La polarización persiste en Bolivia tras la renuncia y salida del país del expresidente de izquierda Evo Morales y del establecimiento del conservador gobierno de transición de la presidente interina Jeanine Áñez. Mientras tanto, los periodistas que permanecen en el país tienen que lidiar con esa situación de ajuste.
Para el periodista Raúl Peñaranda, director del portal Brújula Digital, las presiones, críticas y amenazas por parte de funcionarios estatales han cesado en comparación con las prácticas del gobierno anterior.
“Yo veo que la situación de la prensa y de los periodistas independientes en Bolivia ha mejorado notablemente con la caída de Evo. Por lo menos se nota, se respira un aire de libertad”, dijo Peñaranda al Centro Knight.
“En sí misma, la libertad de expresión en este tiempo, como tal, no está siendo tan avasallada como en el gobierno previo, donde sí ha habido mecanismos de intromisión a las esferas, sobre todo, de organización de los periodistas, de los comunicadores, y también, incluso en la propiedad de los medios”, dijo José Luis Aguirre, director del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (Secrad) de la Universidad Católica Boliviana (UCB).
Si bien el periodista boliviano Juan Araos, director de contenidos del diario Los Tiempos de Cochabamba, está de acuerdo con que las presiones a la prensa independiente ya no provienen del gobierno, explicó que el ambiente social polarizado que dejó el fraude electoral de octubre pasado está poniendo nuevos retos a la labor periodística.
“Uno podría pensar que la cosa está tranquila para los periodistas, pero no es tan así. (...) Como se ha polarizado la situación, sectores que por estos 14 años fueron considerados de la oposición, ahora son oficialistas y le tienen una animadversión absoluta al presidente Morales, y se estrellan contra los medios que se ponen a informar [noticias relacionadas al expresidente]”, dijo Araos al Centro Knight.
Los periodistas independientes ya no son perseguidos por el gobierno, “ya no hay conferencias de prensa para callar a algunos periódicos”, ahora es la gente, los lectores, los que están muy polarizados y terminan afectando el trabajo de la prensa, dijo Araos.
“No es que estemos en una taza de leche. No. Seguimos presionados, seguimos en problemas, obviamente que no tanto como antes, porque antes era el gobierno. Lo que pasó acá [en Bolivia] fue muy duro, la gente quedó muy afectada, muy choqueada. Hay mucha polarización”, agregó.
Como ejemplo de ello, el periodista mencionó los desmanes del grupo llamado la Resistencia Juvenil Cochala contra la prensa durante una vigilia frente a la Asamblea Legislativa Departamental, cuando se elegían a lo vocales electorales en diciembre de 2019.
Hubo un cordón humano de integrantes de ese movimiento que “entorpecieron el trabajo de los periodistas que querían tener una entrevista con los candidatos, y no los dejaron. Este problema surge por el tema de la polarización”, dijo Araos. Este movimiento ciudadano que está en desacuerdo con la postura que tuvo el gobierno de Morales, dice en su perfil de Twitter tener como objetivo luchar por la democracia en Bolivia.
Esta polarización social ha suscitado enfrentamientos entre grupos a favor y en contra de Morales y ocasionado que muchos medios de comunicación, como radios comunitarias y de pueblos originarios, sufran daños en su infraestructura durante las protestas de fin de año, al punto de dejar de transmitir.
Recientemente, el 14 de enero, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) reportó que colectivos ciudadanos interfirieron con el trabajo de periodistas, obstaculizando que tomen fotos. Un periodista dijo a la organización que agentes policiales de los alrededores presenciaron el hecho.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó en ese entonces en Twitter: “La obligación del Estado es proteger a periodistas y sancionar a agresores”.
Las radios comunitarias que Evo dejó
Las radios comunitarias de pueblos originarios (RPO), creadas por Morales, han estado transmitiendo en varias localidades del país mensajes de odio y llamamientos a la guerra civil, según dijo al Centro Knight el actual viceministro de políticas comunicaciones del Ministerio de Comunicación de Bolivia, Martín Díaz Meave.
“Acá en el ministerio se han recibido muchas denuncias, bastante particulares, acerca de estos llamamientos a la guerra civil. Muchas radios económicamente dependientes del gobierno que estaban emitiendo mensajes con llamamiento a la guerra civil, con amenazas personales, incluso, a la figura de la presidenta (Jeanine Áñez), desde la posición del nuevo gobierno”, dijo Díaz.
A principios de enero, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga dijo que la radio Kawsachun Coca no cumplía con el rol de una RPO, de informar y educar, y la acusó de transmitir “voces sediciosas que siguen llamando a la confrontación”, de acuerdo con Página Siete.
Ella señaló que el gobierno no ha suspendido las operaciones de la emisora.
