“En enero pasado, el Palacio de Gobierno [de Perú] convocó a algunos gremios periodísticos para elaborar un ‘Protocolo’ que regulara la cobertura periodística durante las protestas, en medio de varias agresiones policiales contra reporteros. Unas no acudieron, otras se retiraron en el camino, y las menos continuaron. Pero a estas últimas les cayó como baldazo de agua fría la publicación del documento en el diario El Peruano porque sus propuestas habían sido ignoradas. El Ministerio del Interior lo publicó de manera unilateral.
El protocolo para la cobertura periodística de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, publicado ayer [1 de marzo] en el diario oficial El Peruano, no recoge las observaciones planteadas por las instituciones de periodistas que acudieron a la convocatoria de Palacio de Gobierno para su elaboración, por lo que no es considerado por aquellas como un documento ‘de consenso’.
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Una primera crítica apunta al propio título del documento, al llamar ‘alteraciones al orden público’ a lo que simplemente debe ser denominado ‘protesta’.
Luego, cuestionan el punto 8.2.5., que dispone en dónde deben ubicarse los periodistas que cubren manifestaciones violentas, y que advierte que ‘de no cumplir con las indicaciones brindadas por la Policía Nacional, se produce alguna afectación a la integridad física de los periodistas o comunicadores, será bajo su responsabilidad’, dejando así de lado el deber del Estado de proteger la labor periodística.”
