“Las organizaciones firmantes consideramos que esta clase de modificaciones con riesgos para la vigencia de los derechos fundamentales necesitan de un debate informado con participación de las múltiples partes interesadas.
La remoción de contenidos en Internet sin una decisión de una autoridad judicial -aun cuando exista la posibilidad de apelación ex post por parte de los usuarios- contraría principios y recomendaciones para la protección de derechos fundamentales en línea, como los principios de Manila.”