“Eso es libertad de expresión, pero también la libertad de expresión tiene sus límites y también hay que actuar de frente cuando existen problemas que puedan de alguna forma mal informar al pueblo de Bolivia, buscando proteger gobiernos corruptos, proteger hechos de narcotráfico, también se tendrán que tomar acciones contra eso", dijo Lizárraga.
Los operadores de la radio denunciaron en redes sociales que sus equipos de transmisión habían sido decomisados por el ministerio de Comunicación para un “supuesto mantenimiento”, según Página Siete.
Lanza, el Relator Especial, tuiteó: “Los ‘límites’ que propone imponer la ministra de Comunicaciones de Bolivia a radios deben ser compatibles con la protección amplia de la libertad de expresión según la Convención Americana”.
Luego de su salida de Bolivia, una grabación de Morales llamando a la formación de milicias armadas fue filtrada por la radio Kawsachun Coca Trópico, reportó Reuters. El exmandatario dijo a la agencia de noticias que los bolivianos tenían derecho a defenderse del nuevo gobierno y que en su alocución él no quiso decir “armas sino hondas”.
Estas RPO operaron durante el gobierno de Evo Morales como retransmisoras de la radio gubernamental nacional, Radio Illimani, antes llamada Radio Patria Nueva, sostuvo el periodista Peñaranda.
“Las RPO ni siquiera eran consideradas radios de pueblos originarios, sino que estaban localizadas en lugares estratégicos del país y retransmitían la radio del gobierno, que era una radio favorable a Morales sin ningún pluralismo, sino que eran prácticamente repetidoras”.
Estas RPO han combatido y competido por años con las tradicionales radios comunitarias bolivianas que sí transmiten contenido local y cumplen con los requisitos de la Ley 164, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación, de acuerdo con Aguirre, quien tuvo a su cargo por 12 años la dirección del capítulo boliviano de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
“Lastimosamente, el anterior gobierno ha utilizado de forma política a muchas radios comunitarias con una estrategia muy simple: si tú te alineabas a la idea partidaria, ellos te proveían de infraestructura, te daban recursos económicos y hasta te daban un transmisor. De esta manera, se pasaba por alto la Ley 164, en la cual se especifica que una radio comunitaria debe presentar un proyecto radiofónico educativo”, agregó el viceministro Díaz.
Sin embargo, Díaz negó que el gobierno de transición haya intentado censurar a las radios comunitarias tras las informaciones de cierre de estaciones radiales que publicaron algunos medios bolivianos como el diario La Razón en diciembre de 2019. “Este argumento ha sido utilizado para atacar al gobierno, como si quisiera acallar a estas radios”, indicó.
“Hay radios que han sido destruidas, quemadas, hay conductores u operadores que han sido amenazados, etc. Entonces, a mediados de noviembre, cuando acabaron las protestas, varias de estas radios han reportado al gobierno los daños que sufrieron. Las regularizaciones han tomado cierto tiempo porque también ha tomado cierto tiempo que el país vuelva a un cauce normal, digamos”, dijo.
El viceministro explicó que en muchos casos, no se pudo reasignar nuevas partidas presupuestarias a las radios afectadas por ser fin de año y no contar con los recursos necesarios para ello. “Entonces, estas radios que estaban a emitir contenidos locales tuvieron que comenzar a poner simplemente música o a repetir la señal de radio Illimani”.
“Hemos retomado el contacto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), donde varios de sus miembros de una manera muy discrecional habían renovado licencia, y lo que hemos hecho es regularizar la situación de todos ellos, y esto es un trabajo que todavía está en curso”, dijo el viceministro.
Por su parte, Aguirre, director de la Secrad, hizo un deslinde entre las RPO y las radios comunitarias tradicionales del país. Las RPO eran retransmisoras de la radio estatal Patria Nueva, no pasan contenido local, no así las radios comunitarias miembros de Amarc, dijo Aguirre.
“Las radios comunitarias tradicionales han funcionado en Bolivia desde fines de 1970. Las radios comunitarias campesinas nuestras han sido siempre hostigadas e incautados sus equipos porque en las normas de telecomunicaciones anteriores no eran reconocidas, únicamente se categorizaban dos tipos de operadores: el operador estatal y el operador comercial privado, donde no aparece la figura de lo comunitario”, dijo Aguirre.
Con la Ley 164, que fue promulgada el 8 de agosto de 2011, el entonces presidente Evo Morales creó las RPO y le dio un estatus legal a las radios comunitarias tradicionales. Gracias a esta ley, el espacio radiofónico se redistribuyó dándole un 17% a las radios de pueblos originarios y otro 17% a las radios sociales comunitarias.
Según Aguirre, una de las virtudes de esa ley es haberle concedido por primera vez a las radios comunitarias tradicionales su reconocimiento jurídico, sin embargo, acotó que este logró se debió a años de esfuerzo y trabajo de la Amarc.
