Si bien el acoso judicial a los reconocidos periodistas de Ciudad de Guatemala José Rubén Zamora, editor del diario elPeriódico, y Juan Luis Font, del programa de análisis Con Criterio, han sido noticia internacional en los últimos meses, menos conocidos son los ataques contra periodistas vulnerables que viven lejos de la capital, en ciudades de provincia y las áreas rurales de Guatemala.
De las 116 agresiones contra periodistas en el país desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2021, el 42 por ciento tuvo lugar fuera de la Ciudad de Guatemala, según un informe reciente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). Además, aproximadamente la mitad del total de denuncias recibidas por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas durante ese mismo periodo provino de fuera de la capital, informó la APG.
Los periodistas provinciales y rurales de Guatemala informan que enfrentan agresiones físicas, destrucción de su equipo, acoso judicial y presión económica. LatAm Journalism Review (LJR) habló con quienes reportan fuera de Ciudad de Guatemala sobre lo que, según ellos, son desafíos crecientes para su trabajo.
Periodistas mujeres e indígenas especialmente vulnerables
Irma Tzi comenzó su carrera periodística de 14 años trabajando para una radio comunitaria en la provincia de Alta Verapaz, en el centro norte de Guatemala. Durante más de una década ha sido corresponsal cubriendo la “nota roja”, en la que como se dice en inglés “si no sangra, no vende”, que forman el tabloide Nuestro Diario para el que ella trabaja. El periódico es corto en texto pero largo en imágenes sangrientas centradas en crimen, narcotráfico y accidentes. Tzi es la única fotoperiodista indígena que trabaja para Nuestro Diario en su provincia.
En 2016, Tzi informa que tuvo que recuperarse de un asalto por parte de un atacante con un machete. Ella cree que fue contratado por alguien mencionado en una de sus historias sobre el crimen organizado. Tzi dijo que también ha sobrevivido a otros ataques físicos. También ha recibido amenazas de muerte y ha sido intimidada en su casa. “(¿Por qué lo hago?) Uno, porque me gusta mi trabajo, otro, porque tengo mucha necesidad, tengo mucha necesidad del trabajo... Me gusta informar a la gente”, dijo ella a LJR.
Tzi sostiene que en los últimos años su trabajo se ha vuelto aún más desafiante. “Ahora no solo los delincuentes, ahora ya hasta la gente por los accidentes ya ha empezado a atacarme... y también algunos funcionarios no quieren que les tome fotos”. Recuerda cómo en varias ocasiones funcionarios públicos han tomado su teléfono y borrado su contenido, mientras la insultaban “... de manera abusiva”. Ha presentado denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, pero de estas acciones no ha salido nada. LJR no pudo ponerse en contacto con la Oficina para solicitar comentarios.
Además, dice Tzi, ella es constantemente objeto de discriminación por ser una mujer indígena en una profesión que todavía es abrumadoramente masculina y, en Guatemala, a menudo machista. “Como que les cae mal que una de mujer haya ingresado al mundo del periodismo”, sostiene. “No me toman en cuenta y a veces ponen obstáculos”.
En el vecino departamento de Izabal, otro ejemplo reciente de octubre involucró a tres periodistas de medios comunitarios que cubrían un estado de sitio impuesto por el gobierno en la comunidad indígena de El Estor, el sitio de una disputa minera de larga data. Carlos Choc, Juan Bautista Xol y Baudilio Choc, según el sitio de noticias Prensa Comunitaria para el que reportan, fueron perseguidos por fuerzas de seguridad que iban puerta a puerta y acosados, “… perseguidos por el simple hecho de ser periodistas”.
El reportaje de Choc sobre la contaminación del lago Izabal, presuntamente por una mina de níquel de propiedad suizo-rusa, lo ha convertido en blanco de persecución desde hace varios años. Los funcionarios de la mina, que niegan que el proyecto esté contaminando el lago, presentaron cargos contra él por primera vez en 2017.
Choc, un maya q’eqchi, también ha sido amenazado con ser linchado y le han robado su equipo fotográfico en varias ocasiones, informó Prensa Comunitaria. Él afirma que “el Estado debe proteger nuestro trabajo y no perseguirnos por hacerlo”.
