Omario Castellanos tenía programado graduarse como licenciado en comunicación social en noviembre de 2025. Tras años de mucho esfuerzo para costear sus estudios en la universidad privada Yacambú, en su natal Barquisimeto, Venezuela, y para conservar varias becas, sus deseos de convertirse en profesional de la comunicación por fin se verían cristalizados.
Pero ese anhelado momento no llegó. La noche del 16 de octubre de 2025, Castellanos, de 25 años, se convirtió en uno más de los presos políticos en Venezuela. Fue detenido junto a su madre y hermano, luego de que agentes policiales irrumpieron sin orden judicial en su domicilio, según reportó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de ese país.
Durante el operativo, a Castellanos le fueron confiscados teléfonos, cámara y computadora personal, dispositivos que utilizaba para desempeñar su trabajo como reportero y fotógrafo del medio digital SoyLarense.com.
Omario Castellanos cubría principalmente deportes y turismo, y evitaba cubrir temas sociales o políticos. (Foto: Perfil de Instagram de Omario Castellanos)
Castellanos cubría principalmente deportes y turismo, y se abstenía de informar sobre temas sociales o políticos, precisamente para evitar el riesgo de ser detenido en un país donde, en los últimos años, decenas de periodistas han sido arrestados por cubrir protestas o entrevistar a figuras de la oposición.
Sin embargo, su madre y su hermano estaban involucrados en la política; este último era coordinador en el estado Lara de Vente Joven, la rama juvenil del partido opositor fundado por María Corina Machado. Castellanos señala este motivo como la razón de su detención.
“Sí me llegué a acercar [a cubrir temas políticos], pero por el mismo miedo, llegó un momento donde dije ‘no lo voy a hacer porque me pueden meter preso’”, dijo Castellanos a LatAm Journalism Review (LJR). “Y me metieron preso igual”.
Mientras estuvo detenido, Castellanos se convirtió en uno de los rostros más visibles de la represión chavista internacionalmente. Él atribuye esta notoriedad al hecho de ser periodista.
En febrero de 2026, más de 90 días después de ser detenido y posteriormente acusado de “terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria”, fue liberado, mientras que su madre y hermano fueron excarcelados dos semanas después. Fuerzas de Estados Unidos habían capturado a Nicolás Maduro un mes antes, y la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos como "gesto unilateral de paz".
Para el jueves 26 de febrero, los 28 periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa que estaban detenidos habían sido excarcelados. Sin embargo, la mayoría –incluidos Castellanos y sus familiares– conservaban medidas cautelares, como restricciones para viajar y la obligación de presentarse regularmente ante tribunales.
Castellanos, su madre y hermano esperan pronto obtener la libertad plena, tras la promulgación, el 19 de febrero, de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez. La legislación contempla la extinción de procesos penales contra determinadas personas detenidas o procesadas por motivos políticos, lo que podría beneficiar tanto a quienes permanecen en prisión como a otros que enfrentan medidas cautelares o están en el exilio.
Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos cuestionan el alcance real de la ley. Señalan que, más que un mecanismo de reconciliación o reparación, podría responder a una estrategia política del oficialismo para limpiar su imagen y consolidar la impunidad en los casos de encarcelamientos arbitrarios.
A casi dos semanas de la promulgación de la ley, más de 8 mil personas detenidas o liberadas con medidas cautelares han solicitado el fin de los cargos en su contra, de acuerdo con el diario El País.
Castellanos dijo que él y su familia solicitaron ya la resolución de sus causas judiciales bajo esta ley de amnistía a través del abogado de oficio que los ha acompañado desde que fueron detenidos. Agregó que son optimistas de que pronto recibirán una resolución positiva.
La ley de amnistía venezolana está limitada a beneficiar a personas detenidas durante 13 momentos específicos entre 1999 y 2026, relacionados, en su mayoría, con periodos marcados por manifestaciones y hechos violentos. No obstante, activistas y organizaciones de derechos humanos cuestionan el alcance real de la legislación.
El periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz considera que, lejos de ser una medida reparatoria, la ley es más una estrategia política para intentar limpiar la imagen del chavismo y “barrer bajo la alfombra” las múltiples arbitrariedades con las que se han ejecutado las detenciones por motivos políticos en Venezuela.
“La ley de Amnistía es solo una excusa política que en realidad retrasa más y le pone trabas a un proceso que pudiese ser inmediato: dar libertades plenas”, dijo Díaz a LJR. “Intenta crear una figura imposible, que es someter a los presos políticos a ‘ponerse a derecho’, que significa ir a tribunales o enviar a sus abogados a argumentar que deben ser liberados de procesos judiciales que están basados en mentiras”.
Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en 2019 por sus comentarios críticos al gobierno, y posteriormente liberado con medidas cautelares, criticó la legitimidad que la ley le da a los tribunales, muchos de los cuales han sido señalados de fabricar cargos contra prisioneros políticos.
El periodista y activista Luis Carlos Díaz dijo que la Ley de Amnistía de Venezuela podría poner fin a los casos contra presos políticos, pero deja intacto el aparato represivo del régimen.
