En Colombia, la negligencia de un importante medio de comunicación frente a un caso de agresión sexual por parte de un editor contra una periodista llevó a la Corte Constitucional a establecer que las empresas públicas y privadas son responsables de prevenir y sancionar la violencia de género en los lugares de trabajo.
En Argentina, un grupo de periodistas presentó un informe al Senado que recopilaba denuncias de acoso sexual de 19 mujeres contra un periodista reconocido. Inicialmente negó las acusaciones, pero días después publicó un video asumiendo la responsabilidad y disculpándose con las mujeres por sus “actitudes inapropiadas”.
Ambos casos tuvieron repercusiones dentro y fuera de estos dos países, y sacaron a la luz un problema conocido por las mujeres periodistas de la región: la prevalencia de la violencia de género en las redacciones, en las coberturas y otros entornos laborales.
Un estudio reciente recopiló datos para evidenciar este escenario. Investigadoras de la encuesta #MediosSinViolencias, realizada por la organización argentina Comunicación para la Igualdad con apoyo de la Unesco y publicada en agosto, entrevistaron a 108 periodistas y gerentes, hombres y mujeres, de 95 medios en 14 países de América Latina.
Tres cuartas partes (75%) dijeron conocer al menos un caso de violencia de género contra mujeres periodistas, tanto en línea como fuera de línea. Casi la mitad (48%) señaló que estos casos de violencia ocurrieron en el principal lugar de trabajo de las periodistas (redacción o estudios de televisión o radio).
Los principales agresores en entornos fuera de línea fueron supuestamente personas en cargos de dirección (49%) en los medios donde trabajaban las víctimas y colegas del mismo nivel jerárquico (27%). Las formas predominantes de violencia de género contra las mujeres periodistas, según los entrevistados en el estudio, fueron la violencia psicológica y verbal (65.6%) y el acoso sexual (28%).
En más de la mitad de los casos citados por los encuestados (54.5%), los agresores no fueron castigados. Menos de un tercio (28%) de los casos generaron una denuncia, ya sea dentro del propio medio o en los tribunales. En el 41.5% de los casos denunciados, hubo represalias contra las personas que lo denunciaron, como presión en el trabajo, amenazas y despidos.
Estos últimos tres datos forman “un triángulo que resalta la impunidad del poder dentro de los medios”, dijo Sandra Chaher, coordinadora y editora del estudio, a LatAm Journalism Review (LJR).
Sandra Chaher, coordinadora y editora del estudio #MediosSinViolencias y presidenta de Comunicación para la Igualdad. (Foto: Cortesía)
“Tenés ahí una pirámide de poder que tiene que ver con empresas donde hay impunidad, o sea, los agresores no son sancionados y en vez de eso se ataca a las víctimas, y por lo tanto las víctimas se retraen”, dijo. “Si vos viste el caso de una colega que fue a denunciar y o la echaron o la movieron de trabajo o la amenazaron, no es un aliciente para que vos denuncies. Este es lo que más nos sorprendió, porque denota lo anquilosado que está la violencia asociada al poder en los medios de la región”.
Además de entrevistas con periodistas, el estudio también analizó 27 protocolos para abordar la violencia de género en el trabajo. De estos, 22 están en vigor en medios de comunicación y cinco fueron elaborados por sindicatos de periodistas en la región.
Según el estudio, “un protocolo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación frente a una situación específica, en un ámbito determinado”. En casos de discriminación, acoso y violencia en el trabajo, el protocolo “permite atender la situación que se presenta y abordarla adecuadamente en todos los aspectos, mediante una intervención integral”, señala el estudio.
Entre los protocolos analizados, solo dos fueron elaborados antes de 2015. Ese fue el año en que surgió el movimiento feminista Ni Una Menos en Argentina, que impulsó el debate sobre la violencia de género en el ámbito público en América Latina.
“Para nosotras es un poco una evidencia de todo lo que generó en América Latina el Ni Una Menos: el hecho de empezar a hablar de violencia, empezar a tener algún nivel de sensibilidad y de preocupación por este tema. Entonces las empresas periodísticas empezaron a pensar que algo tenían que hacer”, dijo Chaher.
Con base en este análisis y con la colaboración de al menos 30 medios latinoamericanos, los responsables del estudio desarrollaron un Protocolo Marco para la Prevención y Acción contra la Discriminación, el Acoso y la Violencia en el Trabajo Periodístico.
