*Para resguardar la seguridad de los periodistas citados en esta nota, no se revela la identidad de algunos de ellos por pedido expreso, debido a su situación de riesgo y vulnerabilidad.
“¿Cuál es el mayor miedo de hacer periodismo en la frontera entre Paraguay y Brasil?”, le preguntamos a nuestro primer entrevistado. Y respondió: “Escribir y decir cosas de más, sin medir su dimensión para los códigos de la región. Eso puede colocar mi vida en riesgo”, dice el periodista multimedia a LJR, desde la ciudad de Ponta Porã, en el estado de Mato Grosso do Sul (Brasil), donde trabaja desde hace 25 años.
La frontera entre Paraguay y Brasil es una de las más peligrosas del narcotráfico de Sudamérica. Está dominada por el Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo de crimen organizado brasileño que controla el tráfico tanto de marihuana como de cocaína.
Las amenazas al ejercicio del periodismo son moneda corriente en Ponta Porã y Pedro Juan Caballero. Existe una alerta diaria que obliga a los profesionales de la comunicación a autocensurarse, esto es: en las noticias evitan colocar nombres o informaciones que puedan comprometerlos.
“La vida aquí no vale nada”, agrega el periodista que prefiere resguardar su identidad.
Las historias de amenazas siempre están presentes en la vida de los periodistas de la región. En 2016, cuando asesinaron al jefe del narco, Jorge Rafaat, la noticia publicada en el sitio informativo que coordina este periodista tuvo que ser retirada por pedido expreso de las bandas criminales.
“Habíamos publicado la noticia sobre el autor de ese asesinato, de sus vínculos con el lavado de dinero y adquisición de armas. Inmediatamente me llamaron para que la sacara del aire”, nos cuenta. Y como consecuencia de otro reportaje, “tocaron el timbre de mi casa pidiendo lo mismo con relación a una noticia sobre el narcotraficante brasileño (Jarvis) Pavão”.
Un periodista recibió amenazas vía telefónica tras publicar un artículo sobre el asesinato del capo del narcotráfico Jorge Rafaat, en 2016. (Ilustración: Generada con IA)
Una calle de vegetación verde oscuro divide a Ponta Porã (Brasil) de Pedro Juan Caballero (Paraguay). Son ciudades gemelas. A uno y otro lado de esta línea divisoria binacional, flamean las banderas de los países. El estado brasileño de Mato Grosso do Sul posee con el Paraguay 438 km de extensión de la llamada frontera seca (por tierra).
Hacer periodismo en esta región ha costado vidas y amenazas desde los años 90. Organizaciones internacionales han informado e investigado desde fuera de la región.
“Fue el caso de Leo Veras, asesinado en febrero de 2020 y de Humberto Andrés Coronel Godoy, asesinado el 6 de septiembre de 2022. Los periodistas de esta zona son víctimas de violencia y las agresiones contra ellos quedan, en su mayoría, impunes”, dice el resumen informativo de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF).
El miedo los acorrala en las coberturas y en la redacción de las noticias. En esa frontera ya se registraron al menos 10 muertes de periodistas en la última década.
Especialmente del lado del Paraguay, hubo 21 periodistas asesinados en 30 años. Ese país se encuentra en el puesto número 103 de un total de 180 países clasificados por RSF, a causa del riesgo de ejercer la profesión. La lista comienza con una clasificación de mejor a peor situación de libertad de prensa. Brasil ocupa el puesto 92 y ambos países se definen como “problemáticos”.
En 2020, el caso del asesinato a sangre fría de Leo Veras, periodista que cubría temas policiales y de narcotráfico, conmocionó a la prensa local y contrajo el trabajo de los periodistas de la región. La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), que acompaña ese caso, conversó con LJR.
“Existe una sensación de impunidad constante. Hasta hoy no hay noticias sobre los responsables del crimen de (Leo) Veras. La justicia de Paraguay absolvió en 2022 a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, líder del PCC, uno de los sospechosos de haber participado en el crimen”, dice Angelina Nunes, coordinadora del Programa Tim Lopes de Abraji, a LJR. “Los periodistas en esa frontera están al filo de la navaja”, concluye.
Sin embargo, un tiempo después, en marzo de 2023, revocó la absolución y ordenó realizar un nuevo juicio.
Los medios de comunicación tanto televisivos como radiales y online relatan lo factual, o sea, los hechos, pero sin adentrarse en detalles de investigación para no comprometer nombres del narcotráfico, de la política, del contrabando.
“Lo que sucede en la frontera también se observa en el Brasil más profundo. Cuando muere o desaparece un periodista, la comunidad del lugar se retrae por miedo. Y entonces, se modifica la forma de cobertura periodística y se deja de acompañar una serie de asuntos importantes”, analiza Nunes quien estuvo en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã cuando Veras fue asesinado.
Ejercer la libertad de expresión en ese territorio se convierte en un ejercicio de autocensura. Marciano Candia, corresponsal de Acción Multimedios dice a LJR: “Muchas veces, se debe dar un enfoque a la noticia no como uno quisiera y tener mucho cuidado con realizar investigaciones profundas”. Candia notició en 2022 las amenazas previas al asesinato del periodista radial Humberto A. Coronel Godoy para el periódico online Última Hora.
