"El sistema judicial venezolano dictó el 11 de noviembre de 2025 una condena contra Juan Francisco Alvarado, un estudiante de Comunicación Social de 31 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)denunció el caso, indicando que el proceso careció de pruebas y garantías y que el caso se convirtió en una muestra de la criminalización de la denuncia ciudadana.
Alvarado, quien residía en la comunidad de Apartadero, estado Cojedes, solo buscaba una solución a problemas que afectaban su vida diaria. El desbordamiento de aguas negras en su zona le impedía realizar necesidades básicas en su propio hogar, por lo que debía trasladarse a diario a casa de su abuela. Utilizando la aplicación VenApp (herramienta creada por el propio Ejecutivo) y sus redes sociales, Juan reportó el colapso de las cloacas y la avería de transformadores eléctricos que nunca fueron reparados, a pesar de que los recursos públicos ya habían sido asignados.
[...]
Los allegados a Alvarado sostienen que Juan solo ponía en práctica lo que aprendía en su carrera de periodismo: informar sobre la realidad de su entorno".
