El periodista peruano Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y su cofundadora y colega Romina Mella, presentaron el 19 de julio una demanda constitucional de amparo ante el Juzgado Constitucional de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, por la continua y agresiva intimación a su sitio periodístico. En el transcurso de una misma semana, las autoridades les han exigido hasta en tres oportunidades la revelación de sus fuentes y la entrega del material informativo de su más reciente investigación periodística, a consecuencia de la cual han renunciado hasta el momento al menos nueve funcionarios.
La periodista Mella dijo al Centro Knight que han presentado esta demanda constitucional de amparo “para impedir justamente las acciones de la Fiscalía y el Congreso, que pretenden que les entreguemos el material de nuestra información, que revelemos la identidad de nuestras fuentes y (…) esto es inconstitucional, es ilegal”. Mella añadió que para IDL-Reporteros esta intimación de las autoridades es algo inaceptable y que no van a permitir que eso ocurra.
Con esta acción de amparo, el sitio periodístico ha denunciado constitucionalmente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, la Fiscalía de la Nación y los fiscales representantes de la Fiscalía Suprema de Control Interno, y la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, según documentos entregados por el medio al Centro Knight.
Para IDL- Reporteros, lo exigido por los representantes de estas entidades debe ser proscrito por el Juzgado Constitucional a fin de evitar nuevas afectaciones a sus derechos fundamentales. También piden dejar sin efecto el oficio abierto por la comisión del Congreso, el cual sigue vigente.
“Lo que es preocupante es que el nuevo Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien ha entrado en funciones este viernes (20 de julio), dijo en una entrevista la noche anterior, en el programa de Phillip Butters por WillaxTV, que va a investigar la filtración de la información”, dijo Mella.
“O sea, está asumiendo el cargo de Fiscal de la Nación y lo primero que anuncia no es profundizar en investigar a los que están envueltos en la investigación sino en investigar a los investigadores. Entonces, con mayor razón es importante esta acción (de amparo) para poder frenar esto”, enfatizó la periodista.
Desde el 7 de julio, IDL-Reporteros empezó a publicar por entregas una investigación que viene revelando una serie de supuestos actos de corrupción en el sistema judicial peruano que involucra a jueces, congresistas, empresarios y periodistas. “Corte y Corrupción” fue el primer reportaje de la serie producto del análisis de audios de interceptación telefónica que recibieron de fuentes anónimas.
Con base en la demanda, de declararse fundada la acción de amparo, la Fiscalía de la Nación deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro sus representantes no incurran en actos de intimación a los periodistas de IDL-Reporteros, en particular a los periodistas de la investigación en cuestión.
Si dicha entidad no adopta las medidas necesarias, se corre el peligro de censurar la labor periodística en el país y menoscabar así la crítica y la denuncia periodística, ambas necesarias para la democracia, alegó el medio en su demanda.
El medio también pide en su demanda que tanto la Fiscalía Suprema de Control Interno como la comisión de fiscalización del Congreso se abstengan de solicitar a los periodistas de IDL-Reporteros la revelación de sus fuentes y materiales informativos utilizados en sus investigaciones.
“La razón de ser de nuestro medio es ser un medio colaborativo. Nosotros creemos que este caso es uno de los más importantes casos de corrupción en el sistema de justicia”, sostuvo Mella. Añadió que seguirán publicando e investigando y que confía en que con la colaboración de cobertura y publicación que están recibiendo de otros medios del país finalmente se podrán generar “los cambios y reformas que deben hacerse en el sistema de justicia”.
“Medios de comunicación peruanos e internacionales y los ciudadanos se han solidarizado muchísimo con nosotros. Para nosotros siempre ha sido importante generar alianzas colaborativas, y en este caso sobre todo lo estamos haciendo”, dijo Mella. El programa periodístico semanal Cuarto Poder, Panorama, el canal de noticias Canal N, los diarios El Comercio y La República vienen publicando la serie investigativa de IDL-Reporteros.
Mella comentó que en los próximos días, las siguientes publicaciones serán exclusivas de IDL-Reporteros pero que posteriormente, muchas otras se seguirán publicando en alianza colaborativa con varios otros medios de comunicación del país.
De acuerdo con la periodista, uno de los abogados que trabajó en la preparación de la demanda dijo que la primera instancia del proceso en que ha entrado la acción de amparo no debería durar más de un mes. El abogado consideró que en un plazo máximo de tres meses deberán recibir una sentencia de primera instancia. Si el Tribunal Constitucional fallara en contra de la demanda, IDL-Reporteros acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente a la Corte de dicho organismo, explicó el abogado del medio, de acuerdo con Mella.
Esta demanda tiene como soporte legal el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 200.2 de la Constitución Política del Estado y del artículo 37 y siguientes del Código Procesal Constitucional.
Luego de la publicación de las primeras entregas de su investigación periodística, el primero en pedirles los audios recibidos y la revelación de sus fuentes fue el fiscal Rodrigo Rurush de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción, según denunció IDL-Reporteros. Rurush acudió sin previo aviso a las oficinas del medio el 11 de julio, sin contar con una orden judicial y acompañado de cuatro policías para intentar llevar a cabo una diligencia de exhibición e incautación del material periodístico, informó Gorriti a los medios tras el impase.
El fiscal Rurush fue por orden de la fiscal Norah Córdova, quien posteriormente fue separada de la investigación de los audios filtrados a los periodistas por aparecer su esposo en uno de los audios en el que le pide favores laborales al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, el juez César Hinostroza, publicó La República. En un audio publicado en las primeras entregas de la investigación de IDL-Reporteros, se le escucha al juez Hinostroza negociando la sentencia de un inculpado por violación a una menor.
Luego, Gorriti fue exhortado a asistir el 12 de julio ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para revelar sus fuentes y entregar los audios. No asistió alegando que este llamamiento era violatorio de sus derechos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la reserva del secreto profesional, principalmente.
Asimismo, el 12 de julio recibió un oficio emitido por el entonces titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, quien les dio un plazo de tres días para revelar sus fuentes. El saliente Fiscal de la Nación Pablo Sánchez solicitó a esa fiscalía dejar sin efecto su pedido. Rodríguez Monteza apareció posteriormente en uno de los audios publicados por IDL-Reporteros y, a pedido del nuevo Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, renunció a su cargo el 23 de julio, publicó Correo.
El 20 de julio, a pedido del Presidente de Perú, Martín Vizcarra, el Congreso aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la remoción de todos sus consejeros, quienes también habrían participado en los actos de corrupción, según El Comercio.
Desde que IDL-Reporteros empezó a publicar su investigación sobre audios que develaron supuestos actos de corrupción en el sistema de justicia peruano, al menos nueve funcionarios del Estado han renunciado a sus cargos, según El Comercio. Entre ellos están el Ministro de Justicia, Salvador Heresi; el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos; y cuatro de los siete consejeros del CNM, antes de que el Congreso aprobara el pasado viernes su remoción.
