Brasil aparece, y con amplia ventaja, como el país campeón de los pedidos gubernamentales para retirar, vía judicial, contenidos online, según el último Reporte de Transparencia Global de Google, publicado el jueves 25 de abril. Durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2012, la empresa recibió 1.461 solicitudes de procesos judiciales de gobiernos de todo el mundo para eliminar contenidos tales como videos de YouTube o listados de búsqueda, y de los cuales 640, cerca del 43 por ciento, provino de las autoridades brasileñas.
Varios periodistas denunciaron haber sufrido restricciones en la cobertura de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde resultó victorioso, por un estrecho margen, el candidato designado por Hugo Chávez, Nicolás Maduro, con el 50. 66% de los votos contra un 49.07% del candidato opositor, Henrique Capriles. De acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), algunos profesionales de medios locales tuvieron problemas para acceder a los centros electorales y vieron su labor obstaculizada por las autoridades públicas, el pasado domingo 14 de abril, día de las elecciones.
Un informe en México revela que la mayoría de los 32 gobiernos estatales oculta información sobre sus gastos en publicidad oficial en medios de comunicación y que ningún estado cuenta con normas específicas sobre los criterios de asignación de publicidad oficial. “Esta repartición discrecional de la pauta debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político”, asegura la organización Fundar, encargada de realizar la segunda edición del reporte Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, presentó un informe que analiza el anteproyecto de la Ley de Telecomunicaciones y señala que dicho proyecto establece censura previa, vulnera el derecho a la propiedad privada y convierte al Estado en productor de contenidos, según reportó el diaro La Tribuna.
Por lo menos otros dos equipos periodísticos tuvieron su labor obstaculizada en Venezuela mientras cubrían las noticias relacionadas con la muerte del presidente Chávez, ocurrida la semana pasada.
La Procuraduría General de la República de México — órgano encargado de investigar delitos federales como el tráfico de drogas y de armas — comenzó a principios de este mes a negar a los periodistas el acceso a sus instalaciones por todo el país, reportó el martes la revista Proceso.
Un informe publicado por la ONG internacional Article 19 revela que cada cuatro semanas es asesinado un periodista o defensor de los derechos humanos en Brasil.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en Inglés) le entregó al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Joaquim Barbosa, un informe sobre las amenazas a la prensa en América Latina, el pasado miércoles 6 de marzo, según el sitio web del STF.
El periódico ecuatoriano El Diario denunció que personas no identificadas impidieron la circulación de la edición del pasado 25 de febrero en los cantones de Pedernales y Jama, provincia de Manabí (noreste del país).
¿Son los 'apagones informativos' eficaces - o incluso éticos - cuando los periodistas son secuestrados? Esa es la pregunta que Frank Smyth, asesor senior para la seguridad de los periodista del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), plantea en una reciente nota publicada en el sitio web de la organización, el martes 26 de febrero.