“Proteger a los periodistas no es una recomendación, sino una obligación institucional del Estado”, declaró la relatora para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, durante su ponencia en el Décimo Foro de Austin del Periodismo en las Américas dedicado en esta ocasión a tratar la Seguridad y Protección de Periodistas que organiza el Centro Knight del 20 y 22 de mayo de 2012.
Por su parte, Sandra Dunsmore, del programa de América Latina de Open Society Foundations, "las organizaciones del crimen organizado amenazan los fundamentos de la democracia y la libertad de expresión", mientras que Stewart Chisholm, director asociado del programa de medios de la misma organización, destacó iniciativas como el Foro de Austin para crear estrategias de seguridad colectiva para proteger el periodismo de investigación ante las amenazas actuales contra la libertad de expresión.
En su ponencia "Estrategias para Mejorar los Mecanismos de Protección y Combate a la Impunidad", Botero describió un contexto complejo que cada vez amenaza con mayor frecuencia la libertad de expresión en el continente americano. La relatora aclaró que la violencia contra periodistas no sólo se trata de ataques contra la seguridad física de los comunicadores sino que también incluye agresiones institucionales como multas y sentencias de cárcel. También definió dos niveles de impunidad en los crímenes contra periodistas, el primero es impunidad total y el segundo es parcial, es decir, se logra condenar y castigar a los autores materiales de un delito contra un periodista, pero las penas se reducen sin necesidad de que el condenado revele al autor intelectual.
En su opinión, existen tres contextos perversos que actualmente restringen y atacan la libertad de expresión en la región: debilidad institucional, criminalidad, y polarización del discurso político, el cual estigmatiza a los periodistas críticos e independientes como enemigos o traidores a la patria.
Su relatoría, la cual forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resalta la importancia de contar con una doctrina internacional de documentos y casos jurídicos sobre libertad de expresión. Botero destaca que en América sólo existe un caso en el que la Corte Interamericana responsabilizó a las autoridades de República Dominicana por la desaparición forzada del periodista Narciso González y en un par de párrafos, la sentencia mencionó la responsabilidad del estado de proteger la libertad de expresión. “Necesitamos una doctrina fuerte, más sentencias en las cortes, un cuerpo jurídico internacional que sirva como precedente en casos que atentan contra libertad de expresión”, dijo Botero.
En el marco internacional, la OEA basa la protección de periodistas en reportes sobre los desafíos institucionales contra la libertad de prensa y en segundo lugar, las medidas cautelares. A nivel nacional, los gobiernos deben aplicar medidas internas enfocadas a la prevención, la protección y la procuración de justicia para garantizar el libre ejercicio del periodismo. Botero señaló que su relatoría planea publicar un reporte que describa las medidas efectivas para proteger a los periodistas y la libertad de expresión en los países de América y la experta considera cuatro líneas de acción para la prevención, protección y procuración de justicia:
1. Derogar leyes y obstáculos normativos que criminalizan la libre expresión a través de delitos como la calumnia, la injuria o el desacato.
2. Castigar a funcionarios públicos que usan un discurso o políticas en las que identifican a periodistas críticos al gobierno como enemigos del estado, así como capacitar a los agentes de las fuerzas de seguridad para concientizarlos sobre la importancia de la libre expresión y adoptar prácticas en el campo de acción para impedir que policías agredan a periodistas durante protestas, escenas del crimen, o en su trabajo cotidiano.
3. Desarrollar medidas de protección que además de salvaguardar la integridad física de los periodistas sino además permitan que estos profesionales puedan continuar ejerciendo su trabajo. En este rubro, Botero destacó la labor de México de elevar a ley nacional la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, aunque aún falta lograr su implementación en la práctica. “Antes, la protección de los periodistas dependía de la voluntad del gobierno en turno pero al volverse ley, se vuelve obligatorio para cualquier mandato”, destacó.
4. Investigar las amenazas y ataques contra la prensa. En su opinión, los gobiernos no pueden poner como excusa el nivel general de impunidad que persiste en un país, pues los delitos contra la libertad de prensa debe ser considerados como agravantes y recibir un tratamiento especial. “La razón no es que la vida de un periodista valga más que la de otros ciudadanos, sino porque la libertad de prensa es un elemento esencial para la democracia”, aseguró.
5. Cambiar la lógica de la eficiencia del derecho penal para evitar que las penas o castigos sean rebajados en casos que atentan contra la libertad de expresión y mantener plazos más largos para la prescripción de delitos cometidos contra periodistas.
Botero destacó que la mejor herramienta para lograr la implementación de estas recomendaciones es contar con ejemplos concretos de buenas prácticas. En su experiencia, los gobiernos suelen decir que una recomendación es imposible de llevar a la práctica, pero cuando la relatoría presenta que eso ya es una práctica adoptada en otro país de la región, es más probable que otros gobiernos sigan el modelo.
Este año, el Foro de Austin, que se desarrolla entre el 20 y 22 de mayo en Austin, Texas, denominado "Seguridad y Protección para los Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos", es organizado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y los programas para América Latina y de medios de las Open Society Foundations. Más que una conferencia anual, el Foro de Austin es una red de organizaciones enfocadas en el desarrollo y formación de los medios en América Latina y el Caribe. Los Foros anteriores se han enfocado en temas como el Cobertura de la Migración en las Américas y el Cobertura del Tráfico de Drogas y Organizaciones Criminales en América Latina y el Caribe.
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