El caso del periodista colombiano Nelson Carvajal, asesinado el 16 de abril de 1998, fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 22 de octubre por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según lo dio a conocer la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) “tras 17 años del asesinato sin que el Estado colombiano lo haya esclarecido”, la SIP y el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos pidieron a la CIDH enviar el caso a la Corte con el objetivo de encontrar justicia.
“Aunque todavía hay un duro camino por transitar ante la Corte Interamericana estamos confiados en que se hará justicia y se sentarán precedentes importantes para atender a otros casos de asesinatos que aún siguen impunes en las Américas”, expresó Pierre Maigault, presidente de la SIP, de acuerdo con un comunicado de la organización.
Como se ha estipulado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que un caso llegue a la Corte IDH es necesario que la Comisión lo presente como está establecido en su mandato y funciones.
Para el momento del asesinato, Carvajal, de 37 años, era el director del noticiero Momento Regional y de las radiorevistas Mirador de la Semana y Amenecer en el Campo de la Emisora Radio Sur en el municipio de Pitalito, departamento de Huila, de acuerdo con información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Carvajal se “destacó por sus fuertes denuncias en contra de la corrupción de la clase política local y las presuntas relaciones de ésta con diferentes actores armados”, agregó la FLIP.
El periodista fue asesinado cuando salía de la Escuela Los Pinos, donde también era maestro, cuando un sicario disparó contra él en siete oportunidades.
Según la SIP, entidad que investigó el caso desde el 2002, las personas involucradas en la investigación del crimen han sido absueltas, incluido Fernando Bermúdez, acusado como presunto instigador del crimen (autor intelectual), según la SIP.
Entre 2005 y 2009, la SIP y el gobierno de Colombia sostuvieron reuniones para lograr una solución amistosa, pero “el proceso fue suspendido por la SIP debido a los escasos avances para el esclarecimiento del crimen”.
De acuerdo con esta organización, la investigación del asesinato ha tenido algunas irregularidades como el paso de su caso por cuatro diferentes fiscales, uno de ellos – por ejemplo – se negó a recibir el testimonio de personas interesadas en hacerlo y en la actualidad se encuentra prófugo. Otra fiscal recibió amenazas de muerte.
Sus familiares también han sido víctimas de amenazas y se han visto obligados a salir del país.
El caso también representa un problema que se evidencia en el continente como lo es el agravamiento de la violencia contra periodistas vinculada, muchas veces, al aumento del crimen organizado, y que afecta de manera desproporcionada a los periodistas que cubren temas como corrupción, seguridad pública y delincuencia organizada en zonas rurales o regiones al interior de cada país.
En este sentido, con este caso la Corte podrá profundizar su jurisprudencia sobre la obligación que tienen los Estados de investigar de manera oportuna y diligente los crímenes contra periodistas, así como analizar los altos índices de impunidad en el hemisferio, como lo expresó Santiago Cantón, director ejecutivo de RFK Partners for Human Rights.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
