sus derechos deben ser restituidos a la brevedad.
“La libertad de estos presos políticos es también una demostración de que la presión internacional es imprescindible con las dictaduras”, expresó la organización en un comunicado. “Lo acontecido hoy no es sin embargo una ‘liberación’. Estas personas fueron injustamente encarceladas -algunas durante años- por pensar, manifestar o escribir sus opiniones contrarias al régimen imperante en Nicaragua. Muchas de ellas fueron torturadas, aisladas de todo contacto con el mundo exterior”.
Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dijo que la salida de los presos políticos de Nicaragua, incluidos los periodistas, deja una sensación de alivio, aunque su seguridad, luego de injustos y prolongados encarcelamientos y maltratos, debe seguir siendo una máxima prioridad.
“Las autoridades de Nicaragua deben garantizar la seguridad de los presos liberados y sus familias, dejar de perseguir y hostigar a los periodistas y garantizar que los medios puedan informar sin temor a la detención o el exilio forzado”, dijo Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ en Nueva York.
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) mostró su satisfacción de que los colegas liberados ya no estén en centros de tortura y puedan finalmente comunicarse con sus familias.
“Condenamos la infundada acción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de arrebatar a estas personas su nacionalidad”, expresó la organización en un comunicado a través de sus redes sociales. “Felicitamos a nuestro grupo de colegas que son ejemplo para el quehacer desde la comunicación y el periodismo que no renuncia a la verdad y no ha callado ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en nuestro país”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó alivio por la liberación de los periodistas Juan Lorenzo Holmann -quien fungía como vicepresidente regional de la organización-, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano.
"Si bien nos alienta la excarcelación de los prisioneros, repudiamos que el régimen los haya deportado del país y que se les declare traidores por ejercer su derecho a la libertad de expresión y disentir del oficialismo”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, en un comunicado.
La mañana del viernes 10 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que el Gobierno de España ofrecía la nacionalidad española a los 222 presos políticos liberados. La oferta, dijo, es también para los presos políticos que siguen en cárceles nicaragüenses.
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