“El presidente Gustavo Petro ha firmado hoy [9 de septiembre] una directriz que busca promover buenas prácticas y conductas éticas que se alineen con las responsabilidades sociales y democráticas vinculadas a la garantía de la libertad de expresión y de prensa. Por iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta directiva tiene como objetivo reforzar el deber que recae sobre los funcionarios públicos al emitir pronunciamientos públicos, especialmente en su interacción con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, cuando se aborden temas relacionados con el cumplimiento de sus funciones.
Dentro de las directrices establecidas se incluye el deber de que los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, se abstengan de realizar pronunciamientos que fomenten la estigmatización o discriminación contra la prensa. Igualmente, la directiva insta a los funcionarios a que eviten realizar declaraciones que puedan interpretarse como incitaciones a la violencia o discriminación y a fomentar un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia hacia todas las opiniones y aportes al debate público. Asimismo, se recalca la importancia de que los funcionarios públicos garanticen el acceso a información pública veraz, imparcial y oportuna, evitando el uso de su influencia para censurar ideas, opiniones o información crítica hacia las autoridades o funcionarios.”
