Por Ingrid Vásquez*
La Sala Constitucional de la Suprema Corte de Costa Rica determinó la semana pasada que la Organización de Investigaciones Judiciales (OIJ) rompió la ley cuando intervino la línea telefónica de un periodista para obtener información sobre sus fuentes, reportó el diario Tico Times.
En enero, el diario costarricense Diario Extra obtuvo un archivo de 200 hojas por parte de una fuente anónima que mostraba que la OIJ espió el teléfono del reportero Manuel Estrada sin una orden judicial. La corte dictó que las acciones de la OIJ fueron anticonstitucionales, reportó la agencia de noticias EFE.
Sin embargo, la corte no encontró evidencia de que otros reporteros hayan sido espiados, como inicialmente lo aseguró Diario Extra.
El fiscal general Jorge Chavarria ha confirmado que la OIJ grabó las llamadas de Estrada pero negó que la organización haya escuchado las conversaciones y aseguró que solo algunas llamadas en específico fueron monitoreadas como parte de una investigación oficial sobre un secuestro.
La corte prohibió que la OIJ o la Fiscalía General de la República usen la información que grabaron de la línea telefónica de Estrada como evidencia en su investigación y ordenó que destruyan los materiales.
En 2013 Costa Rica recibió la segunda calificación más alta en las Américas en el índice de libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, la aprobación de la nueva ley de delitos informáticos el año pasado ha creado preocupaciones por permitir sentencias de prisión para los periodistas que revelen "información política secreta".
Ingrid Vásquez es una estudiante en la clase "Periodismo en Latinoamérica" en la Universidad de Texas en Austin.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.