Con motivo del primer aniversario del asesinato de la periodista mexicana Regina Martínez, cientos de periodistas en unas 20 ciudades de México realizaron protestas el domingo 28 de abril para exigir protección a la prensa y que las autoridades investiguen y castiguen los crímenes contra los periodistas. A través de Storify y Tumblr, los periodistas publicaron imágenes y textos entorno a los asesinatos y ataques impunes contra el gremio.
El 28 de abril de 2012, la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz fue hallada muerta en el baño de su casa en la ciudad de Xalapa con signos de estrangulamiento y golpes. La periodista tenía una carrera periodística de 20 años, la mitad de ellos con la revista Proceso, en la que reportó sobre asesinatos a candidatos políticos, desastres naturales, violaciones a los derechos humanos y denuncias de corrupción del gobierno estatal. Uno de los casos más relevantes que investigó la periodista fue el asesinato de una indígena que fue violada por miembros del ejércicto pero que las fuentes oficiales reportaron que había muerto por una “anemia aguda”, según describió Darío Ramírez, de Artículo 19, a la revista Gatopardo.
Un día antes de morir, la periodista publicó sobre el asesinato de un líder político así como el arresto de nueve policías municipales acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
Después de su muerte, otros cuatro periodistas mexicanos fueron asesinados en el mismo estado de Veracruz en 2012 sumando un total de nueve asesinatos en 18 meses y convirtiendo al estado en uno de los 10 lugares del mundo más peligrosos para la prensa. A principios de abril, un hombre fue sentenciado a 38 años de prisión por el crimen de la periodista, sin embargo, la revista Proceso y organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y Artículo 19 denunciaron las inconsistencias en la investigación del caso. Entre ellas, que el acusado Jorge Antonio Hernández Silva denunció que fue sometido a métodos de tortura para confesar el crimen y que ninguna de las huellas dactilares obtenidas en la escena del crimen corresponden a las del presunto responsable.
Ante la indignación, organizaciones internacionales y nacionales han presionado al gobierno mexicano para esclarecer los crímenes contra la prensa y dar protección a los periodistas en situaciones de riesgo. Uno de los resultados ha sido la reciente aprobación tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados de brindar jurisdicción federal a los crímenes cometidos contra la prensa, así como la creación del Mecanismo de Protección a Periodistas. Sin embargo, Mike O’Connor, representante de México en el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), cuestionó: “¿qué va a suceder si (el procurador) no quiere usar esa facultad?” A su parecer, un nuevo caso de impunidad pondrá a prueba la fortaleza del movimiento iniciado por las organizaciones periodísticas en este país.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