“Entendemos la existencia y aplicación de protocolos de atención de la violencia como una de las estrategias que las organizaciones de noticias podrían desarrollar para promover mejores ambientes laborales”, señala el estudio. También enfatiza que los protocolos deben implementarse en el contexto de un plan integral de prevención de la violencia que desarrolle otras acciones, y que el compromiso de los gerentes y propietarios de medios con estas políticas es esencial.
“Sin un rol activo de los cuerpos dirigenciales en desactivar la violencia y generar espacios de trabajo inclusivos, la existencia por sí sola del protocolo no será suficiente”, señala el estudio.
La encuesta #MediosSinViolencias también encontró que más de la mitad (57%) de los 95 medios representados en la muestra no tienen un protocolo para abordar la violencia de género. Alrededor de un tercio (32%) tiene un protocolo, y en el 12% de los casos las personas entrevistadas dijeron que no sabían cómo responder.
Chaher destacó que, en los medios donde existe un área especializada en manejar este tipo de denuncias, el 41% de las personas evaluaron su funcionamiento positivamente. Para ella, esto es un incentivo para que las organizaciones y empresas adopten protocolos y áreas especializadas para tratar la violencia de género en el trabajo.
“Mejora muchísimo el clima laboral, o sea, la gente está más satisfecha porque siente además que se abordan esos temas”, dijo. “Si tenés que trabajar todos los días en un entorno violento y no tenés muchas ganas de ir a trabajar, probablemente tu trabajo tenga menor calidad”.
El estudio hace referencia al marco legal regional e internacional sobre este tema, y cita el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Según el Convenio, establecido en 2019, la “violencia y el acoso de género” son “violencia y acoso dirigidos a personas por su sexo o género, o que afectan desproporcionadamente a personas de un sexo o género en particular, e incluye el acoso sexual”.
El Convenio 190 determina que los países que lo ratifiquen deben adoptar las medidas necesarias para erradicar la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Hasta la fecha, 11 países de América Latina y el Caribe han ratificado el convenio: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Chaher señaló que el Convenio 190 “es un gran avance precisamente porque había un vacío legal en relación con este tema”.
Aunque Colombia aún no ha ratificado el Convenio 190, la norma fue una de las que informó la sentencia T140/21 de la Corte Constitucional del país.
La Corte estableció que el Estado colombiano y las empresas tienen “la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia y/o discriminación contra las mujeres periodistas y aquellas que trabajan en los medios de comunicación y, en esa medida, deben actuar de una manera deferente, no neutral e intolerante en relación con la violencia y o discriminación por motivos de género contra las mujeres periodistas”.
Laura Martínez ayudó a desarrollar el protocolo de Cuestión Pública. (Foto: Cortesía)
Laura Martínez, abogada y líder de acceso a la información para el medio colombiano Cuestión Pública, dijo a LJR que, tras esta sentencia, emitida en mayo de 2021, los medios del país comenzaron a prestar más atención a este tema.
Este año, Cuestión Pública también desarrolló, en asociación con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), su propio protocolo para abordar la violencia de género contra periodistas, dijo Martínez.
“Cuestión Pública es un medio feminista. Entonces, durante mucho tiempo habíamos estado pensando que, si éramos un medio feminista, teníamos que tener nuestras propias herramientas para proteger también a nuestras mujeres periodistas”, dijo Martínez. “Queríamos dejar muy claro que había violencia contra las mujeres periodistas porque eran mujeres”.
Por esta razón, Cuestión Pública fue invitada a colaborar en la elaboración del Protocolo Marco para el proyecto #MediosSinViolencias, dijo.
“Hicimos presencia en algunas reuniones, estuvimos discutiéndolo. Fue un espacio de mucho crecimiento también para nosotras, porque ya teníamos un conocimiento previo de cómo era el protocolo y cómo se hacía, pero discutir con con otras colegas y conocer cuáles eran sus puntos de vista me pareció maravilloso”, dijo Martínez.
Destacó que uno de los puntos del Protocolo Marco que le pareció más relevante es el enfoque integral al problema de la violencia de género contra las mujeres periodistas. Además de señalar soluciones para casos que puedan ocurrir, el protocolo también exige que las organizaciones evalúen riesgos, detecten posibles situaciones de violencia y adopten medidas preventivas. También deben dedicarse a transformar la cultura de la organización para garantizar entornos laborales libres de discriminación, violencia y acoso.
Martínez también destacó que lo importante es “empezar de una manera muy básica”.
“Cuando tú estás en una situación de riesgo, tú no necesitas un montón de palabras técnicas. Realmente [es importante] hacer un protocolo que sea muy rápido”, dijo. “Eso fue lo que tratamos de hacer en Cuestión Pública. Me parece fundamental algo que más que burocrático sea un tema de rapidez y agilidad”.
