Para Percy Suárez, no es fácil recordar el día en que viajó al oriente boliviano para investigar ocupaciones ilegales de tierras y terminó frente al cañón de un rifle.
Suárez formaba parte de una pequeña caravana de camionetas en la que viajaban otros cinco periodistas, varios trabajadores locales y algunos policías. Se dirigían a una propiedad donde se cultivaba soya en el departamento de Santa Cruz para investigar denuncias de usurpación de tierras.
Unos 15 minutos después de su llegada, un grupo de hombres enmascarados apareció del monte y comenzó a disparar, reventando las llantas de las camionetas.
Suárez, entonces camarógrafo de la cadena de televisión Red ATB, mantuvo su cámara sobre el hombro mientras se desataba el caos. Alcanzó a grabar el momento en que uno de los hombres le apuntó directamente con su rifle y le gritó que dejara de grabar.
Periodista boliviano Percy Suárez. (Foto: Cortesía)
“En verdad es una herida que no que no sana, le cuento”, dijo Suárez a LatAm Journalism Review (LJR). “Es evidente que me afecta hablar del caso, pero lo tengo que contar, cuando sea necesario tengo que contar mi experiencia. Si me quedo callado, creo que me voy a enfermar más”.
El ataque del 28 de octubre del 2021 — conocido como el caso Las Londras, por el área donde Suárez y sus colegas realizaban su cobertura — es uno de los mayores casos de impunidad frente a la violencia contra periodistas en Bolivia. Es de las pocas agresiones contra periodistas que han llegado a etapa de juicio, aunque cuatro años después está frenado, dijo a LJR Raquel Guerrero, abogada de los periodistas.
Según testimonios presentados ante autoridades y medios, los hombres armados llevaron a Suárez y a sus compañeros a su campamento. Allí, obligaron a los periodistas y a los policías a tirarse al suelo boca abajo, los patearon y caminaron sobre ellos. Cada reportero fue interrogado por separado, según Suárez.
Los agresores les ordenaron firmar documentos en los que prometían nunca regresar y los retuvieron por seis horas. Los documentos — posteriormente notarizados por los propios atacantes — forman hoy parte del expediente judicial.
Según Suárez, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) les había llevado hasta el lugar para que vieran la situación. Suárez se encontraba con Silvia Gómez López y el camarógrafo Sergio Martínez Galarza de la Red Unitel; Mauricio Egüez Simoné y el camarógrafo Nicolás García Iriarte de Red Uno; y Jorge Gutiérrez Ávila del periódico El Deber.
A los comunicadores les devolvieron sus cámaras, rotas y con disparos. El equipo técnico del canal de Suarez logró recuperar las imágenes con las cuales se hizo presión para que el caso avanzara algo. Su video, eventualmente apareció en medios y fue compartido con LJR.
“Lo que más me afecta es ver mis imágenes, las que he hecho, y ver la injusticia que, con semejante prueba, este proceso no avance”, dijo Suárez. “En vez de accionar, se protege a estas personas, a estos agresores”.
Las cinco personas que han sido acusadas permanecen libres. Guerrero explicó que ella los acusó de “tentativa de asesinato” mientras que el Ministerio Público los acusó de “tentativa de homicidio”. Para la abogada, hubo una intención y premeditación en lo acontecido ese día. La pena máxima por este delito es de 20 años de prisión. También enfrentan otros delitos como privación de libertad, tortura, lesiones graves, secuestro, robo agravado, portación ilicita de armas y atentado contra la libertad de prensa.
Fue sólo hasta el pasado 9 de julio que el juicio inició. Sin embargo, el 5 de agosto fue suspendido luego de que tres de los acusados solicitaran un cambio de jurisdicción. Es decir, pasar de la justicia ordinaria a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC). Guerrero argumenta que la petición no es válida porque las personas no hacen parte de comunidades indígenas.
“Estamos en un conflicto de competencia. El Tribunal Constitucional es la autoridad máxima que tiene que dirimir esta situación” dijo Guerrero. “Mientras tanto, el caso Londras va a seguir estancado, va a seguir parado hasta que eso no se resuelva y remita al Tribunal Ordinario, al cual ya estaba llevando el asunto”.
En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, conmemorado este 2 de noviembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de la Paz emitieron un comunicado en el que exigieron investigaciones independientes y sanciones efectivas.
“Nosotros hemos hecho un balance al respecto y nuestra conclusión es definitiva en el sentido de que durante todo el ciclo que se está acabando, estamos hablando del gobierno del MAS [Movimiento al Socialismo], hemos vivido en un cuadro de violencia sistemática con impunidad”, dijo a LJR Zulema Alanes, presidenta de la ANPB.
El 9 de julio de 2025 inició del juicio por el ataque contra periodistas en Bolivia conocido como caso Las Londras ocurrido el 28 de octubre de 2021. (Foto: ANPB)
Según la ANPB, entre 2021 y 2025 se registraron 679 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia sin condenas ejemplarizantes.
“Ninguna de las demandas que el periodismo y nuestros gremios han presentado reclamando investigación, han logrado reparación y justicia”, dijo Alanes.
Solamente en Santa Cruz, se han puesto 15 demandas relacionadas con ataques a la prensa, aparte de Las Londras, pero ninguna ha recibido respuesta, dijo Alanes. “Ni siquiera tenemos avances en la etapa investigativa”.
El Índice de Chapultepec, realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa y que monitorea la libertad de expresión, clasificó a Bolivia como un país de alta restricción a la prensa y lo calificó como uno de los peores en la región afrontando a la impunidad.
LJR solicitó información al Ministerio Público de Bolivia sobre el caso Las Londras y de otros crímenes cometidos contra periodistas, pero al cierre de este artículo no había recibido respuesta.
Por ahora las víctimas y organizaciones como la ANPB han puesto sus esperanzas en el cambio de gobierno con la llegada de Rodrigo Paz, el cual pondrá fin a 20 años del MAS en el poder.
La ANPB tiene pendiente un encuentro con el presidente electo en donde expondrá, entre otras, las demandas hechas recientemente en vísperas del aniversario del caso Las Londras. La consecución de justicia en crímenes contra periodistas y de un mecanismo de protección, hacen parte de ellas.
“¿Cuál es la fortaleza que yo tengo? Que el 8 de noviembre cambian a este gobierno”, dijo Suárez. “No hay ni un solo castigo para ninguno de estos agresores: sea funcionario público, sean efectivos policiales o sean los interculturales que se hacen llamar un brazo de apoyo al gobierno y de ahí viene la protección. Esperemos que todo esto cambie. Esa es la esperanza que tenemos”.
