“Con 67 votos en contra y 51 votos a favor, la Cámara defendió un artículo que puede resultar en la restricción de la labor periodística y en el control a las acciones de los funcionarios públicos. El polémico punto está en el proyecto que busca ‘adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción’.
El controvertido artículo, que fue apoyado por la mayoría de los representantes, establece una adición al código penal para que se establezca la injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos. Según el texto, defendido por el oficialismo, se crean penas de 60 a 120 meses de presión a los que ‘mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de un funcionario público’.”
