Por primera vez, una periodista que fue detenida arbitrariamente y torturada a fines de 2005 tras revelar una presunta red de corrupción a nivel gubernamental recibió disculpas públicas del Gobierno mexicano por lo sucedido.
Luego de 14 años de buscar justicia, la periodista Lydia Cacho recibió el 10 de enero una disculpa pública del gobierno en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Ciudad de México.
Esta disculpa forma parte de las medidas adoptadas por el gobierno de México tras el dictamen emitido a fines de julio de 2018 por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), a favor de Cacho.
Durante acto de reconocimiento público de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, Olga Sánchez Cordero, la nueva titular de la Segob del recién instaurado gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas públicas a Cacho en nombre del Estado mexicano.
Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, población y migración, leyó las disculpas oficiales del Estado mexicano, de acuerdo a Pie de Página.
“Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad. Por la utilización de tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes”.
Cacho aceptó las disculpas y exigió al Gobierno que cumplan con todas las víctimas, “absolutamente todas, a las que hoy ella representa y a las que seguirá dando voz”.
Con referencia al número de periodistas asesinados en México en 2018, la titular de la Segob enfatizó que “este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar”. “Este es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para nuestra democracia y para la cuarta transformación [de este gobierno] representa la libertad de expresión. Nunca más, en esta Secretaría de Gobernación la censura ha de tener cabida”, añadió.
Momentos antes de que tuviera la palabra la representante del gobierno, Cacho mencionó lo duro que ha sido durante estos 14 años mantenerse viva enfrentando a los más altos mandos de los diferentes gobiernos.
La periodista se refirió también al status quo de los gobiernos del país que en la última década ha causado el fortalecimiento de la impunidad criminal de violencia contra niñas, niños, mujeres en particular, y contra la sociedad en general.
“Este gobierno tiene la responsabilidad de utilizar los próximos seis años para crear un verdadero estado de derecho. Eso solo será posible si sus líderes, en cada área del Estado, asumen que deben admitir la verdad y no crear verdades alternativas y complacientes”, dijo Cacho.
En 2005, la periodista reveló en su libro “Demonios del Edén: el poder que protege la pornografía infantil”, una red de pornografía infantil en la que estarían involucrados funcionarios de las altas esferas de poder político y económico. Luego de su publicación, un empresario interpuso una demanda contra la periodista por difamación (cargos de los que fue absuelta posteriormente). En diciembre de 2005, fue detenida por un grupo de policías y agentes privados del empresario, según un documento de la ONU basado en sus declaraciones que fue leído durante las disculpas públicas. Durante su detención, ella fue objeto de tortura física y psicológica, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia física y verbal.
Con el pasar de los años, Cacho también acudió a instancias nacionales e internacionales para buscar justicia.
El 31 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), emitió una resolución respecto al caso de Cacho.
En el documento, la organización hizo responsable, por primera vez, al Estado mexicano de violar los derechos humanos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como igualdad de género, prohibición de tortura, libertad y seguridad personal, libertad de expresión, entre otros.
Una de las principales medidas que el Comité exigió al gobierno mexicano en el dictamen de julio de 2018 es que se realice una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Cacho.
En el dictamen, el Comité le otorgó 180 días al gobierno mexicano para que le informe las medidas que adoptó para implementar sus requerimientos
Durante las disculpas del 10 de enero, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas en México, Jesús Peña, subrayó que se debe recordar que los hechos violatorios a Cacho datan del año 2005, lo que representa “la realidad de un ambiente inseguro para quienes ejercen el derecho de defensa de los derechos humanos y libertad de expresión”.
Es un momento de gran importancia para el Gobierno de México, explicó Peña, para que el país cumpla con sus obligaciones internacionales y en materia de derechos humanos. “Tras las denuncias que Cacho interpuso ante diversas instancias desde 2006, nunca obtuvo una respuesta de las autoridades en un plazo razonable. Cacho tuvo que recurrir al Comité”, dijo.
“La libertad de opinión y la libertad de expresión son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas”, añadió.
Cacho agradeció a todo el equipo de Artículo 19 por el apoyo que le brindaron para su defensa legal, sin la cual, aseguró, ella seguiría en prisión, silenciada o muerta, como algunas de los amigas y amigos periodistas que ha perdido.
Leopoldo Maldonado de Artículo 19 de México, mediante un video publicado en en el sitio de la organización, felicitó a Cacho y explicó que este acto debe marcar la pauta de otros aspectos importantes y pendientes de la reparación del daño hecho a Cacho.
Destacó que quedan otros aspectos pendientes como el abatimiento de la impunidad en el caso, la identificación, procesamiento y sanción de todos los responsables, materiales e intelectuales. Además de la adopción por parte del Estado de medidas de no repetición para que esto no vuelva a ocurrir, ni contra Lydia, ni contra ninguna persona defensora de derechos humanos ni periodista en el ejercicio de su labor, subrayó Maldonado.
“Es muy importante que el Estado mexicano entienda que con este acto no es un punto final, sino es un punto de inicio hacia una nueva relación entre el Estado y estos grupos de población que se encuentran bajo asedio”, acotó.
