Por cuarto año consecutivo, México es el país con mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo, y 2022 fue el año con mayor cantidad de víctimas jamás registrada. La impunidad es la regla en estos casos, y de las 105 investigaciones de homicidios de periodistas adelantadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), desde su creación en 2010 hasta mayo de 2022, solo seis resultaron en condenas por homicidio.
Para responder a la constante violencia y amenazas, se creó la red Tejidos Solidarios, una iniciativa de la ONG de derechos humanos Propuesta Cívica. La red utiliza una metodología propia para brindar apoyo psicoemocional y jurídico a los familiares de periodistas asesinados y desaparecidos, así como para mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida dedicándose al oficio de investigar y denunciar.
Propuesta Cívica lleva 12 años ayudando a familias de periodistas víctimas de violencia, mientras que la red Tejidos Solidarios surgió en 2021 y se hizo pública el pasado abril. La iniciativa parte del entendimiento de que los familiares de las víctimas sufren aislamiento, miedo y falta de herramientas de apoyo. Para abordar estos problemas, se formó una red nacional en la que los familiares de las víctimas podían reunirse y encontrar apoyo mutuo.
“A pesar de que en México hay una gran cantidad de personas desaparecidas y asesinadas, y existen movimientos y redes de familias buscando a sus familiares, en el caso de los periodistas, las familias estaban totalmente aisladas”, explicó Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, que coordina Tejidos Solidarios, a la LatAm Journalism Review (LJR). “En muchas ocasiones, las familias de los periodistas optan por el aislamiento. Esto solo agrava su vulnerabilidad y sufrimiento. Así surge la idea de formar una red nacional”.
Una de las familias que reciben apoyo es la del periodista Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en su estado natal de Sinaloa, en el occidente del país. Su hija, Tania Valdez, dice que su acercamiento a Propuesta Cívica se dio al año siguiente del crimen. Tania participó en los tres encuentros nacionales de los Tejidos Solidarios, el último realizado en los primeros días de junio.
“Poder realizar estos procesos acompañados por otras familias nos ha fortalecido mucho, porque sabemos que hay otros grupos de personas que han pasado por lo mismo, y compartimos los mismos sentimientos y emociones”, dijo Valdez a LJR. “En mi caso, por ejemplo, hay otras chicas de mi edad, hijas de periodistas desaparecidos, que tampoco tienen padre. Crear estos vínculos ayuda a llenar un poco el vacío que está en mi corazón porque mi papá ya no está”.
Tania Valdez, hija del periodista Javier Valdez, durante una protesta exigiendo justicia en el crimen de su padre. (Foto: Mauricio Pérez / Propuesta Cívica)
También forma parte de la red Guadalupe Ángeles Méndez, hija del periodista Ramón Ángeles Zalpa, quien desapareció el 6 de abril de 2010 en Paracho, Michoacán, en el centro-oeste del país. En ocasiones, el gobierno mexicano le ha ofrecido apoyo psicológico, que ella ha descrito como una pérdida de tiempo y emocionalmente perjudicial.
“El acompañamiento psicológico fue lo peor que pude haber tenido. Siempre sus discursos eran muy malos, lejos de sentirte tranquila o sanando tu duelo inconcluso, solamente venían a dañar un poco más esta parte emocional”, le dijo Ángeles Méndez a LJR.
Esta experiencia contrasta directamente con la ofrecida por Propuesta Cívica.
“El acompañamiento psicológico brindado por Propuestas Cívica ha sido muy bueno. Después, la creación de Tejidos Solidarios también ha dado esperanza, sabiendo que podrás acompañar a otras personas basándote en tu experiencia”, agregó.
Guadalupe Ángeles Méndez, hija del periodista Ramón Ángeles Zalpa, quien desapareció el 6 de abril de 2010 en Paracho, Michoacán. (Foto: Mauricio Pérez/ Propuesta Cívica)
Siete núcleos familiares son atendidos actualmente por Tejidos Solidarios, y a principios de junio, momento de la entrevista, otros dos estaban a punto de formar parte también de la red. Múltiples acciones componen la asistencia ofrecida, incluyendo, además del apoyo psicosocial y emocional y la promoción de la unidad entre las familias, el seguimiento legal, la documentación e investigación y la contribución a las políticas públicas.
Según la directora ejecutiva de Tejidos Solidarios, la mayoría de las víctimas trabajaban en periodismo de investigación sobre temas de corrupción, narcotráfico e infiltración del crimen organizado en el Estado en los estados más violentos del país. La asistencia en el acceso a la justicia es una de las acciones más importantes en un país donde la no resolución de los delitos es la regla.
