Actualización (18 de abril de 2019): El 18 de abril, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revocó la censura que había impuesto en los sitios de la revista Crusoé y O Antagonista, informó el diario Folha de S. Paulo.
Según el periódico, la decisión se tomó después de las críticas de organizaciones y figuras públicas de Brasil y otros países, entre ellos los magistrados del STF, como Marco Aurélio Mello y Celso de Mello.
En la decisión publicada hoy y compartida por el periódico O Estado de S. Paulo, Moraes afirma que se ha demostrado que el documento en el que se basa el reportaje de Crusoé y que menciona al presidente del STF, Dias Toffoli, realmente existe y fue enviado a la oficina del Fiscal General.
El Folha también informó que Toffoli revocó, también el 18 de abril, la decisión de septiembre de 2018 que le prohibió al diario entrevistar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha estado en la cárcel por un año. Lula, por lo tanto, podría dar entrevistas a Folha y a otros medios de comunicación.
Original (18 de abril de 2019): En una decisión criticada por organizaciones brasileñas e internacionales de defensa de la libertad de prensa y de expresión, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil determinó retirar un reportaje de un sitio alegando que se trata de “fake news”.
La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués), la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y el Relator Especial para la Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, entre otros, se manifestaron en rechazo a la decisión de la Suprema Corte brasileña.
El 15 de abril, la redacción de la revista Crusoé fue notificada de la decisión del magistrado del STF Alexandre de Moraes determinando que fuera retirado “inmediatamente” del sitio de la revista y del sitio O Antagonista el reportaje “O amigo do amigo de meu pai” (El amigo del amigo de mi padre), so pena de recibir una multa diaria de R $100.000 (cerca de US $25.000) en caso de que la decisión no fuera acatada.
El reportaje se refiere al magistrado del STF y presidente de la Corte, Dias Toffoli, mencionado en un testimonio dado por el contratista Marcelo Odebrecht a cambio de una reducción en su sentencia en la Operación Lava Jato que investiga un esquema de corrupción en el país.
El artículo se basa en un documento de la operación en que constan respuestas de Odebrecht en interrogatorio de la Policía Federal. Uno de los cuestionamientos tiene que ver sobre la persona conocida como “amigo del amigo de mi padre”, que aparece en intercambios de correos electrónicos del contratista con otros ejecutivos de la empresa en 2007, según el documento. De acuerdo con Odebrecht, se trata de Dias Toffoli, entonces procurador general de la Unión.
Moraes afirma en su decisión que determinó la retirada del reportaje del sitio a petición de Toffoli. El presidente del STF pidió al magistrado “la debida investigación de las mentiras recientemente divulgadas por personas y sitios innobles que quieren perjudicar las instituciones brasileñas”, según cita Moraes.
En su decisión, Moraes clasifica el reportaje como un “típico ejemplo de fake news” y afirma que “hay un claro abuso en el contenido del artículo publicado”. El magistrado basó su decisión en una nota de la Procuraduría General de la República (PGR) que afirma no haber recibido el documento con las respuestas de Odebrecht, mientras que el reportaje afirma que el documento había sido remitido a la PGR.
“La aclaración de la Fiscalía General de la República hace falsas las afirmaciones transmitidas en el artículo”, escribió Moraes en su decisión. La revista, por su parte, afirma que jamás ha dicho que el documento había llegado a la PGR y sostiene haber intentado oír a Días Toffoli sobre la afirmación de Marcelo Odebrecht, pero que el presidente del STF “no respondió a las preguntas que le fueron enviadas antes de la publicación del reportaje ahora censurado”.
Crusoé y O Antagonista retiraron el reportaje de sus sitios, pero este fue reproducido en su totalidad por el sitio The Intercept Brasil. “La estrategia de calificar cualquier noticia que desagrada a los poderosos de turno como ‘fake news’ se está extendiendo de manera perniciosa, hiriendo cada vez más nuestra debilitada democracia brasileña. Esta tesis no puede prevalecer, bajo riesgo de ver silenciados a los críticos según el humor de los jueces”, escribió The Intercept.
