Por Samantha Badgen
Ya son 65 los casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela entre el 11 de febrero y el 1 de marzo, según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS). La organización publicó que desde que empezaron las protestas el 12 de febrero, 69 periodistas han resultado afectados por la situación. Entre las violaciones se contaron detenciones agresivas y arbitrarias por agentes de seguridad del Estado y ataques por parte de protestantes que simpatizan con el gobierno y la oposición.
Las agresiones más recientes son los del arresto el 28 de febrero de la fotoperiodista italiana Francesca Commissari mientras cubría la represión de una protesta, y el arresto el 5 de marzo de Jesús Tovar, jefe de fotografía del diario Avance, y un periodista de Cadena Capriles, quienes fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando cubrían una protesta en Miranda, Venezuela.
Según IPYS, son muchos más los periodistas nacionales e internacionales que han denunciado haber sido víctimas de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de los agentes del Estado venezolano. Entre estos están incluidos los periodistas de la cadena CNN en Español, a quienes se les revocó el permiso de trabajo, y la cadena colombiana NTN24, cuya señal fue bloqueada mientras transmitían sobre las protestas.
Al mismo tiempo que le revocaron los permisos de trabajo a los periodistas de CNN, el presidente Nicolás Maduro amenazó con sacar a CNN del aire y exigió una rectificación tras acusar a la cadena de diseminar “propaganda de guerra” por pasar imágenes de los hechos violentos que tomaron lugar en las protestas por todo el país. Agregó que CNN no es imparcial, y se niega a presentar las “bandas violentas” que promueven la desestabilización del país y buscan el derrocamiento del gobierno, publicó IPYS.
También se ha registrado una censura de los medios. La semana pasada Twitter denunció que las imágenes publicadas en su red social estaban siendo bloqueadas en Venezuela por la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), la cual le pertenece al estado y provee servicios a alrededor de 90 por ciento del país.
Los esfuerzos del gobierno venezolano para bloquear contenido online no es nada nuevo, ya que el diciembre pasado el Comité para Proteger Periodistas (CPJ) publicó que el gobierno de Nicolás Maduro estaba forzando a los proveedores de Internet a censurar el contenido online. Justificando sus acciones con la ley de medios del 2004, bajo la cual no se puede diseminar información que pudiese sembrar pánico en la población, Maduro obliga a los proveedores a bloquear páginas donde se publican los cambios del bolívar al dólar en el mercado negro, donde los precios son diez veces más que la cifra oficial.
Aparte de las agresiones contra periodistas y la censura de los medios, IPYS dijo que se han registrado ataques contra las sedes de las compañías estatales Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Venezolana de Televisión, en la cual resultó herida de un tiro una trabajadora de la planta y el camarógrafo de la oficina de comunicación del estado.
Desde que empezaron las protestas el 12 de febrero, se han registrado 18 muertes y más de 260 heridos. Las protestas empezaron como manifestaciones estudiantiles realizadas en rechazo a “los altos índices de muertes por hechos violentos registrados en el territorio nacional, la escasez de alimentos, medicinas y otros insumos, y el elevado índice de inflación que deriva en altos costos de bienes y servicios.”
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