“Esto no lo entiende la mayoría fuera de Venezuela: cuando hablamos de tribunales, no hablamos de un poder judicial independiente”, dijo Díaz. “Son tribunales corrompidos y además controlados políticamente por el partido de gobierno”.
El Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) criticó que la ley no articula procedimientos de justicia transicional, como una comisión de la verdad, mecanismos de reparación o medidas de reconocimiento de los hechos de violencia política. Además, indicó Cofavic, la ley ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría enterrar la evidencia de crímenes cometidos contra presos políticos.
“Este fenómeno, de hecho, se conoce en la jurisprudencia internacional como ‘impunidad por absorción’: El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia política, se perdona a sí mismo por la violencia ejercida para reprimir dicha disidencia”, indicó la organización en su análisis de la ley.
Por su parte, la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) indicó que de poco sirve ejecutar liberaciones masivas si se deja intacto el aparato represivo que llevó a cabo las detenciones, ya que en cualquier momento este aparato podría ser utilizado de nuevo.
Díaz coincidió y dijo que una verdadera reconciliación con los trabajadores de la prensa perseguidos sería que se eliminaran por completo las leyes represivas bajo las cuales se han sustentado la persecución y detenciones, como la llamada "ley contra el odio" o la “ley Simón Bolívar".
El periodista agregó que solo habrá beneficio real cuando se investiguen las arbitrariedades e irregularidades de las que han sido víctimas los presos políticos, que incluyen, dijo, traslados a centros de reclusión clandestinos, torturas, tratos crueles, incomunicación, negación de tratamiento médico y condiciones de insalubridad y desnutrición, entre otros.
“La forma en la que la dictadura de Delcy Rodríguez comprende la amnistía es que siguen criminalizando a los presos y les perdonan los falsos crímenes que les han inventado”, dijo Díaz.
Castellanos, quien, al igual que su madre y hermano, debe comparecer ante autoridades judiciales cada 15 días, sufre secuelas del encierro.
Durante su encarcelamiento, el joven sufrió hinchazón de las piernas como complicación de una enfermedad circulatoria preexistente. Al ser liberado, su salud estaba muy deteriorada, al grado que necesitaba someterse a una cirugía.
“Yo salí y todo empeoró”, dijo.
Él no fue el único. Otros miembros de la prensa encarcelados sufrieron complicaciones de salud en el encierro. El periodista Ramón Centeno vio su salud deteriorarse durante los casi cuatro años que pasó en prisión. Centeno fue detenido tras realizar una serie de entrevistas sobre operativos antidrogas y acusado de “tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación para delinquir”.
Antes de ingresar a prisión, en 2022, ya enfrentaba secuelas de un accidente de tránsito que afectó su fémur y cadera. Durante su reclusión, esas lesiones se agravaron. Según denuncias de organizaciones de prensa, Centeno no recibió la atención médica oportuna y especializada que requería.
Al momento de su liberación, también el 14 de enero, Centeno presentaba severas complicaciones en el estado de sus huesos, además de hipertensión, parálisis facial y trastornos psicológicos. Requería una cirugía urgente, pero necesitaba la autorización de una juez para someterse a ella, ya que había sido liberado con medidas de presentación.
#AlertaSNTP | Este #6Mar el periodista Ramón Centeno ingresa a quirófano para ser intervenido quirúrgicamente, en un procedimiento necesario para recuperar su salud y movilidad, seriamente afectadas tras su detención y el tiempo que permaneció privado de libertad.
Pidió libertad… pic.twitter.com/dLIeprV0Db— SNTP (@sntpvenezuela) March 6, 2026
La intervención quirúrgica enfrentó retrasos judiciales, incluyendo la exigencia de varias evaluaciones para permitir el procedimiento. Tras presión pública y movilización de gremios como el SNTP y el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP), las autoridades finalmente autorizaron la cirugía.
“Tal decisión coadyuvará para que pueda operarme y, Dios lo permita, así va a ser, estoy seguro, volver a caminar, volver a encontrarme con bien”, dijo Centeno en un mensaje en redes sociales.
Pese a lo que vivió en prisión, Castellanos se siente orgulloso de que su caso lo haya llevado a ser reconocido como periodista, pese a que aún no cuenta con un título. Dijo que ya defendió su trabajo de grado y espera finalmente graduarse en abril.
Espera seguir dedicándose a la fotografía y a la creación de contenido. Pero no descarta cubrir en un futuro temas de política. Cuando las condiciones del país lo permitan, dijo, le gustaría ser como el periodista crítico del gobierno Seir Contreras, quien ha hecho una cobertura exhaustiva de la situación de los presos políticos.
Y aunque muchos de sus colegas perseguidos políticos han optado por huir de Venezuela, Castellanos dijo que eso no está en sus planes, pese a todo lo que él y su familia han vivido.
“Lo he pensado, pero en este momento no lo haría”, dijo. “Quiero seguir construyendo en mi país, porque sé que vienen muchas buenas oportunidades”.