Disminución de la cobertura regional
Los medios nacionales como la cadena de transmisión Guatevisión y el principal diario del país Prensa Libre se han visto obligados en los últimos años a recortar la cobertura de las provincias debido a restricciones financieras, lo que ha provocado recortes salariales y despidos, dicen los reporteros. Esto ha llevado a muchos periodistas de provincias a buscar otros trabajos, dejar la profesión, trabajar por cuenta propia o aceptar condiciones laborales menos que ideales.
Henry Popa, otrora corresponsal de televisión de varias cadenas nacionales en la ciudad de Quetzaltenango, ahora trabaja para la radio local Stereo 100 y es vicepresidente de la asociación de prensa regional.
“Con con este cambio de gobierno… pues como que existió una coordinación, hay una metodología sistemática para poder ejercer presión en contra de...periodistas”, dijo Popa a LJR. Cuando los candidatos municipales del partido gobernante asumieron el cargo, alega que comenzaron a realizarse esfuerzos sistemáticos para excluir a la prensa de las reuniones públicas y negarles el acceso a la información pública. “Las puertas estaban literalmente cerradas en nuestras caras”, dice.
No se pudo contactar al municipio de Quetzaltenango para hacer comentarios.
Otro instrumento utilizado para censurar a los periodistas independientes fuera de la capital es lo que los guatemaltecos denominan “pautas”, es decir, fondos pagados por agencias gubernamentales para asegurar anuncios en un periódico, sitios web o medios como radio y televisión. Estos pagos se utilizan a menudo para obtener reportajes favorables.
El corresponsal de Quiché de Guatevisión, Héctor Cordero, está familiarizado con las muchas herramientas que se utilizan para silenciar a los periodistas regionales. En el pasado, ha sido objeto de ataques físicos por parte de agentes de políticos locales descontentos con sus reportajes. También sintió la presión económica ejercida sobre los medios de comunicación locales para los que una vez trabajó como independiente para complementar su magro salario. “Al principio me atacaron físicamente y, cuando seguí denunciando, me lastimaron económicamente”, dice.
El salario de Cordero se redujo aún más cuando Guatevisión despidió a todos menos a dos corresponsales regionales a nivel nacional. Dijo que la red ya no le reembolsa por la gasolina y otros gastos de trabajo, lo que reduce aún más su capacidad para informar historias en áreas rurales desatendidas de su provincia mayoritariamente indígena.
Guatevisión no pudo ser contactado para hacer comentarios.
El periodista de radio José Álvarez de Quetzaltenango dijo que la nueva realidad a menudo conduce a la autocensura. También impone mayores exigencias a los periodistas para que sean competentes en multimedia y, en algunos casos, también en marketing – algunos empleadores exigen que los periodistas busquen publicidad para sus programas de noticias, por lo que se les paga un porcentaje de estos ingresos.
Alternativas forzadas
Cuando Eduardo Sam Chun, de Alta Verapaz, fue despedido por Guatevisión creó un sitio de noticias en Facebook. Si bien esto le ha permitido cierta independencia, las finanzas son una preocupación constante, al igual que la presión política.
Hace algunos años, Sam Chun fue acusado de terrorismo junto con otros comunicadores, algunos miembros de la oposición y activistas. Él da crédito al apoyo de las asociaciones de periodistas locales y con sede en la Ciudad de Guatemala por la asistencia legal y moral que lo ayudó a superar esa terrible experiencia.
La criminalización de periodistas es cada vez más común en Guatemala. Además, los periodistas en las provincias son especialmente vulnerables: “Somos personas muy públicas”, dice Sam Chun, “... todo el mundo conoce dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde están nuestras familias”.
Lo que puede deparar el futuro
Los periodistas entrevistados para este artículo —todos reporteros en ejercicio durante al menos diez años— coinciden en que el periodismo regional guatemalteco enfrentó desafíos hace una década, “… pero no como hoy”. Todos expresaron cansancio y frustración por el retroceso de su profesión y la actualidad. Pero también miran a la próxima generación de periodistas guatemaltecos: jóvenes “que están mejor preparados, con energía y deseos de cambio”.
Aún así, dado el clima político cada vez más autoritario del país, Héctor Coloj, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, advierte que si el mundo no presta más atención a la “situación cada vez mas desolada y desesperada de los periodistas Guatemaltecos —en la capital y en los departamentos— donde los niveles de intolerancia, violencia, y censura contra la prensa en este país podrían llegar a los niveles que experimenta Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega".
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y fue traducido por Silvia Higuera.
