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“Una sentencia histórica”: después de 40 años exmilitar peruano es condenado en caso de desaparición forzada de periodista

En un juicio que duró más de dos años, el pasado 30 de septiembre un tribunal peruano condenó al exmilitar Alberto Rivero Valdeavellano a 18 años de prisión por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, cometida por sus subordinados en Ayacucho hace 40 años.

El crimen contra Ayala se enmarca en el Caso Huanta 84, que incluye también los asesinatos de seis miembros de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Callqui y el hallazgo de 50 cadáveres en las fosas de Pucayacu. Todos estos crímenes ocurrieron en 1984, una de las épocas más violentas del conflicto interno en Perú.

La jueza Miluska Cano, quien preside la Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Nacional Penal Especializada, ordenó también que se indemnice con 100.000 soles (cerca de US $27.000) a cada uno de los familiares directos de las víctimas. La sentencia también dispuso medidas de reparación integral de atención a través del Estado como atención psicológica y médica a los familiares directos de las víctimas. Finalmente estableció que el Estado ofrezca disculpas públicas por “la equivocación grave a que sometieron a los agraviados y sus familiares al considerarlos injustamente elementos terroristas”, según la sentencia.

Un hombre vestido de traje y una mujer con una fotografía en sus manos posan ante la cámara

El abogado Juan José Quispe junto a Rosa Pallqui, la noche en que se conoció la sentencia en el caso de la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca. (Foto: Tomada de la página de Facebook Justicia para Jaime Ayala Sulca)

“Recibo esta sentencia como una sentencia histórica porque después de 40 años se logró justicia”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Rosa Luz Pallqui, esposa del periodista.

Aunque el Ministerio Público estaba solicitando una condena de 25 años, Juan José Quispe, abogado de la familia del periodista, considera que la sentencia es relevante toda vez que logra la condena de “una de las más altas autoridades de la Marina en Huanta en el año 84”, dijo a LJR. El abogado dijo que, por ser una condena por crímenes calificados de lesa humanidad, no goza de ningún beneficio penitenciario, ni excepción, ni indulto.

Sin embargo, las autoridades deben primero localizar a Rivero Valdeavellano, quien se encuentra prófugo desde que se conoció la sentencia. Las audiencias, dijo Quispe, se realizaron de manera virtual, y el día de la sentencia, el acusado apagó la cámara y “se sumergió en la clandestinidad”.

 

40 años esperando justicia

Ayala Sulca, de 22 años, tenía un programa periodístico en Radio Huanta 2000 y era corresponsal del diario La República. Cubría temas que iban desde las acciones del grupo guerrillero Sendero Luminoso hasta denuncias por casos de tortura, desapariciones, ejecuciones, detenciones ilegales cometidos por miembros de la Mariana en Huanta.

El 2 de agosto de 1984, Ayala Sulca fue hasta el Cuartel General de la Infantería de Marina ubicado en el Estadio Municipal de Huanta para entablar una denuncia por el allanamiento que había sufrido la vivienda de su madre el día anterior y por los golpes que su hermano había recibido por parte militares. Varios testigos que hablaron con el Ministerio Público y con la Comisión de la Verdad y Reconciliación señalaron que vieron entrar al periodista al estadio, pero nunca lo vieron salir.

Para Quispe también es importante que la sentencia llegue para la conmemoración del Día del Periodista en Perú [1 de octubre] porque reconoce que el móvil de la desaparición del periodista tuvo que ver con su trabajo.

“Lo buscaban [miembros de la Marina] para detenerlo porque en su condición de periodista, corresponsal del diario La República, efectuaba denuncias periodísticas, las mismas que resultaban un escollo a la política de la lucha contrasubversiva instaurada en la zona por los militares”, dijo la jueza durante la lectura de sentencia.

Quispe destacó también que la sentencia determinó que ninguna de las víctimas tenía vínculos con Sendero Luminoso, pese a los señalamientos de algunos militares tras la comisión de los crímenes.

“Es importante porque siempre se pone ese estigma”, dijo Quispe. “El Tribunal dijo que más bien lo que han hecho [la Marina] es detener, desaparecer y ejecutar a personas quechua-hablantes, de condición humilde, por la simple sospecha de pertenecer a esta organización terrorista o colaborar con ellos como una política sistemática y generalizada de la Marina en Huanta durante el año 84”.

Imagen de periódico impreso con la historia de la desaparición del periodista peruano Jaime Ayala Sulca

Varios medios cubrieron la desaparición del periodista Jaime Ayala. Desde el primer día, su esposa Rosa Luz Pallqui luchó por la verdad y justicia. En la imagen, un artículo que apareció en el periódico La República. (Ministerio de Cultura - Centro de Documentación e Investigación)

En juicio por el caso Huanta 84 también se encontraba Augusto Gabilondo García del Barco, exjefe de la base contrasubversiva de Huanta, pero la jueza determinó reservar su juzgamiento debido a que no se encuentra en Perú. Las autoridades presumen que él se encuentra en España en espera de un proceso de extradición.

“Me parece mal. Esperaba la sentencia a los dos acusados”, dijo Pallqui.

 

No se aplicó la llamada ‘Ley de impunidad’

Otro de los aspectos que destacó Quispe y Pallqui fue la no aplicación de la llamada ‘Ley de impunidad’ y que había sido solicitada por García del Barco. La ley, promulgada por el Congreso el pasado 9 de agosto, permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos por grupos terroristas y militares ocurridos antes del 1 de julio de 2002.

En la sentencia, la jueza determinó entre otras disposiciones que casos relacionados con violaciones de derechos humanos deben analizarse siguiendo la Convención Americana de Derechos Humanos o decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya competencia reconoce Perú desde 1981.

“Dijo [la jueza] que los crímenes considerados de lesa humanidad, como este caso, son de carácter imprescriptibles”, dijo Quispe.

“Eso es muy importante porque sienta un precedente para los otros casos”, dijo por su parte Pallqui.

Aunque ella y su hijo Boris, que tenía cuatro meses cuando desapareció su padre, destacan la decisión, consideran vital la búsqueda de su cuerpo.

“Esperamos que la oficina de búsqueda de desaparecidos lo siga buscando hasta encontrarlo para darle cristiana sepultura”, dijo Pallqui.

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