En un comunicado, Abraji afirmó que “es grave acusar a quien hace periodismo con base en fuentes oficiales y documentos de difundir ‘fake news’, independientemente de si el contenido es correcto o no”. “Más grave aún es si se utiliza este concepto vago, que algunas autoridades usan para descalificar todo lo que las desagrada, para determinar supresión de contenido periodístico de internet. El precedente que se abre con esa medida es una amenaza grave a la libertad de expresión, principio constitucional que el STF afirma defender”.
Según la organización, “también causa alarma el hecho de que el STF adopte esa medida restrictiva a la libertad de prensa justamente en un caso que se refiere al presidente del tribunal”. Abraji apeló al STF “para que reconsidere la decisión del magistrado Alexandre de Moraes y restablezca a los medios afectados el derecho de publicar la información que consideren de interés público”.
La OAB, también en un comunicado, manifestó su “preocupación” con la decisión de Moraes y afirmó su posición “en favor de la plena defensa de los principios constitucionales que están presentes en la Carta Constitucional de 1988, entre ellos la libertad de expresión y de prensa, principios irrenunciables e inviolables en nuestro estado de derecho”.
La coordinadora del CPJ para América Central y del Sur, Natalie Southwick, declaró en un comunicado de la entidad que la decisión del STF contra Crusoé es “extremadamente perturbadora”. “En lugar de retirar de internet artículos críticos y acosar a reporteros, las autoridades judiciales brasileñas deberían comprometerse a garantizar valores constitucionales como la libertad de prensa”, dijo Southwick.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo en una entrevista con el diario O Globo que la decisión de Moraes hiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Brasil. “La Convención es nuestra carta de derechos humanos en el hemisferio y obliga a todos los organismos públicos de Brasil a respetar y garantizar los derechos previstos en el texto. El artículo 13 establece el derecho a la libertad de expresión y protege de forma contundente el derecho de la sociedad a recibir información sobre temas de interés público”, dijo Lanza.
“Me preocupa que el fenómeno de las llamadas fake news, que son un problema, sea utilizado como herramienta de censura. Que un medio publique algo sobre un funcionario público no es fake news. Puede llevar a un caso judicial, pero no a la aplicación de la censura. Bloquear sitios y redes sociales es una forma grave de censura”, agregó el relator, quien también dijo que pretende proponer a la CIDH que se manifieste sobre el asunto.
Controversia sobre la investigación de ‘fake news’
La decisión del magistrado Alexandre de Moraes sobre el reportaje de la revista Crusoé es parte de la investigación 4781 del STF, instaurada por Toffoli el 14 de marzo para “averiguar hechos e infracciones relativas a noticias fraudulentas (fake news) y amenazas en internet que tienen como objetivo la Corte, sus magistrados y familiares”, según informó el sitio Noticias STF.
La investigación es objeto de críticas desde su instauración, incluida una de parte de la PGR, que cuestionó la legalidad de la investigación, e incluso desde el mismo STF, con la del magistrado Marco Aurelio Mello. En su momento, él le dijo a Jornal Nacional que el “Supremo Tribunal Federal debería mantener una necesaria distancia de investigaciones que implican escrutinio de presunto crimen contra la propia corte”.
El 15 de abril, el partido Rede Sustentabilidade instauró una solicitud al STF, dirigido al magistrado Edson Fachin, para suspender la censura a los sitios de la revista Crusoé y O Antagonista, informó G1. Fachin es relator de una acción del partido que pide la suspensión de la investigación 4781. Al día siguiente, Fachin dio cinco días a Moraes para presentar informaciones sobre la investigación y el mismo plazo para que la PGR se manifieste sobre la censura a los dos sitios, reportó el Estado de S. Pablo.
También el 16 de abril, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, envió una comunicación al magistrado Moraes archivando la investigación 4781, alegando como “fundamento [de su petición]s el respeto al debido proceso legal y al sistema penal acusatorio establecido en la Constitución de 1988, que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción penal”.
Moraes, por su parte, respondió que la comunicación de Dodge que “no encuentra ningún respaldo legal”, se basa “en premisas absolutamente equivocadas” y pretende “inconstitucional e ilegalmente, interpretar el regimiento de la corte y anular decisiones judiciales del Supremo Tribunal Federal “, según reportó el Folha de S. Paulo. El magistrado también prorrogó la investigación por más de 90 días.