El 2019 fue el año con “el mayor retroceso histórico” en cuanto al deterioro de la libertad de la información y de expresión en Venezuela, señaló el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela.
En su reporte anual 2019, “Voces en el paredón”, la organización registró 1.032 violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública para periodistas y ciudadanos.
Existe un patrón de agresión en el país cuyo objetivo es “silenciar” lo que está sucediendo en Venezuela, impidiendo que los medios de comunicación informen sobre las violaciones a los derechos humanos y demás sucesos, señaló IPYS Venezuela. Este patrón se acentúa cuando los venezolanos salen a la calle a protestar, resaltó.
Los principales agresores contra la libertad de expresión en el país fueron el Ejecutivo a través de las fuerzas armadas y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con su regulación de contenidos en radio y televisión y portales digitales, tanto nacionales como internacionales con señal en el país, de acuerdo al informe.
Durante 2019 hubo 326 agresiones y ataques directos a periodistas y medios de comunicación, 76 periodistas – entre ellos 28 corresponsales extranjeros – se vieron afectados por detenciones arbitrarias, hubo 81 limitaciones de acceso a la información pública, 70 casos de censura previa, 21 acciones legales administrativas, 30 regulaciones de contenidos en radio y televisión, 15 casos de censura interna, 4 casos de impunidad y 3 de censura indirecta.
Respecto a las detenciones arbitrarias, estas estuvieron dirigidas a periodistas que cubrían temas relacionados con la oposición política, la ayuda humanitaria y las protestas sociales por la precariedad de los servicios públicos. Tan solo en enero fueron detenidos 17 periodistas.
En las detenciones participaron directamente las fuerzas policiales, militares y de inteligencia agrediendo verbalmente e intimidando a los periodistas, atacando y confiscando sus equipos de trabajo, de acuerdo al informe.
Una de las detenciones más emblemáticas, según la organización, fue la del periodista Luis Carlos Díaz. Él fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas el 11 de marzo. Intentaron acusarlo de “delitos informáticos” por supuestamente ser parte del plan que causó un apagón cibernético a nivel nacional en Venezuela el 7 de marzo de 2019 que duró 4 días. Luego lo acusaron de instigación pública y le prohibieron hablar de su caso públicamente y salir del país.
IPYS Venezuela pidió al gobierno la existencia de un marco regulatorio que proteja la libertad de información y la diversidad de voces en el país, sin amenazas ni presiones.
Entre mayo y junio, los periodistas tuvieron restringido el acceso a las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. La medida fue ejecutada por agentes del Sebin y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La organización venezolana también registró durante 2019, 191 alertas de restricciones contra los derechos digitales en el país, más del doble que en 2018 cuando registraron 69.
De las ocurridas en 2019, 40 fueron ataques a servidores de portales informativos y acciones intimidatorias hacia la prensa, 38 bloqueos de sitios noticiosos y plataformas de redes sociales y 9 restricciones a la libre expresión en línea. Los sitios informativos El Pitazo, Efecto Cocuyo, Armando.info y Runrun.es estuvieron entre los más afectados por estas medidas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr) también consignó en su informe de 2019 sobre derechos humanos en Venezuela, el constante ataque a los medios independientes y sus plataformas nacionales y de redes sociales.
Plataformas internacionales como Google, YouTube, Microsoft Bing y Facebook sufrieron bloqueos intermitentes desde los operadores de servicio de internet en el país como Movistar y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
En general, la mayoría de las agresiones (61%) ocurrieron en la primera mitad del año. De acuerdo con el informe, el año 2019 se caracterizó por constantes conflictos sociopolíticos y una profunda crisis de derechos humanos a nivel nacional.
Las categorías del informe detallan la represión contra los medios de comunicación y cualquier tipo de expresión disidente en redes sociales, el tipo de agresor más recurrente y el tipo de agresiones más utilizado contra la prensa. Asimismo, describen los ataques dirigidos específicamente a un periodista o medio, la falta de acceso a la información pública y a las entidades del estado, la opacidad y desinformación del gobierno, el autoritarismo digital y las acciones de censura en sí.
El informe explica la situación de las agresiones a la libertad de expresión de los estados del país. Caracas, Táchira, Lara, Apure Zulia, Mérida, Bolívar y Falcón destacan entre los más afectados.
El informe concluye con cuatro propuestas de IPYS Venezuela que buscan mayor protección para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país. Estas recomendaciones están dirigidas al Estado, a los periodistas y sus gremios, y a los medios de comunicación.
Proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos que estén amenazados o hayan sido víctimas de intimidación y ataques para que puedan seguir con su labor. Asegurar y mejorar el acceso a la información pública y datos abiertos mediante la creación de una ley de acceso a la información pública. Garantizar y proteger la libertad de expresión e información en internet a través de mecanismos de seguridad digital, y reconocer el derecho humano al acceso a internet. Finalmente, propone la creación de programas de capacitación para periodistas y sobre derechos digitales.
