Rosana Cueva, directora de dos de los más grandes canales de televisión de Perú: América TV y Canal N, dice que se ha acostumbrado a recibir diferentes formas de amedrentamiento por su trabajo, que aunque molestas, las acepta como parte del oficio.
Sin embargo, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Criminalidad Organizada de Lima le anunció en enero de 2025 que era oficialmente investigada por “tráfico de datos personales” y “organización criminal”, su percepción cambió. La gravedad de los delitos por los que es investigada podría avanzar a tal punto que su vivienda podría ser allanada, se podría acceder a sus comunicaciones privadas, y por supuesto, podría ir a la cárcel.
El caso es solo un ejemplo de lo que organizaciones defensoras de libertad de prensa identifican como ataques y acoso por parte del Estado contra la prensa del país. Estos ataques se materializan en demandas judiciales, leyes restrictivas y ataques verbales por parte de políticos, incluida la propia Presidenta.
En el caso de Cueva, ella y otros dos periodistas – Eduardo Quispe [exreportero de América TV] y Humberto ‘Beto’ Ortiz [periodista freelance] – son investigados luego de que Zamir Villaverde, un empresario con antecedentes penales y cercano colaborador del expresidente Pedro Castillo, los demandara en noviembre de 2024 por presunta organización criminal.
Cuando los medios de los periodistas se negaron a retirar artículos que investigaban los vínculos y antecedentes políticos de Villaverde, este presentó una demanda alegando que periodistas pagaron a un colaborador eficaz que tenía la Fiscalía General en su investigación contra el expresidente Pedro Castillo. Villaverde les acusó de pagar por exclusivas, algo que los tres profesionales de la prensa niegan.
“Lo sorprendente fue que una fiscalía le hiciera caso y abriera una investigación”, dijo Cueva.
Defensores de prensa afirman que los periodistas no sólo se ven atacados en los tribunales.
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), dijo a LJR que los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del país tienen a los periodistas en la mira.
“Nosotros hemos dicho literalmente y documentadamente que el periodismo en este momento en Perú está bajo asedio porque está atacado por todos los poderes del Estado”, dijo Lainez.
Algo en lo que coincide el Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Según dijo a LJR Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del CPP, el Ministerio Público y el Poder Judicial son el “principal frente de agresión” contra la prensa. Desde el Ministerio Público abren investigaciones en contra de periodistas y autorizan allanamientos que en concepto del CPP no debieron aprobarse. El Poder Judicial por otra parte acepta querellas “absolutamente descabelladas” y no avanza en investigación en los crímenes contra periodistas, incluidos los cometidos hace más de 30 años, dijo Salazar.
Un ejemplo de esto, según Salazar Zimmermann, es que no se ha avanzado en la investigación del asesinato del periodista Gastón Medina ocurrido el 20 de enero de 2025.
Mientras tanto, el actual Congreso pasa propuestas de ley cada 60 días que afectan la prensa.
Una de ellas, por ejemplo, fue aprobada por el Congreso el 12 de marzo y promulgada por la Presidenta el 14 de abril. La Ley N.º 32301, conocida como ‘anti-ONG’, ha recibido el rechazo de organizaciones defensoras de libertad de prensa y periodistas del país y del mundo por los efectos nocivos para la profesión.
Bajo esta ley, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) puede censurar y bloquear investigaciones periodísticas financiadas por la cooperación internacional, según periodistas. Esto también afecta a medios de comunicación que reciben este tipo de apoyo financiero.
Adicionalmente, el 13 de marzo, el Congreso aprobó en primera votación otra ley que incrementa las penas por el delito de difamación y calumnia y que podrían llevar a un periodista a cumplir penas de hasta cinco años de prisión. Todavía se encuentra en agenda del Congreso para una segunda votación.
A esto se suma los constantes ataques verbales del Poder Ejecutivo que acusa constantemente a medios y periodistas de “golpistas”, “mermeleros” (recibir dinero a cambio de publicaciones) e incluso de “terroristas de imagen”.
“Con lo difícil que es usar la palabra terrorista en un país como el nuestro”, dijo Lainez.
El pasado 3 de marzo, la presidenta Dina Boluarte acusó a la “mala prensa” y a la Fiscalía General de estar coludidos para crear un “golpe de Estado blanco”.
Además de este discurso agresivo, Salazar Zimmermann dijo que durante las protestas en contra de Boluarte entre diciembre de 2022 y enero de 2023, más de 100 periodistas fueron golpeados, perseguidos y amenazados por policías por cubrir las protestas. Según Salazar Zimmermann, no hay investigaciones abiertas por estos ataques.
“Entonces tenemos todo un Estado en contra de la prensa que, para usar la palabra de Dina Boluarte, yo diría que el Estado peruano ha entablado un golpe Estado blanco contra la prensa en el Perú”, dijo Salazar Zimmermann.
LJR solicitó comentarios sobre estos señalamientos a las oficinas de prensa de la Presidencia, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la Fiscalía General, pero no recibió respuesta de ninguna entidad.
El deterioro de la libertad de prensa en Perú ha sido notado por diferentes organizaciones a nivel internacional también.
El último Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que estudia anualmente la situación de la libertad de prensa en el continente, “confirmó un grave retroceso en las libertades de prensa y expresión en Perú”, dijo a LJR Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. El país descendió del puesto 12 al 16 entre 22 países y llegó a la categoría de “alta restricción”.
No es el único índice que lo señala. En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa que realiza anualmente Reporteros Sin Fronteras (RSF), Perú ha tenido un descenso en picada: del puesto 77 que ocupaba en 2022 pasó al 110 en 2023. Y para 2024 ya estaba en el puesto 125 entre 180 países.
La SIP realizó una visita de tres días al país el pasado mes de marzo donde pudo comprobar en terreno la información que recibían sobre la situación de la prensa en el país, dijo Lauría. La asociación se fue tranquila por la respuesta que recibió del Estado y la apertura que tuvieron para recibir sus preocupaciones, como cuando la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, suscribió las dos declaraciones de la SIP (Chapultepec y Salta II) en muestra de un compromiso con la libertad de prensa y expresión.
No obstante, Lauría dijo los representantes de la SIP encontraron “muy decepcionante” que al otro día de irse se aprobó la nueva “ley mordaza” que penaliza la difamación.
“Como hecho positivo hemos visto que la sociedad civil, las organizaciones de defensa de los periodistas están en la primera línea de defensa”, dijo Lauría. “Es importante darle visibilidad a este problema porque claramente no sólo está afectando a un sector de la población, al gremio periodístico, sino que afecta a toda la sociedad”.
Lauría hizo un llamado a la comunidad internacional para poner el foco en Perú especialmente por las elecciones que tendrá el país el próximo año.
“Es importante darle visibilidad toda vez que el agravamiento de la situación política e institucional [de Perú], ha tenido un impacto muy, muy nocivo para la libertad de expresión”, dijo Lauría.
