A finales del 2010, poco después de la publicación de su libro “Los Señores del Narco”, la periodista mexicana Anabel Hernández* recibió información que Genaro García Luna, el ex titular de la principal agencia policiaca durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, pretendía asesinarla por las acusaciones que la periodista hizo en su contra.
Desde entonces Hernández ha sido acompañada por escoltas proporcionadas por el gobierno del Distrito Federal para su seguridad. Sin embargo, las autoridades de la capital mexicana recientemente declinaron jurisdicción sobre su caso y, a pesar de una extensión otorgada esta semana, planean retirarle las escoltas en tres meses.
Convencida de que la sociedad pierde cuando aquellos que buscan exponer la corrupción son forzados a salir de sus países, Hernández actualmente está solicitando a las autoridades capitalinas que le extiendan indefinidamente las medidas de protección que recibe para poder continuar en México.
En el siguiente texto escrito para el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Hernández cuenta la historia de la dirección que ha tomado su vida – al igual que la de su familia y sus fuentes – a consecuencia de sus investigaciones en los últimos cinco años.
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Soy periodista de investigación.
Durante más de cinco años he investigado la corrupción y el abuso de autoridad de la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), cuyo titular era Genaro García Luna. A lo largo de ese tiempo descubrí las profundas redes de complicidad entre García Luna y su equipo más cercano con el crimen organizado, que iba desde bandas de secuestradores hasta carteles de la droga, principalmente el cartel de Sinaloa.
Documenté el enriquecimiento inexplicable del ex jefe policiaco, así como expedientes abiertos en la Procuraduría General de la República (PGR) que se pretendían mantener en secreto en los cuales integrantes del cartel de Sinaloa acusaban directamente al equipo más cercano de García Luna de darles protección a cambio de jugosos sobornos.
Como consecuencia de ese trabajo periodístico el ex titular de la SSP comenzó a hostigarme y emprendió acciones en contra de mis fuentes de información a lo largo de todos estos años. El miedo no impidió que siguiera haciendo mi labor periodística porque siempre consideré que callar esos hechos de corrupción me convertía en su cómplice. Siempre he creído que el periodismo de investigación profundo, documentado y veraz puede contribuir a un país más justo y que los corruptos rindan cuentas ante la ciudadanía.
En diciembre de 2010, luego de la publicación de mi libro “Los Señores del Narco”, en el que revelo parte de esa corrupción, fui informada por una fuente de información confiable que García Luna estaba reclutando a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para asesinarme en represalia de mi trabajo periodístico.
Lo denuncié públicamente y presenté una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) sobre la situación que estaba viviendo y desde entonces me otorgó medidas cautelares que consisten en escoltas las 24 horas del día lo cual, aunque es terrible vivir con escoltas y prácticamente me ha obligado a cambiar mi vida, me ha permitido seguir con vida y seguir ejerciendo mi trabajo de investigación.
Mi familia sufrió un ataque en enero del 2011 y las amenazas continuaron. A lo largo de todo este tiempo fuentes de información han sido amenazadas, asesinadas o encarceladas de manera injusta; incluso hay quien fue torturado el año pasado para que inventara cargos en contra mía. Levanté en mayo de 2011 una averiguación previa contra García Luna en la PGR porque, aunque la agencia fuera parte del gobierno del presidente Felipe Calderón, yo quería dejar un antecedente legal de lo que me estaba pasando.
En el año 2012 una fuente importante, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, fue asesinado. Otra fuente de información fue torturada por la PGR (cuando aún estaba el gobierno de Calderón) para que declarará en mi contra.
En noviembre de 2012 publiqué mi último libro llamado “México en Llamas” en donde revelo todas estas infamias y vuelvo a presentar nuevas pruebas respecto a la corrupción de la Policía Federal.
He defendido mi vida y mi derecho a la libertad de expresión, pero hace unos días fui informada por una fuente totalmente confiable y directa que García Luna planea vengarse de mi trabajo periodístico.
Amplié mi denuncia ante la PGJDF y la PGR. Sin embargo, la PGJDF declinó a principios de este mes su competencia sobre mi caso y envió mi expediente a la PGR, la cual en dos años nunca avanzó en las investigaciones de mi caso pese a tener elementos que yo misma presenté luego del ataque a mi familia. La PGJDF hasta este momento no me ha enviado ninguna notificación, no me ha dicho las razones. Yo me enteré el lunes 11 de marzo sorpresivamente en la PGR donde fui citada.
Gracias a la intervención de gobiernos y organizaciones internacionales, la PGJDF acordó el miércoles pasado mantener las medidas cautelares a mi favor solo por tres meses más. Lo agradezco, pero solicito que estas se queden de manera permanente.
No puedo aceptar que la Policía Federal Ministerial o la PF – que es lo que me ofrece la PGR – sean quienes me protejan, si durante años denuncié su corrupción y la gran mayoría de los mandos le debe el puesto a García Luna, y mucha de su gente sigue en sus puestos. Proponerme que sean esas policías a las que yo denuncié sean las que me protejan es un absurdo y un sin sentido. Es prácticamente empujarme a dejar México. Espero que la PGR y la PGJDF puedan firmar un convenio de colaboración para que sea la PGJDF quien me siga brindando la protección.
Sé que estoy en la lista negra de hombres muy poderosos, como Genaro García Luna. Y hay personas de gran prestigio y calidad moral en México que son testigos directos del odio irracional en mi contra por parte del ex jefe policiaco pero no quieren declarar por temor, y no puedo ni debo obligarlos.
Sé que García Luna espera el momento para cumplir con un menor costo político su amenaza. Sé que no tengo más que la verdad, mi voz y mi trabajo de periodista, y voy a defenderme.
Me encuentro en la lucha por mi vida y la de mi familia, por justicia y por poder seguir ejerciendo libremente el periodismo.
Vivir para callar no es vida en ningún rincón del planeta. Vivir para callar sobre cómo los corruptos, el crimen y la impunidad se siguen apoderando de mi país es también morir. Yo sigo denunciando la descomposición de México y la colusión de políticos y funcionarios públicos.
La muerte, amenazas o censura contra cada periodista es un atentado contra el derecho humano de la sociedad de tener acceso a la información, y son responsables tanto los que los ejecutan y como los que lo permiten. Sin libertad de expresión no hay posibilidad de justicia ni de democracia.
La fiscalía de la PGR, ahora responsable única de llevar mi caso, no ha resuelto ni un solo caso de periodistas amenazados, desaparecidos y asesinados. Me niego a ser una cifra más del fracaso de la autoridad.
En este momento tengo los escoltas, quienes apenas me informaron verbalmente que se quedarán tres meses. Más gracias a la intervención de organizaciones como Libera en Italia, la embajada de Francia en México, y Reporteros Sin Fronteras. Pero después de esos tres meses, ¿qué va a pasar?
Esa es la zozobra en la que vivo.
*Anabel Hernández es una periodista galardonada que ha dedicado su carrera a la denuncia de la corrupción en México. Actualmente es colaboradora freelance de la revista Proceso y el periódico Reforma. Es autora de los libros "La Familia Presidencial" (2005), "Fin de Fiesta en Los Pinos" (2006), "Los Señores del Narco" (2010) y "México en Llamas" (2012).
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
