A menudo considerado un refugio de estabilidad y vigor democrático en Centroamérica, Costa Rica no es inmune a las formas contemporáneas de populismo. En mayo de 2022, Rodrigo Chaves, execonomista del Banco Mundial y exministro de Hacienda, asumió la presidencia del país con promesas de “cambios históricos” frente a la creciente desigualdad. Durante la campaña, los medios de comunicación costarricenses publicaron graves acusaciones contra él, incluidas sospechas de acoso sexual y financiación ilegal de campaña. En respuesta a ello, el entonces candidato y ahora presidente inició una persecución sistemática de algunos medios de comunicación, con frecuentes ataques verbales e intentos de utilizar las instituciones con fines políticos.
Tres medios líderes de audiencia en sus respectivos sectores están en el centro de los ataques: el diario La Nación, el canal de televisión Canal 7 y el portal de noticias CRHoy.com. Chaves ya ha utilizado contra ellos términos como “prensa canalla” y “asesinos políticos”. En redes sociales, un ejército de trolls y bots en su apoyo inunda las publicaciones de los medios de comunicación con maldiciones y provocaciones. Más grave aún, se ha utilizado el poder del Estado para intentar asfixiar económicamente a La Nación.
Aunque la ofensiva ha suscitado una fuerte reacción de las instituciones costarricenses, incluida su Corte Suprema, la situación era impensable hasta hace poco. Es motivo de preocupación para periodistas y defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión.
El ataque más grave hasta ahora ha sido contra La Nación. En 2015, como un intento de ampliar sus fuentes de fondos, el grupo propietario del diario inauguró un gran centro de entretenimiento y eventos llamado Parque Viva. El complejo incluye un anfiteatro con capacidad para 16.000 personas, un espacio para ferias corporativas y una pista de ciclismo. El director de La Nación, Armando González, dijo a LatAm Journalism Review (LJR), que la iniciativa [Parque Viva] “requirió una inversión muy grande y caminó más o menos como se esperaba, dando la posibilidad de diversificar los ingresos”.
Multitud de personas asiste a un show en el anfiteatro de Parque Viva (Foto: Cortesía)
En julio del año pasado, cuando Chaves llevaba dos meses en el cargo, el Ministerio de Salud costarricense suspendió la licencia sanitaria del centro de eventos, alegando “responder a quejas y denuncias anónimas”.
En ese momento, el Ministerio de Salud dijo en un comunicado que el cierre se debió a “los problemas causados por los enormes atascos de tráfico creados por los grandes eventos que tienen lugar en el Parque Viva, en Guácima de Alajuela, que afectan directamente a esta comunidad, así como a las localidades vecinas”. El documento también decía que “el alto tráfico vehicular generado por estos eventos no es compatible con la necesidad y el deber constitucional de las autoridades de proteger la vida e integridad de las personas”.
Según González, sin embargo, es “muy evidente que la acción fue una represalia por el periodismo de La Nación, y las informaciones que el periódico dio al país”.
Antes, en la campaña de Chaves, el diario reveló que el Banco Mundial había declarado culpable a Chaves y lo había sancionado por “agresiones sexuales” y un “patrón no deseado de comportamiento inapropiado” entre 2008 y 2013, cuando trabajaba para esa organización. Esta decisión interna de la organización se produjo justo antes de que el economista renunciara a su cargo y fuera anunciado como ministro de Hacienda de Costa Rica en octubre de 2019.
Además, en marzo de 2022, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, La Nación denunció la presunta financiación ilegal de campaña de Chaves. El caso, que desde entonces ha tenido nuevas ramificaciones, está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha emitido informes al Ministerio Público, y podría constituir un delito electoral.
Estas denuncias, sumadas a otras publicadas por Canal 7 y el portal CRHoy.com, han provocado la ira de Chaves. “Somos un tsunami y vamos a causar destrucción. Vamos a causar estragos en las estructuras corruptas de La Nación y Canal 7 [...] Escúchame Armando González, aquí estamos”, dijo mientras aún estaba en campaña.
Ante la acción legal contra Parque Viva, era imposible no pensar en represalias. “Fue un caso muy claro de revancha o vendetta. Todo había sido precedido por una serie de declaraciones del presidente para generar desconfianza de las finanzas de La Nación”, dijo a LJR Eduardo Ulibarri, director de La Nación entre 1982 y 2003 y hoy consultor político. “Fue una decisión evidentemente arbitraria y hostil, algo que un gobierno de Costa Rica nunca había usado. Allí estaba claro que el presidente estaba dispuesto a usar el poder estatal, no solo la retórica contra la prensa”.
