En medio de la violencia creciente y los muertos que se apilan en morgues y fosas clandestinas en México como resultado de la guerra antidrogas que inició el presidente Felipe Calderón a fines del 2006, dos periodistas mujeres se lanzaron a la tarea de describir los horrores del conflicto y desentrañar el mundo de corrupción que se esconde detrás.
Marcela Turati y Anabel Hernández, dos reporteras con una amplia trayectoria en periodismo de investigación en diversos medios en México, lanzaron recientemente sus libros “Fuego Cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco” y “Los Señores del Narco”, respectivamente. Ambos libros están profusamente documentados y repletos de detalles que sólo alguien siendo testigo podría conocer. No es extraño que las dos periodistas se hayan basado en sus asignaciones como reporteras en la cada día más peligrosa cobertura del narcotráfico en el país para dar finalmente a luz reportes en profundidad de periodismo investigativo que prometen convertirse en textos de referencia.
Hernández muestra la estrecha relación entre la política, los narcotraficantes y los empresarios, que de acuerdo con su libro, han construido redes de protección y complicidad. La reportera aprovecha, también, de destruir algunos mitos, como el de que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera escapó de una cárcel de máxima seguridad en México en el 2001 en un carrito de lavandería. “Funcionarios públicos del más alto nivel lo sacaron vestido de policía”, afirma.
Hernández, quien ha denunciado amenazas de parte de las autoridades mexicanas e incluso un supuesto plan para asesinarla, sostiene en su libro que la familia del presidente Vicente Fox (2000-2006), que inició la militarización de la ofensiva antidrogas al desplegar cientos de soldados a las ciudades más violentas a partir del 2005, habría recibido un soborno millonario en pago por la liberación de Guzmán y que “el acuerdo incluía la protección sistémica del gobierno federal a él y a su grupo”.
La guerra antidrogas tiene una cara pública que corresponde más bien a la crónica roja de las batallas entre grupos rivales y contra los militares. Es el llamado “conteo de cuerpos” que los periódicos publican desde hace cuatro años en portada cada día y que al cierre de diciembre pasado acumulaba 34,612 asesinatos ligados a la violencia del narcotráfico en esos últimos cuatro años. La cifra impresiona, más aún si se considera que supera casi cinco veces al número de soldados estadounidenses muertos en Irak y Afganistán juntos.
Turati, fundadora de la red de Periodistas de a Pie, describe “la herida social generada por estos cuatro años de guerra y narcoviolencia” a través de 12 capítulos en los que relata la dinámica social detrás el conflicto, con los secuestros, las viudas, los colectivos de huérfanos, lisiados, desplazados y las familias estigmatizadas. También describe los “pueblos fantasmas”, que han sido abandonados por moradores que huyen de la violencia, especialmente en la frontera con Estados Unidos, y la “floreciente industria de la muerte”, con servicios funerarios que no dan abasto. La reportera, además, pone un dedo en la llaga al apuntar hacia la “autocensura periodística” que han puesto en práctica muchos medios tras las amenazas y ataques que han sufrido tanto sus periodistas como sus instalaciones.
“Seguí esos temas durante más de un año porque estoy convencida de que hasta que nos atrevamos a mirarnos en el espejo de la realidad, escuchemos las voces de las víctimas, nos sacudamos el miedo o la resignación inmovilizante y guardemos luto por nuestros muertos podremos construir un país distinto”, dijo Turati.
En una entrevista con el Centro Knight, la periodista se explayó sobre el papel del gobierno y de la prensa en el conflicto y posibles soluciones para evitar que los periodistas sigan siendo blanco del fuego cruzado entre los militares y las organizaciones de traficantes.
“La prensa debería estar investigando más y buscar mecanismos de colaboración entre medios para blindar la información y evadir la censura. Además, profesionalizar a su equipo de trabajadores en aspectos de seguridad y con sueldos y condiciones laborales dignas”, dijo.
A su juicio, el gobierno ha jugado el papel de un “espectador pasivo que no hace nada para prevenir y menos para proteger a los medios o periodistas ya amenazados. Tampoco investiga las agresiones”. Tras secuestros y ataques de parte de grupos de traficantes, varios periodistas han cruzado la frontera hacia Estados Unidos o Canadá y solicitado asilo en los últimos meses.
Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), de los 57 periodistas asesinados en el mundo en el 2010, 7 correspondieron a mexicanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo en enero que desde el 2000 a la fecha se han registrado “66 homicidios de comunicadores, 12 desapariciones y, en los últimos cinco años, 20 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