“Los índices de impunidad en nuestro país son altísimos. Tratándose del homicidio, la impunidad alcanza el 95%. En el caso de la desaparición, la impunidad es del 100%. Ninguna autoridad ha esclarecido la desaparición de un periodista, lo que demuestra que el Estado mexicano no tiene interés en revertir esta situación de violencia, acoso y criminalización contra los periodistas”, dijo Mendiola Landeros.
“Frente a esto, los caminos de acceso a la justicia para las familias son tortuosos. Y parte de los objetivos que busca Tejido Solidarios es precisamente cobijar a más familias, unirlas a la red y generar acciones de incidencia política y exigencia de acceso a justicia, verdad y reparación del daño”, agregó.
Según Ángeles Méndez, inicialmente fue difícil presentar una denuncia por la desaparición de su padre debido a protocolos y reglas establecidas que impedían que la familia presentara una denuncia dentro de las 72 horas posteriores a la desaparición.
Sin embargo, su padre, quien también se desempeñaba como profesor universitario de Pedagogía, tenía conexiones con algunas personas que trabajaban en el gobierno, y su madre se acercó a ellos para informarles de la situación y enfatizar que la desaparición no era algo común.
Los contactos en el Ministerio Público presionaron entonces para que la denuncia se presentara de inmediato, eludiendo la espera habitual de tres días. Ángeles Méndez explicó que la presentación de la denuncia fue solo un trámite, ya que desde entonces no se ha realizado ninguna acción significativa.
Aunque su madre fue “muy insistente”, tras un periodo inicial quedó claro que no había suficiente interés por parte del Estado mexicano para esclarecer el crimen.
“Únicamente se llevaron a cabo audiencias en las que mi madre estuvo presente durante alrededor de dos meses. Fue muy insistente en presentarse en diferentes lugares, sobre todo debido a que él era periodista y también maestro. A través de su trabajo como periodista fue donde hubo más visibilidad y presión”, afirmó Ángeles Méndez. “Pero en esencia no se hizo nada, no se puede decir que hubo acceso a la Justicia. Hubo personas y abogados que se acercaron en ese momento para llenar formularios, lo que resultó en algunos documentos y hojas de búsqueda que se han repartido en diferentes partes del país. Y eso es todo”.
Un mural en la ciudad de Morelia, en Michoacán, exigiendo justicia por los periodistas desaparecidos. (Foto Mauricio Pérez / Propuesta Cívica)
Con la ayuda de Propuesta Cívica, la familia pasó por el proceso judicial de declaración de la presunción de muerte de Ángeles Zalpa, que implicó un procedimiento de dos años para obtener la documentación necesaria para efectos legales.
En noviembre del año pasado, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalando la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la desaparición de Ángeles Zalpa y el periodista Mauricio Estrada Zamora, desaparecido en 2008.
El caso de Javier Valdez es una excepción al estándar de impunidad, ya que dos de los tres acusados de ser los autores materiales fueron condenados. Actualmente, Propuesta Cívica busca la extradición del autor intelectual, quien se encuentra en Estados Unidos.
La familia de Valdez vivió bajo la protección del mecanismo federal en Ciudad de México durante dos años. Su esposa e hijo aún viven en situación de desplazamiento forzado y no han podido regresar a Sinaloa.
“Exigir justicia en México es muy revictimizante, un proceso muy cansado, muy agotador, sobre todo mentalmente y emocionalmente”, dijo Tania Valdez. “El camino de acceso a la justicia es complicado. Muchas veces las autoridades mexicanas no están capacitadas y no tienen esa parte humana de comprender el sufrimiento de las víctimas”.
En materia de políticas públicas, lo más urgente, según Mendiola Landeros, es precisamente que la justicia funcione. Según ella, se han destinado muchos recursos humanos y económicos a la política de protección en México, pero el mecanismo de protección de periodistas y defensores no es eficiente ni preventivo.
A su entender, la Justicia no puede contar únicamente con un mecanismo de protección reactivo; en cambio, es necesario fortalecer la política pública criminal para atender los delitos cometidos contra periodistas.
“Nos hemos fascinado o nos hemos obsesionado mucho por fortalecer la política pública de protección y hemos abandonado la política pública criminal, y eso tendría que ser a la inversa”, dijo la coordinadora de Tejidos Solidarios. “Mientras no se fortalezca la política pública criminal para atender delitos cometidos contra periodistas, no va a haber mecanismo que funcione ni recurso público que alcance para proteger periodistas”.
Foto de Ramón Ángeles Zalpa en un memorial. (Foto: Mauricio Pérez / Propuesta Cívica)
(Foto de banner: Mauricio Pérez / Propuesta Cívica)