La decisión fue especialmente chocante en un país cuya democracia se consideraba tan consolidada que, hace más de un siglo, se ganó el apodo de “la Suiza de Centroamérica”. En 2021, Costa Rica ocupaba el 5º puesto en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), sólo por detrás de los países nórdicos.
Los propios periodistas de La Nación presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia del país, afirmando que “a menos de dos meses de su juramentación, Chaves comenzó a materializar sus amenazas” contra la prensa, y que la acción legal contra Parque Viva tenía “el claro propósito de limitar la libertad de expresión por medios indirectos”.
El pasado mes de octubre, la Sala Constitucional -máximo tribunal costarricense encargado de las libertades civiles- falló a favor de La Nación. En un fallo categórico, el tribunal, “en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia, declaró, por mayoría, con lugar un recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas del diario La Nación contra el cierre de Parque Viva”, dijo el tribunal a través de un comunicado.
Según la presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera, el tribunal dio allí un mensaje importante a Chaves. “La reacción de la Sala Constitucional fue tan fuerte que es probable que frene cualquier otra acción concreta del gobierno”, dijo a LJR.
Sin embargo, según Noguera, esto no pone fin a la persecución contra la prensa independiente. “Para Chaves, la prensa es un enemigo permanente. El presidente necesita una confrontación continua entre el bien y el mal, para elevar el espíritu de las personas que se sienten excluidas y desprotegidas. Utiliza esta dinámica de polarización contra la prensa para explorar las frustraciones nacionales”, agregó.
Esta táctica de persecución se expresa también de otras maneras. Los miércoles, el presidente ofrece ruedas de prensa. En ellas, según González, Chaves ha dejado sistemáticamente de responder a los medios críticos, dando preferencia en su lugar a una serie de publicaciones independientes más pequeñas, de reciente aparición y serviles al poder.
“Inventaron una serie de sorteos, pero aquellos que hacen las preguntas son los medios amigos. Si La Nación se presenta, el presidente la ataca e intenta humillar al periodista”, dijo. “Tengo periodistas que se sintieron amenazados en estas entrevistas. Entonces, por lo tanto, no enviamos a nadie más desde nuestro periódico. Los vemos en Facebook. Perdimos la posibilidad de peguntar, pero casi no éramos elegidos”.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla en rueda de prensa el 11 de enero (Foto: Captura de pantalla de Youtube)
La prensa costarricense también se enfrenta al acoso constante de trolls y bots. Cuando aparece una noticia negativa sobre el gobierno, las redes sociales se llenan de mensajes dispuestos a restar credibilidad a la información. No hay pruebas de que se trate de una campaña coordinada por la presidencia. Sin embargo, la exministra de Salud, Joselyn Chacón, admitió que pagó por este tipo de servicios, señalando únicamente que su objetivo no eran los periodistas.
“No tenemos la evidencia de que el uso de trolls está dirigido por el gobierno, pero hay mucha coincidencia de actividades en las redes con comunicaciones oficiales. Es muy automático; si se dice algo [desde la presidencia], entonces los trolls salen a atacar. Hay coincidencias peligrosas”, dijo Noguera.
En noviembre de 2022, Chaves dijo que la expresión “prensa canalla” pertenecía al pasado. En los últimos meses, el presidente se ha mostrado menos beligerante con la prensa, buscando otros objetivos. “Ha estado dirigiendo sus críticas más a otras instituciones, como las universidades y otros poderes independientes”, dijo a LJR Raúl Silesky Jiménez, presidente de la junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).
Según Silesky Jiménez, a pesar de los ataques, sobrevivirán la democracia y la libertad de la prensa costarricense. “Chaves es de un partido que solo tiene 10 diputados entre 57. El sistema de pesos y contrapesos funciona, y no hay reelección inmediata de la Presidencia, a él le faltan tres años. Es evidente que emplea un discurso populista que tiene penetración, utilizando una táctica apasionada y agresiva contra cualquiera que se le oponga o cuestione. Aún así, la democracia del país se mantendrá si la división de poderes sigue incólume, se respeta Constitución Política y se superará con el tiempo este desafío”, dijo.
Para Noguera, la tregua es sólo provisional. “[Chaves] hace pausas, pero estas no significan la suspensión de las acciones”, dijo. “Esta línea debe mantenerse, con el objetivo de mantener una alta popularidad y fortalecer su partido para las elecciones municipales de 2024”.
Hasta entonces, los que están en primera línea son los profesionales de la prensa, que se enfrentan a “riesgos muy graves”, según el director editorial González. “La violencia verbal a menudo tiene consecuencias prácticas. Vea el caso de Brasil, donde muchos locos intentaron tomar los tres poderes. Para causar daños a un periodista, sólo se necesita un loco”.
