“La Cámara de Diputados celebró la aprobación de la Ley Ingrid como un avance histórico para los derechos de las víctimas y contra la revictimización de las mujeres que sufren un feminicidio. Todos los partidos aprobaron la semana pasada por primera vez una reforma del Código Penal que castiga con hasta 10 años de cárcel la difusión de esas imágenes, especialmente de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. Sin embargo, paradójicamente, el texto de la reforma tal y como ha sido aprobado deja la puerta abierta a cercenar informaciones de interés público, como la contenida en algunas investigaciones penales, así como a castigar a los periodistas que la divulguen. El debate se da en un país azotado por la violencia, donde nueve de cada diez delitos quedan en total impunidad y en el que en numerosas ocasiones los medios son los únicos que dan a conocer la violación de derechos humanos. ‘No hablamos de información que pueda causar un daño a las víctimas ―como en el caso de Ingrid― sino de información que la sociedad tiene derecho a conocer’, apunta Leopoldo Maldonado, director de la organización en defensa de la libertad de prensa Artículo 19.”