Las condiciones laborales de los periodistas en la región incrementan su exposición al peligro y el temor es parte del día a día.
“Muchos de ellos trabajan en sus casas donde viven con sus familias y desde donde escriben, montan sus estudios de radio y transmiten programas online”, dice a LJR Sergio Ramalho, periodista de investigación que colabora con Abraji en el Programa Tim Lopes contra la violencia a periodistas.
Si bien existen redes de instituciones y apoyo a periodistas en situación de riesgo, cabe preguntarse: ¿qué se hace más allá de retirar al periodista de la ciudad en donde corre peligro? ¿Será que sólo esa acción resuelve la situación? ¿Qué le cabe a las autoridades de ambos países?
“Lo principal y más importante a dejar en claro es que en ningún caso los periodistas se callen. En toda circunstancia, deben pedir ayuda”, concluye la periodista e investigadora Nunes.
“O trabajas con seguridad policial durante 24 horas o tienes que mudarte a otro lugar”, dice a LJR un periodista televisivo de la región fronteriza que prefirió resguardar su nombre e identidad.
El periodista Cándido Figueredo (centro) vivía con guardias armados las veinticuatro horas del día. (Foto: Cortesía)
Irse del país fue la decisión más segura para el reportero paraguayo Cándido Figueredo, ganador en 2015 del Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). En 2020, luego de pasar 24 años y 8 meses con custodia policial y trabajando para el diario ABC Color, Figueredo se trasladó de Pedro Juan Caballero a Estados Unidos, donde está actualmente en proceso de solicitud de asilo.
“Lo que marcó mi salida del Paraguay fue el asesinato de Leo Veras. Al día siguiente de su muerte, la Policía Federal Brasileña me informó que habían interceptado una llamada telefónica y que la próxima víctima sería yo”, cuenta a LJR desde Filadelfia, donde vive y trabaja dando clases de español en la Thomas Jefferson University.
Figueredo vivió las décadas de los 90 y años 2000 en la frontera. Fueron épocas del crecimiento de la producción y distribución de drogas en la región. El miedo se fue apoderando de los habitantes y cercenando la libertad de expresión. En la frontera entre Paraguay y Brasil el narcotráfico se hizo fuerte no sólo en Ponta Porã y Pedro Juan Caballero sino en Ciudad del Este, Foz do Iguazú y Saltos del Guairá.
“Las mafias tomaron el control a base de terror, asesinatos y armas del PCC (de São Paulo) y del Comando Vermelho (de Río de Janeiro). El miedo hizo que la gente no quisiera meterse con ellos y muchos se doblegaron a las mafias por beneficios, como políticos paraguayos”, explica Figueredo.
Una de las historias más impactantes fue la que tuvo como protagonista a Figueredo con un abogado de un bando criminal que lo quiso sobornar para que no escribiera ni publicara artículos que los comprometieran.
“El abogado me visitó, le seguí la conversación y le pregunté cuánto me pagaría por no publicar. ‘Tres mil dólares’, me respondió. Obtuve la grabación sonora de la charla con un grabador que llevaba en el bolsillo y un texto escrito que el abogado redactó para eventual publicación de acuerdo a su criterio y pretendía que publicara”, relata en detalle Figueredo. Una vez que el abogado se fue, Figueredo escribió un artículo sobre el episodio de soborno. Y los 3.000 dólares los donó a un hospital de niños para comprar ventiladores. La nota sobre el soborno fue publicada en el ABC Color y llegó a conocimiento de la mafia local. El mensaje que recibió fue claro: “en cuanto pueda, te mato”.
Las medidas de protección que tomaba Figueredo cuando vivía en el Paraguay eran estrategias de muy poca exposición pública.
Figueredo dijo que el abogado de un grupo criminal le ofreció dinero para que no publicara artículos comprometedores. El periodista donó el dinero a un hospital y escribió sobre el incidente. (Ilustración: Generada con IA)
“Nunca iba a bares, restaurantes, ni casamientos o fiestas sociales. Además, yo tenía un acuerdo con mi entorno más cercano. Mis familiares decían que yo estaba loco y que no estaban en contacto conmigo desde hacía mucho tiempo. Por mi parte, yo decía que tampoco tenía contacto con ellos. Era un acuerdo familiar para sacar a mis parientes de la mira y el peligro de los narcotraficantes”, cuenta.
De acuerdo con fuentes de estadísticas policiales, en el radio de las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã se registra un promedio de 150 asesinatos por año por asuntos relacionados con el crimen organizado. La ciudad de Ponta Porã concentra el 10,6% de todos los homicidios registrados del estado de Mato Grosso do Sul. Allí donde el Estado no se hace presente, estos sectores toman el territorio y el poder.
“Si las instituciones funcionaran, tendríamos mayor seguridad, pero eso no sucede y por eso los autores de asesinatos a colegas periodistas aún no fueron detenidos”, concluye Figueredo.
